Sara Montero

Tras el parón por la pandemia de la covid-19, el Gobierno de coalición retoma su agenda con el avance en memoria histórica como próximo objetivo. El Ministerio de Presidencia se ha comprometido a presentar un proyecto de ley que modifique la Ley de memoria histórica de 2007 y ha abierto consulta pública para que ciudadanos y organizaciones hagan llegar sus propuestas. Pero la reparación de las víctimas llega tan tarde que ahora no solo es importante sino también urgente. Las asociaciones advierten al Ejecutivo de que son muchos los agujeros de en la legislación y apuntan a que hace falta “voluntad política”: “Que empiecen mañana”.

La ley de 2007 de Memoria Histórica fue pionera en el Estado español, pero pronto se reveló “insuficiente” para las víctimas. “Ha sido bastante inútil. En sus 12 años de vigencia, el Estado no se ha responsabilizado de nada de lo que debería haberse responsabilizado”, explica Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Además, la generación de los hijos de los represaliados comienza a desaparecer sin haber visto justicia para sus padres: “Por la experiencia, necesitamos voluntad política más que una ley”.

Tras años de reivindicaciones, diversos dictámenes de organismos internacionales e incluso propuestas de modificación registradas en el Congreso tanto por PSOE como por Unidas Podemos, los dos partidos de Gobierno, a las asociaciones les ha sorprendido que ahora se vuelvan a pedir propuestas. Así lo expresa la Asamblea Andaluza Memorialista en una escueta declaración en la que asegura que «no parece necesario» volver a repetir un proceso de consultas «que no hará más que alargar los plazos de elaboración y aprobación parlamentaria de un texto legal cada vez más urgente». Es decir, temen que se vuelva a «marear la perdiz» mientras avanza la nueva legislatura.

Están también escarmentados de los anuncios políticos. Han oído en varias ocasiones la necesidad de quitarle las medallas a torturadores como Billy el Niño, que murió sin ser juzgado, o propuestas sobre ilegalizar la Fundación Francisco Franco .Sin embargo, no se han llegado a materializar y la intención se ha quedado solo en titulares de prensa.

Las asociaciones memorialistas tienen muy claras las deficiencias del Estado español respecto a las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el franquismo y que la democracia no ha reparado. El Ejecutivo lo tiene fácil. Basta con seguir el camino dictado por la ONU, que en reiteradas ocasiones ha instado a España a investigar y juzgar los crímenes del franquismo. De hecho, en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo ya se firmó en 2015 la Carta de Vicálvaro, donde se recogen sus principales reivindicaciones que hoy avalan un centenar de organizaciones.

Durante estos días, las asociaciones terminan sus propuestas para mandar al Ministerio. Estas son, a grandes rasgos, las demandas urgentes que tienen para la reforma de la Ley de Memoria histórica. En cada documento están los matices.

El Estado tiene que asistir a las víctimas

Uno de los principales agujeros de la ley de 2007 ha sido exonerar al estado de su responsabilidad en las exhumaciones. “Calvo puede ponerse a exhumar mañana llamando a los jefes de los laboratorios del Estado o a sus investigadores. Si la ley de 2007 hubiera responsabilizado al Estado en la búsqueda de desaparecidos, esto ya estaría resuelto”, explica Silva sobre la falta de voluntad política.

La vicepresidenta Carmen Calvo ya ha anunciado un plan de exhumaciones con fondos públicos  «acordado con la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP)». Silva teme que esto obligue a las familias a pelear con aquellos consistorios contrarios a la memoria democrática para que se cumplan los derechos humanos. Como ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, presidido por el PP y Ciudadanos con el apoyo parlamentario de la ultraderechista Vox, que retiró las placas con los nombres de los represaliados por el franquismo del cementerio de La Almudena.

Iván Aparicio, presidente de Recuerdo y Dignidad, también quiere que en todas las exhumaciones haya presencia judicial y no se trate a los represaliados como «restos arqueológicos», en términos administrativos. Quieren un cambio cualitativo y que sean tratados como víctimas en todas sus fases: «A día de hoy el franquismo es legal y las víctimas son consideradas delincuentes de delitos como ser homosexual», explica sobre el hecho de que no se hayan anulado todos los juicios del franquismo.

