Mi impresión es que vamos avanzando paulatina pero incesantemente hacia el desmoronamiento de la fórmula de gobierno que empezamos a construir tras la muerte del general Franco. El proceso se está acelerando. La pandemia, de momento, nos impide pensar en otra cosa que no sea en ella. Pero, una vez que haya quedado atrás y si las cosas han ido bien en ese terreno, se nos van a venir encima todos los desequilibrios que se están acumulando”.

Así resumía la coyuntura política Javier Pérez Royo el 23 de marzo pasado. Y, sin embargo, la semana ha terminado con dos noticias demoledoras que sitúan objetivamente el escenario descrito en segundo plano porque tienen que ver con la estructura profunda del Régimen del 78: 1) la paralización por el Tribunal Constitucional alemán de la ratificación del acuerdo comunitario sobre la constitución del Fondo Europeo de Recuperación que, en el mejor de los casos, puede aplazar su ejecución hasta el cuarto trimestre de 2021; y 2) la incorporación a la contabilidad de la deuda pública de 35.000 millones de euros de la Sareb, el “banco malo” creado para el rescate bancario en 2012, por indicación de Eurostat.

La primera de ellas amenaza directamente la ejecución del presupuesto de 2021, aprobado por la mayoría que sustenta el Gobierno de Coalición Progresista (GCP). Y en el peor de los casos amenaza una parte sustancial del plan de recuperación, diseñado sobre la transferencia de 23.000 millones de euros anuales durante tres años del presupuesto europeo. La segunda, la incorporación de la deuda de la Sareb -que confirma una vez más la gigantesca estafa que supuso el plan de rescate bancario del gobierno del PP en 2012- recorta de forma dramática los márgenes de maniobra fiscal del GCP, al situar la deuda pública en el 120% del PIB, y desmorona de un solo golpe la política de contención del gasto social y de recortes fiscales para las empresas con beneficios en los que se ha basado el equilibrismo presupuestario del GCP.

Después de un año largo de fiar todo el escenario político al control ejecutivo del Plan de Recuperación, es probable que estas dos noticias se encuentren con una “fase de negación de los hechos”. Qué tras confiar casi todo a la salida europea de la crisis, se siga haciéndolo con una moratoria, mientras se asegura que las ayudas llegarán en 2022. Porque sino, lo que se avecina es, como apunta Javier Pérez Royo, la “erupción del volcán” y Madrid acabe siendo la Pompeya del régimen del 78.

La gestión del PSOE del régimen del 78 se ha basado, primero con Zapatero y después con Sánchez, en un equilibrismo social siempre descompensado que ha mantenido las políticas neoliberales a favor de las clases dominantes, con importantes transferencias presupuestarias, a cambio de una ampliación de derechos sociales, que no han sido capaces de contrapesar la caída de los salarios en la renta nacional, el mantenimiento y ampliación de la brecha en el gasto social con la eurozona y la degradación de nuestros sistemas públicos educativo y sanitario (cómo ha puesto trágicamente de manifiesto la pandemia). El programa de gobierno pactado entre el PSOE y Unidas Podemos buscaba precisamente compensar esos desequilibrios, acentuados por la crisis del Covid-19. En elementos claves, como el ingreso mínimo vital, la derogación de la contrarreforma laboral del PP y el control de los precios de los alquileres ha sido un fracaso o sigue siendo aún terreno de disputa en el seno del GCP, que Pablo Iglesias deja sin haber logrado avances sustantivos durante el periodo de las “vacas gordas” (ficticias).

