Transcurridos 6 meses del obligado cierre de la educación presencial debido al confinamiento y todo lo ese hecho puso en evidencia, era ya chocante la inacción, la falta de previsión y planificación de las administraciones (todas) ante el inminente regreso a las clases.

La reunión del día 27 de agosto le iba bien a todo el mundo político institucional. Por un lado, a un PP sin alternativa como quedó de manifiesto en el encuentro de todo su poder autonómico celebrado el 26 de agosto, un día antes del consejo interterritorial, de cuyas decisiones y propuestas de un “plan alternativo al del gobierno” aún hoy nada se sabe. Por otro, a los gobiernos autonómicos que, a toda prisa, fueron estableciendo precarios protocolos de reincorporación a las aulas. También a la Presidencia del Gobierno le vino bien para huir de su imagen de pasividad reprochada en agosto; incluso a Unidas Podemos que, poco antes de la reunión del consejo interterritorial, había señalado la falta de iniciativa de la ministra Celaá por no condicionar a la mayor contratación de profesores y de personal en los centros educativos los dos mil millones que en mayo el Estado puso al servicio de las autonomías para educación. UP tocó con ello un problema básico en toda esta situación pero, lamentablemente, calló sobre universidades, la rama educativa que les compete directamente en el Gobierno de Coalición Progresista.

Ahora bien, que el Consejo fuera conveniente a quienes administran nuestra salud y educación en el reino, no quiere decir que haya sido realmente útil para la mayoría de la ciudadanía. Una lectura rápida del acuerdo llevara a perder toda esperanza de encontrar en él algo más de lo que, tras meses de sufrir pandemia, podemos definir como “lo de siempre”: mascarillas, higiene de manos, establecimiento de grupos de convivencia estables o distancia de 1,5 metros. Nada novedoso con respecto al documento del Ministerio de Educación del 22 de junio de 2020.

La gran mayoría de la prensa, fiel exponente de las empresas que la controlan y partidaria de manera creciente, como una porción cada vez mayor de la oligarquía española, de una involución recentralizadora del Estado autonómico, no pierde ocasión para ridiculizar en sus titulares las diferencias en el uso de la mascarilla, la ventilación de las aulas y la toma de temperaturas que existen en las distintas CCAA. Intentan con ello ganar el discurso hacia un aspecto concreto de la cuestión, que no del problema.

La pandemia y el cierre de las escuelas de marzo, como ahora el número de contagios y sus zonas (los barrios populares), pone de manifiesto, una vez más, los graves problemas de fondo de la sociedad. Problemas profundos que son previos a la pandemia, como bien nos recordó el anterior relator de NNUU, Philip Alston en su informe sobre la pobreza en España de 2018. En aquel documento ya entonces se señalaba que un 26,1% de la población y el 29,5% de los niños se hallaban en riesgo de pobreza o exclusión y que más del 55% de los habitantes experimentaban algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. A día de hoy, las personas que han presentado la solicitud de Ingreso Mínimo Vital son más de 800 mil; las que están en el desempleo rondan el 20%, 7 puntos más que en 2018; y quienes se hallan en ERTE superan el millón. Como bien señaló el relator, el empobrecimiento general de la población fue resultado de una decisión política que protegió a los más adinerados. Entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante se incrementaron menos del 2%.

La crisis de 2008 se enjugó por parte del gran capital sobre la base de recortes y más recortes en los servicios (derechos básicos) e incremento de la precariedad  para la ciudadanía, y de rebajas fiscales para los más opulentos. Dicho de otra manera, se degradó la propia condición de ciudadano/a y de persona, encogiendo la democracia y reduciendo de manera cada vez más evidente el conjunto del entramado legal a un simple instrumento para el pago de la deuda a sus tenedores (cambio artículo 135 de la constitución) y para la profundización de la represión como respuesta (leyes mordaza).

Tras una década, tales recortes y sus efectos continúan sin revertirse. Se trata de la lluvia fina que cala y que se encuentra, por ejemplo, detrás de la brutal brecha digital que separa al alumnado y que se puso de manifiesto en el cierre de los centros bajo el confinamiento. Una expresión del empobrecimiento de la sociedad, de la falta de inversión y la escasez de garantía y compromiso democrático por parte de los gobiernos de turno (autonómicos y estatales) con un derecho democrático fundamental como la educación. En estos años de pre-pandemia y austeridad se aumentaron las ratios por clase, se tomaron laboratorios y bibliotecas para dar cabida a más alumnos, se recortaron espacios comunes y se redujeron profesores y otros técnicos. Se degradó la enseñanza pública de manera muy especial. Se fragilizó el empleo hasta el extremo de que 53 mil interinos deben ser recontratados año a año; se redujo la parte del PIB que se destina a educación a un 3,75% (previamente a la anterior crisis, se situaba en un ya escaso 4 %). En definitiva: se perdieron nada menos que 9 mil millones por causa de los recortes.