Tras años de experiencia, también saben lo que no quieren. En su documento de propuestas, la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón pide que se evite el modelo de «mercantilización de la memoria» que se está utilizando ya en comunidades autónomas como Cataluña o Baleares,  donde estos proyectos se sacan a concurso público al «mejor postor». Para estas organizaciones, esto se traduce en una precarización de los trabajos porque las «empresas adjudicatarias priorizaran los beneficios económicos» en los contratos públicos.

Además, el Federación Estatal de Foros por la Memoria también pide en el documento enviado al gobierno la creación de una Fiscalía especializada para la investigación y persecución de los crímenes del franquismo.

La reparación de las víctimas

En su escrito, la Plataforma vasca contra los crímenes del franquismo también propone el 27 de septiembre como el día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del franquismo, por los últimos fusilamientos en tal fecha de 1975.

La reparación de los derechos de las víctimas van más allá de las exhumaciones. Así lo recuerda Enrique Gómez, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), que cree necesario que el Estado cubra «cualquier tipo de situación legal» para hacer cumplir los derechos humanos y que se plantee el «resarcimiento económico» derivado de las expropiaciones y de la represión que llevó a cabo el Estado franquista, una cuestión que se ha hecho de manera puntual.

La citada plataforma vasca también propone al Gobierno una escala concreta de indemnizaciones, que va desde la «discriminación social, laboral o el exilio» cifrada en 6.000 euros hasta la muerte, cuantificada en 200.000 euros.

Para Gómez también es imprescindible poner en marcha un banco de ADN estatal que facilite la identificación de las víctimas, como ya tienen Comunidades Autónomas como Navarra, Andalucía, País Vasco y Cataluña.

Quitar los impedimentos en el acceso a la Justicia

A veces las víctimas del franquismo piden, simplemente, no encontrarse obstáculos. En muchas ocasiones, cuando han querido judicializar sus casos se han dado de bruces con la Ley de Amnistía, que sirve para amparar también a los criminales de la dictadura. Algunas plataformas como la Asamblea Andaluza Memorialista piden su derogación. En el caso de Recuerdo y Dignidad no precisan la fórmula, pero su portavoz asegura que no es aplicable a crímenes de lesa humanidad.

También piden que se eviten situaciones como la de la instrucción que mandó en 2016 la Fiscalía General del Estado, que ordenó a las fiscalías provinciales oponerse a las pesquisas de la jueza argentina María Salvini contra esos crímenes.

Acabar con la apología del franquismo

La cara B de una generación que empieza a morir sin que se haga justicia es otra que crece con amnesia sobre su propia historia. Por ello, Silva incide también en la importancia de la educación como vacuna al antifascismo. De hecho, la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón también incluye en su documento la inclusión en el currículo formativo de la Segunda República, el Golpe de Estado y el Franquismo.

Aunque la ley de 2007 ya ordenaba la retirada de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación”, lo cierto es que ni siquiera eso se ha cumplido. “Cuando paso por el arco de la Victoria en Madrid, me pregunto si en 43 años no ha molestado a ningún presidente del Gobierno”, reflexiona sobre el monumento levantado en Moncloa.

Gómez incluso plantea la penalización del negacionismo y que no salga gratis «la mofa a las víctimas del franquismo».

El Valle de los Caídos y los restos de Franco

El 24 de octubre de 2019, el dictador Francisco Franco fue exhumado del Valle de los Caídos, el monumento funerario que se había diseñado para sí mismo. Sin embargo, aún quedan por salir decenas de víctimas que aún permanecen en Cuelgamuros.

Silva tampoco está satisfecho con la inhumación de Franco en el cementerio de Mingorrubio, ya que el dictador descansa en un panteón propiedad de Patrimonio Nacional: “No queremos pagar la tumba de un dictador con nuestros impuestos”, sentencia.