La situación no puede ser más evidente cuando, esta misma semana, tras los debates sobre como armar ayudas por valor de 11.000 millones de euros para el sector turístico y hotelero, se anunciaba la suspensión de pagos de Abengoa, la principal empresa privada de Andalucía, tras sucesivos planes de rescate que no han impedido su transformación en una empresa “zombie”; el Banco de España daba la alarma de un “exceso” ingestionable de 22.000 millones de deuda privada empresarial, que sitúa el número de empresas zombies en un 6,2% -por encima de Italia (5,3%)  y Francia (4,6%)-, y cuyo desmoronamiento están conteniendo los ERTEs y las ayudas públicas, en algunos casos, como el de la línea aérea Plus Ultra, de manera inexplicable.

Al mismo tiempo, la Agencia Tributaria hacía público un informe según el cual 22 multinacionales españolas, con beneficios por valor de 23.500 millones de euros han tributado solo 313 millones de euros, el 1,3%, con un tipo nominal general vigente en España del 25%.

Tras los resultados de las elecciones catalanas, Pedro Sánchez ha intentado reconstruir su opción de una alianza táctica con los restos de Ciudadanos, que amplíe su electorado por el centro y contrapese la falta de alternativas a nivel autonómico de su coalición con Unidas Podemos en el GCP. Esta “territorialización” autonómica de su táctica de alianzas, apoyándose en la corrupción del PP -todos estos días en primer plano gracias a los juicios contra Bárcenas, Villarejo y la Caja B- ha tenido un clamoroso fracaso en las comunidades de Murcia y Castilla León y un pequeño éxito en el ayuntamiento de Murcia. Pero su consecuencia principal ha sido la convocatoria adelantada de las elecciones autonómicas en Madrid, convertida en el bastión alternativo de la coalición PP con la extrema derecha. Es ahí donde la táctica de “recentraje” del PSOE ha chocado con la dinámica de polarización derecha-izquierda que sitúa en primer plano las consecuencias económicas y sociales de la crisis del Covid-19, como señalaba hace un año el politólogo Pablo Simón.

La salida espectacular de Pablo Iglesias del GCP para disputar esas elecciones autonómicas ha sido ampliamente analizado, a veces con más acierto en la prensa extranjera. Pero puede convertirse también en un recordatorio del viejo adagio de Marx: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado”.

La necesidad de mantener una representación parlamentaria en la Comunidad de Madrid, tras la escisión de Más Madrid de Iñigo Errejón, y, por lo tanto, que UP supere el 5% para ello, parece el punto de partida de su decisión. Pero la estrategia del candidato socialista, Ángel Gabilondo, hacia el centro y Ciudadanos, en coalición con Más Madrid y descartando de antemano una coalición con Unidas Podemos, ha convertido las elecciones autonómicas madrileñas en un pulso abierto derecha-izquierda con Pablo Iglesias, como muestran las primeras encuestas, en el que lo secundario es si Ciudadanos supera el 5% o a cuantos de sus votantes podrá atraer el PSOE en caso de que se derrumbe. Pero tendrá efectos directos en el GCP, porque aunque Iglesias no representa, por la división de la izquierda madrileña y las limitaciones de Gabilondo, al conjunto de la izquierda de la que se reclama, es evidente que Ayuso si actúa de representante directa de un Casado que, a pesar de su proyecto de “reconstrucción del centro derecha entorno al PP”, depende por completo de la extrema derecha de Vox.

Cualquiera que sea el resultado, Pablo Iglesias y Unidas Podemos, tienen la oportunidad en la campaña de Madrid de volver a situar claramente el centro de gravedad de la izquierda que quieren representar “dentro y fuera” del GCP. De mantener la disputa en el gobierno frente al giro austeritario que se puede producir por el retraso de la aplicación del Plan de Reconstrucción, poniendo el acento en la derogación de la contrarreforma laboral y en el apoyo a las rentas del trabajo y las pensiones. Y al mismo tiempo abrir un nuevo espacio más allá del GCP, con fuerzas como ERC y Bildu, para una movilización autónoma que reconstruya las izquierdas ante los límites cada vez más evidentes del Plan de Reconstrucción europeo y la inevitable acentuación de la crisis del Régimen del 78.

Bajo el volcán.