Y es precisamente ahora cuando se habla de reducir ratios para garantizar mejor la seguridad y de desdoblar aulas, de contratar profesores y personal de apoyo, de incrementar los medios tecnológicos. Pero tales afirmaciones no representan mucho más que discurso. De hecho, el documento del Consejo del 27 agosto apenas trata el tema; además, no es de obligado cumplimento. O sea, da vueltas sobre un problema provocado por la austeridad neoliberal, pero se niega siquiera a señalarlo, como si por el hecho de no nombrarlo se pudiera escapar de él y sus terribles consecuencias.

Por puro sentido común, la comunidad educativa reclama una apertura del curso presencial y segura. La reclama en defensa de la igualdad social y de la propia enseñanza; exige más personal, lo que supone mucho más que la obligada recontratación anual de los 53 mil interinos; se solicita revertir lo recortado para poder empezar a hablar en serio y se exige que se destine una parte directa de los fondos que vendrán de la UE a educación.

El Consejo del 27 de agosto ha mostrado también que las autonomías han dejado para última hora el regreso a las aulas. Una vuelta dominada por esa austeridad no revertida y una cicatería de medios que continúa siendo el elemento determinante en su diseño junto a la voluntad evidente de sacudirse toda responsabilidad política. Con algo de esta lógica, rompe positivamente el acuerdo alcanzado en la Comunitat Valenciana. Allí el conjunto de la comunidad educativa y el gobierno autonómico surgido del Pacto del Botànic firmaron un acuerdo por el que dicho gobierno destinará 200 millones de euros a adecuar espacios para impartir enseñanza y a la contratación de 4.600 profesionales. Veremos en qué queda, pero, en todo caso, se trata de una línea diametralmente opuesta a la de la Comunidad de Madrid donde se espera una huelga en la enseñanza que seguirá a la organizada por las escuelas de idiomas a principios del verano. Los paros están convocados por todas las centrales sindicales en todos lo tramos educativos, menos el universitario. Las jornadas elegidas inicialmente fueron el 4,8,9 y 10 de septiembre. Pero posteriormente han sido aplazadas al 22 y 23 de septiembre.

Un gobierno, el de la Comunidad de Madrid dirigido por PP y C’s, que ha continuado, en plena pandemia, cerrando unidades docentes (públicas) y desviando dinero a la enseñanza privada y concertada. Frente a la amenaza de huelga y la sensación de inseguridad que transmite a la población intenta ahora sacar pecho y anunciar, a 10 días del inicio de curso, la contratación de 10 mil docentes. Vale recordar que ha sido incapaz de concretar la contratación de 1.200 rastreadores y que despide a miles de profesores interinos cada año sin que le tiemble el pulso. Pero a pesar de ello y de mantener los centros de atención primaria cerrados en varias localidades, asegura que reducirá las ratios de alumnado; eso sí, sin proveer de fondos ni de espacios a los centros de enseñanza. Algo similar ocurre en Andalucía y Galicia, comunidades todas ellas gobernadas por la derecha.

El problema no radica en que haya 17 comunidades autónomas con sus maneras diferentes de ponerse la mascarilla como señala la prensa. Lo que hay son dos modelos políticos que pugnan. Uno, que va ganando con mucha ventaja y que tiene en la llamada “colaboración publico-privada” el caldo de cultivo de la privatización que domina la descentralización administrativa autonómica del régimen del 78 bajo el neoliberalismo; y otro, el que entiende que lo público representa, como en la pandemia, la única garantía de derechos, de igualdad y verdadera protección de la mayoría de la población ante los efectos de esta triple crisis sanitaria, social y económica que padecemos. El primer camino se empantana sometido al desgobierno del interés de los más poderosos. El segundo necesita, cada vez de manera más imperiosa, un nuevo marco legal que vaya más allá del 78 y que lo sustituya por otro basado en la libre decisión de los pueblos y la igualitaria relación fraternal que marcan las repúblicas. Mientras se despeja el panorama, huelgas como la de Madrid marcan camino.