Abrir los archivos

En España, aún sigue siendo muy difícil investigar gracias a una Ley de secretos que no desclasifica documentos. Por eso, los memorialistas piden que se haga pública la información del franquismo. No solo de la actividad de policías como Billy El Niño, que podría ayudar a apuntalar investigaciones de sus víctimas, sino también para historiadores, escritores y periodistas. En muchas ocasiones, estos deben irse a archivos europeos o americanos a rastrear los vínculos filonazis del régimen o el papel de España en la Segunda Guerra Mundial.

«En Guatemala se abrieron los archivos de la Policía Nacional, donde estaban recogidos torturas y todo tipo de crímenes», recuerda Aparicio, presidente de Recuerdo y Dignidad, sobre la trascendencia que pueden tener en muchos casos el simple acceso a la información.

Atención para los represaliados LGTBI

“Quienes pactaron la Ley de Amnistía en el Parlamento se olvidaron de los homosexuales y las lesbianas”, explica Silva. Ellos fueron las últimas víctimas del régimen franquista en salir de la cárcel, ya que no se consideraban delitos políticos y la ley de peligrosidad social no se reformó hasta 1978. Esa juventud de violencia y estigmas se traduce hoy en una vejez precaria. «Ahora debería asistirles el Estado porque fue el Estado franquista el que les persiguió”.

Los niños robados, una cuestión pendiente

La asociación Todos los niños robados son también mis niños también harán algunas aportaciones, aunque consideran que por lo específico de su caso se debe desarrollar una ley propia, que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados. Aún así, tienen propuestas para la Ley de Memoria histórica, como la creación de un archivo único, plurivalente y digital que «respete la idiosincrasia de cada tipología de víctimas»: bebés robados, deportados a campos nazis, exiliados, refugiados, torturados, expresos políticos, desaparecidos en fosas, etc.

En su caso, también solicitan que ese registro de ADN que reclaman los memorialistas «sirva para identificar a niñas/os robadas/os» que puedan derivar después en acciones judiciales.

https://www.cuartopoder.es/espana/2020/07/09/los-memorialistas-temen-que…

Aportación de la Fundación 1 de Mayo de CCOO

La Fundación 1o de Mayo de CCOO ante la Consulta Pública lanzada por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática sobre la Propuesta de Ley de Memoria Democrática, desea manifestar lo siguiente:

Nos felicitamos de la iniciativa del Gobierno de presentar para su aprobación en Cortes, una Ley de Memoria Democrática, desde la conciencia de las limitaciones de la vigente

Compartimos la necesidad y urgencia expresada por el Gobierno de contar con una nueva Ley de Memoria Democrática. Asimismo compartimos los Objetivos de la norma expuestos en:

https://www.mpr.gob.es/servicios/participacion/consultaprevia/Paginas/20…

Entendemos que la futura Ley debe anular, más allá de las sentencias, el conjunto de los procedimientos incoados por los tribunales, tanto militares como civiles, de la represión franquista, dado su carácter ilegitimo y su funcionamiento ajeno a los principios del Derecho.

Dado que en la Consulta Pública sobre la propuesta de Ley de Memoria Democrática se menciona expresamente el Informe de 22 de julio de 2014, de Pablo de Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, cuyas conclusiones y recomendaciones finales compartimos, queremos subrayar que en el resumen de dicho Informe se señala que en esta materia «los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y justicia».

En cuanto al primer aspecto, queremos citar expresamente la recomendación i) del Informe, que aconseja expresamente:

«i) Establecer una política estatal de archivos que garantice el acceso a todos los fondos, revisando los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, para ajustarlos a los estándares internacionales aplicables, incluyendo regulaciones claras, por ejemplo a través de la adopción de una Ley de archivos».

En consecuencia, creemos que la Ley de Memoria Democrática debe resolver de una vez el problema del acceso a los archivos, que hasta ahora constituye un obstáculo al Derecho a la Verdad. Probablemente, más allá de esta norma, sea precisa una Ley específica de Acceso a los Archivos.

En todo caso, resulta urgente la derogación de la Ley de Secretos Oficiales.

En segundo lugar, en el ámbito del acceso a los archivos existe una continua colisión entre la Ley 19/2013 de Transparencia y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos, que a menudo se saldan con la negación del derecho a la información y la protección de datos de los victimarios, en su gran mayoría ya fallecidos. La norma tiene que suprimir esta colisión, haciendo prevalecer el derecho a la información, y, por lo tanto, el Derecho a la Verdad.

Como además de los archivos públicos, existen archivos privados sobre la represión, especialmente los de las organizaciones políticas y sindicales, la norma debe aspirar a su protección, respetando la titularidad y la gestión de sus propietarios.

Para la elaboración de la norma, se cuenta en materia de archivos con los criterios del Informe del Consejo Internacional de Archivos (CIA) y la UNESCO sobre Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos (París, 2009). También del Informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Instrumentos del estado de derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Archivos (Nueva York y Ginebra, 2015). Ambos documentos nos parecen adecuados.

Por lo que concierne al segundo vacío más importante en materia de Memoria Democrática, que no es otro que el de la Justicia, consideramos oportuno citar las tres últimas recomendaciones del ya citado Informe de Pablo de Greiff:

q) Valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo;

r) Promover una mayor conciencia acerca de las obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías del debido proceso y darle expresión institucional adecuada a esas obligaciones;

s) Asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales en el exterior y tomar medidas contra el debilitamiento del ejercicio de la jurisdicción universal por parte de tribunales españoles.

Compartimos estas tres recomendaciones que, según creemos, deberían encontrar su expresión en el articulado de la norma, como fórmula inequívoca de garantizar el derecho al acceso a la Justicia de las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Franquismo.

Asimismo creemos conveniente el establecimiento de una Comisión de la Verdad, de carácter independiente pero oficial, siguiendo el párrafo 47 del Informe de 22 de julio de 2014, de Pablo de Greiff, cuando dice:

«Varias asociaciones promueven el establecimiento de una comisión de la verdad. El Relator Especial insta alas autoridades a iniciar discusiones serias para el establecimiento de un mecanismo o institución de carácter independiente, pero oficial, cuyo objetivo consista en conseguir un entendimiento exhaustivo de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario que ocurrieron durante la Guerra Civil y el franquismo. Recalca que este organismo podría adoptar diferentes modalidades y formatos, incluyendo la forma de una comisión de la verdad».

Finalmente, la Fundación 1o de Mayo quiere mostrar su predisposición a comparecer a lo largo del proceso parlamentario a que dará lugar la elaboración de la norma, con el propósito de colaborar a su buen término.

Madrid, 7 de julio de 2020

Aportación de la Fundación Andreu Nin

Al Secretario de Estado de Memoria Democrática, D. Fernando Martínez
Al Director General de Memoria Democrática, D. Diego Blázquez

En el marco de la Consulta Pública sobre la propuesta de Ley de Memoria Democrática D. Enrique del Olmo García, en calidad de Presidente de la Fundación Andreu Nin.

Ante la consulta pública para la modificación y profundización del contenido normativo de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, la Fundación Andreu Nin aporta las siguientes consideraciones:

La elaboración de una nueva ley sobre la Memoria Democrática responde a la necesidad de reconocer la memoria de quienes lucharon por la libertad y la democracia, desterrar definitivamente de nuestra sociedad el franquismo y todo lo que representó.

Entendemos que organizar la convivencia entre los ciudadanos y los pueblos es incompatible con la impunidad, con mantener en el desprecio los restos de los asesinados por el levantamiento franquista y por la dictadura. ¿Qué educación democrática pueden tener las jóvenes generaciones en una sociedad que acepte decenas de miles de asesinados sin reconocimiento, justicia ni exhumación? Y lo mismo vale para las sentencias de tribunales facciosos, aún en vigor.

La situación económica no justifica que se posterguen estas acciones. Se nos llama a pagar deudas, a reparar perjuicios, ¿quién puede pretender que esto se haga dejando sin enterrar a los bisabuelos o con que ciudadanos estén condenados por haber luchado por la libertad?

Entendemos que es responsabilidad del Gobierno aglutinar para las acciones de reparación de los derechos de las víctimas del franquismo a todas las formaciones que luchan por la Memoria Histórica, así como a la mayoría de los ciudadanos y pueblos. Es indispensable un gran movimiento reparador.

En particular, queremos referirnos a:

A) La exhumación de todas las víctimas del franquismo y la dictadura no reconocidas

Es lo más urgente y hay una gran coincidencia al respecto. Es hora de que se conviertan en ley los artículos 1 al 4 de la antes mencionada proposición de ley socialista, con colaboración de las administraciones, víctimas, asociaciones. Lo cual es compatible con propuestas contenidas en otros proyectos de ley.

B) La nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas y la reparación de la justicia

El levantamiento militar y civil del 17-18 de julio de 1936 y los largos años de dictadura de aquellos facciosos fueron una gigantesca operación contra las libertades y derechos de los ciudadanos y pueblos, con consecuencias que según los casos perviven.

Es preciso que la nueva Ley declare la ilegitimidad y nulidad de las actuaciones y sentencias de los tribunales especiales para la represión, desde los consejos de guerra hasta el Tribunal de Orden Publico, porque el conjunto de sus actuaciones, incluidas las sentencias, correspondieron a tribunales ilegítimos que actuaron contra Derecho, y también de cualquier tribunal, jurado y otros órganos penales o administrativos que actuase contra los que se opusieron al levantamiento del 17-18 de julio y resistieron contra él defendiendo los derechos y las organizaciones obreras y republicanas.

Junto a la reparación se hace imprescindible situar la centralidad de la Justicia en la recuperación de la Memoria Democrática y para ello es necesario:

a) Privar de efecto aquellas disposiciones de la Ley de Amnistía que dejan impunes las violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

b) Recuperar el ejercicio de la jurisdicción de justicia universal, impulsando la colaboración de la justicia española con causas impulsadas por la justicia de otros países contra los crímenes del franquismo.

C) Facilitar el acceso a todos los archivos y fondos

Revisar aquellos criterios de privacidad y confidencialidad que impiden el estudio y manejo de los mismos, aplicando los criterios internacionales establecidos en la materia. La ley de Memoria Democrática debe eliminar las trabas y barreras que impiden o dificultan la investigación y acceso a la verdad. Se hace imprescindible la derogación de la Ley de Secretos Oficiales

D) Creación de la Comisión de la Verdad

La nueva Ley debe determinar el fin de un oscurantismo e impunidad que en parte permanece a los 84 años de 1936.

De acuerdo con las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidad, Pablo de Grieff, en su informe de 22 de julio de 2014 el Congreso de los Diputados debe crear una Comisión de la Verdad para todo el ámbito estatal, como órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos y las graves infracciones cometidas, promoviendo así el reconocimiento de las responsabilidades de quienes participaron en la comisión de crímenes de lesa humanidad. El Estado deberá dotar de los recursos necesarios para ello como forma de favorecer la convivencia democrática.

Esta Comisión actuará con plena autonomía en su investigación y reconocimiento de la verdad. Requerirá, recuperará y recopilará los testimonios orales y otros materiales relativos al periodo histórico referido en la presente Ley. Reunirá e incorporará los informes y conclusiones alcanzadas por las diversas comisiones de la verdad o grupos de trabajo creados a escala autonómica o local. Tendrá acceso a los documentos históricos, sin limitación de acceso a los mismos por su condición de material clasificado o secreto o por el lugar en el que se encuentren, dentro o fuera del territorio nacional, testimonios y otros materiales para elaborar un informe final incluyente y global.

Su informe sobre las violaciones a los derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra propondrá al Congreso medidas de reparación integral de las víctimas que estime convenientes así como otras para organizar la convivencia en el futuro.

Lo que antecede para nada subvalora la lacerante urgencia de resolver el asunto de los bebés robados, y las exigencias de cualquier víctima, que requieren el apoyo incondicional de todos los que propugnan la Memoria Histórica.

Reconocemos el trabajo que la Secretaria de Estado y la Dirección General de Memoria Democrática realizan para ordenar las aspiraciones de millares de ciudadanos que llevan décadas recabando una reparación justa lo que supondría a la vez una mejora cualitativa de nuestra calidad democrática y de nuestro marco de convivencia.

En Madrid, a 8 de julio de 2020

“Carta de Vicálvaro”: Plataforma común de las organizaciones de Memoria Histórica

Exigimos a las instituciones del Estado la condena del franquismo como régimen criminal en los términos declarados por la ONU, de conformidad con las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero y el 12 de diciembre de 1946, y el reconocimiento de la Legalidad democrática de la II República Española.
Exigimos al Estado español el reconocimiento jurídico, político y social de cuantas personas defendieron la legalidad Republicana y de quienes lucharon contra el franquismo, el fascismo y el nazismo. De igual modo, exigimos el reconocimiento de la condición de excombatientes por la libertad a los guerrilleros y guerrilleras, puntos de apoyo y enlaces antifranquistas y demás antifascistas que combatieron junto a los aliados en la II GM, equiparándolos a los militares de la República, así como el reconocimiento institucional para quienes integraron el Ejército Popular y las fuerzas de seguridad que se mantuvieron leales a la II República Española.

Demandamos el pleno reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo, el fascismo y el nazismo, dándoles similar trato y reconociéndoles los mismos derechos que los reconocidos a otros colectivos de víctimas de violencia y de agresiones a los Derechos Humanos; civiles asesinados, desaparecidos, condenados a penas de presidio y en batallones de trabajadores penados, muertos en prisión, exiliados, víctimas de torturas, violaciones o violencia sexual, población civil víctima de los bombardeos fascistas durante la Guerra Civil, deportados y demás víctimas republicanas de la persecución nazi, bebés robados, sus padres y madres, menores víctimas de orfanatos y preventorios franquistas, empleadas y empleados públicos depurados, víctimas del expolio de sus bienes, represaliados por su orientación sexual, rapadas, etc…

Las propuestas programáticas que contiene este documento, y que a continuación se enumeran, encuentran su fundamento y apoyo en los Informes emitidos por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y en el Informe sobre el Estado Español del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, (ambos presentados en septiembre de 2014 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas), cuyas recomendaciones exigimos, de manera irrenunciable, que sean cumplidas por parte del Estado español.

EL DERECHO A LA VERDAD
I. Asunción explícita por parte del Estado español de la responsabilidad de garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas del franquismo y del conjunto de la sociedad española, conforme las recomendaciones de las Naciones Unidas.
II. Apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados existentes en la actualidad (policiales, diplomáticos, militares, de inteligencia militar, penales, judiciales, carcelarios, municipales, de
Falange Española y de las J.O.N.S. – Sección Femenina, eclesiásticos, de hospitales, clínicas y maternidades), y todos aquellos relacionados en general o particular con la represión franquista y su herencia posterior.
III. Desclasificación y catalogación de todos los documentos contenidos en dichos archivos para asegurar el acceso a la información y garantizar el derecho a la justicia y reparación de las víctimas de la dictadura.

EL DERECHO A LA JUSTICIA
IV. Anulación de la Ley de Amnistía de 1977 en los apartados que permiten la impunidad de los crímenes franquistas.
V. Ratificación de la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”.
VI. Creación de una Fiscalía especializada para la investigación y persecución de los crímenes del franquismo.
VII. Localización y judicialización de todas las fosas comunes del franquismo, declarando por ley la responsabilidad directa e ineludible del Estado Español respecto a la exhumación de las fosas comunes.De igual forma, el Estado Español deberá promover y alcanzar los acuerdos y convenios internacionales que sean necesarios con aquellos países en cuyos territorios haya fosas comunes de españoles víctimas del fascismo y nazismo, para localizar, exhumar, identificar y repatriar sus restos a territorio del Estado.
VIII. Reconocimiento como un problema de Estado el robo masivo y sistemático de bebés, durante décadas y en todo el territorio español, desde 1936 hasta bien entrada la democracia; realizar una investigación efectiva de los hechos que permita la búsqueda de los
“niños” y “niñas” desaparecidos, hoy adultos cuya identidad ha sido robada; promulgación de leyes que permitan la persecución y enjuiciamiento de las personas culpables de este delito que, inexorablemente, deberá considerarse como un crimen contra la humanidad.

EL DERECHO A LA REPARACIÓN
IX. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista e ilegales los Consejos de Guerra, el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y cualesquiera otros órganos penales o administrativos de la Dictadura Franquista, así como nulas de pleno derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos organismos.
X. Establecer una legislación que permita el reconocimiento y, en su caso, el tratamiento de los daños o traumas ocasionados a las víctimas y la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o jurídicas por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo. Fijación de un sistema de resarcimiento económico actualizado, en términos actuariales y que se corresponda con la realidad económica y social española, a todo tipo de víctimas aún vivas, herederos y sus familias.
XI. Exigencia de responsabilidad a aquellas empresas e instituciones que se beneficiaron del trabajo forzado de prisioneros de guerra, así como de presos y presas. Abrir sus archivos de cara al esclarecimiento de estos hechos y señalizar estos lugares, de cara a que las generaciones presentes y futuras sean conocedoras de esta realidad.
XII. Solución definitiva para el Valle de Cuelgamuros (de los Caídos), consistente en el traslado de los restos del Dictador Francisco Franco como del Fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, identificación de las víctimas represaliadas enterradas en el Valle de Cuelgamuros y su devolución a las familias que lo soliciten y desacralización del lugar, trasladando a la orden benedictina y desmantelando la cruz, que “representa al nacional-catolicismo”. Así como, reconvertir el Valle en un memorial de la represión franquista.

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
XIII. El Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas deberán establecer, para los diferentes niveles de enseñanza y sus contenidos curriculares, una normativa acorde con la verdad histórica de la II República, el Golpe de Estado del 18 de julio del 36, la Guerra Civil, la Dictadura, la represión franquista y la transición. A tales efectos, las instituciones educativas deberán comprobar y subsanar los contenidos en los libros de texto sobre historia, contemplándolos desde la objetividad y la transparencia sin negacionismos ni revisionismos, en el que la enseñanza de los valores religiosos quede además fuera del ámbito escolar y relegada al ámbito privado.
XIV. Condena de los actos de exaltación franquista y de negacionismo histórico e ilegalización de cualquier organización, partido, fundación o asociación que ensalce, justifique o fomente la ideología, la violencia y todos los actos que el franquismo ejecutó y promulgó desde el 18 de Julio de 1936. De igual modo demandamos la retirada de simbología franquista de espacios públicos y privados y la anulación de conmemoraciones y títulos que reconozcan a personas vinculadas al régimen franquista.
XV. Adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural de los lugares de la memoria democrática y antifascista. A tales efectos, se procederá a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria y a su señalización mediante monumentos, placas y paneles que expliquen los hechos que tuvieron lugar.
XVI. Establecimiento de un día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo. Que por parte de las Instituciones del Estado se declare un día conmemorativo, de especial significación para las víctimas de la dictadura, como día de recuerdo y homenaje a las Víctimas del franquismo. Se propone como fecha, el día 11 de Noviembre, día europeo de las Víctimas del fascismo. Consideramos que estas propuestas, así como las reivindicaciones de los diferentes colectivos de víctimas del franquismo y del fascismo, deben plasmarse durante la próxima legislatura en la legislación necesaria para el reconocimiento de nuestra memoria democrática y antifascista y acabar definitivamente con la impunidad del franquismo y con la situación de flagrante injusticia que han tenido que soportar durante décadas centenares de miles de personas.

En Madrid, a 17 de octubre de 2015.

Las organizaciones participantes en el Primer Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo.