Con septiembre a la vuelta de la esquina, el regreso a las aulas ha colmado la agenda pública y política, ha puesto en primera línea a la comunidad educativa y ha obligado a una coordinación entre administraciones que sin embargo ha llegado tarde. Así ha sido al menos en lo que respecta a la vuelta a colegios e institutos, ¿pero qué sucede con la universidad? Los estudiantes miran el inicio del curso con incertidumbre y con la presencialidad como prioridad para preservar el derecho a una educación equitativa. Lo contrario, advierten, servirá para construir una universidad pensada para las élites.

El Ministerio de Universidades, con Manuel Castells al frente, se reúne este lunes en el marco de la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria, órgano que preside, con presencia de las comunidades autónomas para «asegurar una buena coordinación» en el inicio del curso. El martes, el departamento recibirá a organizaciones estudiantiles con el objetivo de «tener en cuenta la voz de las y los estudiantes». Finalmente, el titular de la cartera comparecerá el jueves junto al presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, para informar «con detalle sobre el inicio del curso» y tras una reunión previa con la organización.

Coral Latorre, portavoz del Sindicato de Estudiantes, recuerda a preguntas de infoLibre que su organización ha convocado una huelga de 72 horas para los días 16, 17 y 18 de septiembre, dirigida a «todas las etapas educativas, también en la universidad». Latorre denuncia una «desidia total por parte del Ministerio de Universidades, no sólo desde el final de curso», sino también de cara al regreso a las aulas. «El abandono a los estudiantes con menos recursos económicos está siendo aprovechado por las distintas universidades para aplicar el modelo semipresencial en las facultades«, critica la portavoz del estudiantado. Un modelo que «profundiza la elitización de la universidad y que acabará convirtiendo las facultades en cotos privados para los más privilegiados». Los estudiantes llevan meses denunciando no sólo la brecha digital, sino los otros cismas que la engrosan: el modelo online «sencillamente lo que plantea es que si no tienes recursos para poder estudiar desde casa, estás fuera de la educación superior».

El Sindicato de Estudiantes mantiene sus demandas clásicas: que se ponga fin «a las políticas privatizadoras y clasistas». Latorre critica igualmente que «un ministro de Unidas Podemos, que dice defender la educación pública, esté mirando hacia otro lado mientras las universidades hacen y deshacen a sus anchas». La sindicalista reclama un plan universitario unificado «para garantizar las medidas de seguridad en nuestras aulas, la bajada de las ratios y contratación de profesorado para que se puedan hacer los grupos necesarios», un objetivo que pasa por la aprobación de una «partida extraordinaria de millones de euros para la educación y universidad pública». El alumnado universitario, clama la portavoz estudiantil, rechaza un modelo semipresencial «pagando las mismas matrículas desorbitadas», al tiempo que reclama mantener la presencialidad en condiciones seguras.

Para Anna Clua, portavoz del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (Sepc), el principal problema de cara al nuevo curso tiene que ver con la desinformación. «La mayoría de las universidades no han escrito a sus alumnos sobre cómo van a ser estas clases en el marco de un modelo híbrido«. Los estudiantes se encuentran en una «situación de incertidumbre», alimentada además por las particularidades del contexto: parte del estudiantado deberá asumir la movilidad a ciudades diferentes o la búsqueda de viviendas en arrendamiento.

El sindicato estudiantil catalán apuesta igualmente porque el modelo sea «lo más presencial posible», esencialmente porque «el nivel de pedagogía y conocimiento es mucho más positivo». El modelo online, por el contrario, «siempre tiende a poner en evidencia las diferencias entre estudiantes», una realidad que ha quedado constatada durante los meses más duros de la pandemia. «Además existe una cuestión física: muchos estudiantes viven en viviendas muy pequeñas«, añade la portavoz, quien determina que «el problema no se ha solucionado» pese al esfuerzo del alumnado y el profesorado por salir adelante a finales del curso pasado.

Clua también echa en falta un mayor liderazgo de Manuel Castells durante la crisis, aunque reconoce que «las universidades tienen autonomía y eso dificulta el trabajo institucional». En todo caso, sí cree que habría sido necesario un trabajo más exhaustivo a la hora de diseñar protocolos comunes para la comunidad universitaria.

A Encina González, profesora en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y secretaria de Universidad e Investigación en Comisiones Obreras, también le preocupa el arranque de curso en las facultades: «Esta pandemia va a elitizar más la universidad«, lamenta en conversación con este diario. El profesorado, representado por los sindicatos, también aboga por una mayor presencialidad, siempre «sin interferir con la salud». Algo que no es fácil de conjugar: ahora mismo los universitarios son quienes en mayor medida protagonizan los nuevos contagios. El temor es casi inesquivable. «No en todos los sitios es posible ventilar, ni en todos el personal de limpieza es suficiente o existen itinerarios de entrada y salida», detalla la profesora, quien pone sobre la mesa la falta de recursos e infraestructuras.

El aumento del personal docente tampoco está en el horizonte. El propio Ministerio de Universidades aseguraba en junio que, «teniendo en cuenta la escasez de recursos docentes a corto plazo, no se considera conveniente doblar las clases por grupos para mantener la presencialidad», debido a la «sobrecarga insoportable» que implicaría para el cuerpo docente. Pero la docencia online también supone una carga de trabajo sobrevenida que los profesores han tratado de atajar de la mejor forma posible. «Desde el punto de vista de los trabajadores hay muchos derechos por regular, la gente se fue a casa con sus medios y no siempre se han puesto a disposición recursos», subraya la sindicalista.

También Manuel Ortega, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha y responsable de Universidad de FeSP-UGT, percibe que «no existe un patrón claro» a la hora de encarar la crisis. «Se da por hecho que en el caso de la universidad se va a poder hacer todo online» porque en su día se trabajó por «cambiar la forma de impartir las clases». Aquel esfuerzo extraordinario, no obstante, no ha venido apenas acompañado por un plan de acción definido que dé respuesta a las necesidades de la comunidad educativa.

En la génesis del problema también las voces consultadas detectan un precedente de recortes y abandono. «Las universidades fueron de las más castigadas en la crisis y muchas no se han recuperado». Ahora, lamentan, es cuando más necesaria se hace una universidad pública robusta y accesible.

Los planes de las universidades

Aunque tanto alumnos como profesores creen importante un plan sólido, actualizado y amplio para garantizar unos mínimos en el regreso a las aulas, lo cierto es que cada universidad sí ha trabajado por preparar de manera autónoma su propia estrategia. Así lo recomendaba en junio el ministerio mediante un documento de adecuación «a una presencialidad adaptada«.

La Universidad Politécnica de Madrid recuerda lo fundamental de «proteger el ecosistema presencial», pero recalca la importancia de contar con otras fórmulas para situaciones de emergencia. De este modo, dispondrá de un «fondo extraordinario dirigido a apoyar el acondicionamiento de instalaciones e infraestructuras, así como la formación de la comunidad universitaria y la innovación docente». La universidad plantea en su estrategia un necesario «apoyo a todos los miembros de la comunidad universitaria que tengan problemas: a aquellos estudiantes que sufran problemas financieros, de salud o académicos». Defiende, además, un «seguimiento e interacción adecuada» con los alumnos para una educación online con garantías. En caso de confinamiento, sugiere que la planificación académica de cada asignatura deberá estar lista en un plazo no superior a 72 horas.

La Universidade de Santiago de Compostela, en ese sentido, baraja diversos escenarios: normalidad adaptada, de distanciamiento y finalmente cierre de las instalaciones. El primer supuesto giraría en torno a actuaciones de cara a la «consolidación de una cultura de prevención», el segundo tendría que ver con «medidas de protección activas» y el último se volcaría en la enseñanza virtual. Para la universidad gallega, la prioridad también pasa por la «docencia expositiva e interactiva de carácter fundamentalmente presencial», aunque desliza también una convivencia con los métodos online a través de planes específicos en función de cada titulación.

También la Universidad de Sevilla propone diversos escenarios en función de la situación sanitaria. El primero, con mayor presencialidad en los centros, estará basado en un «sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine clases presenciales, clases online con sesiones síncronas y actividades formativas no presenciales para el aprendizaje autónomo del estudiantado». El segundo, por el contrario, dibuja la suspensión de la actividad presencial en todo el sistema o en determinados grupos docentes.

De un modelo híbrido de docencia habla la Universitat Pompeu Fabra, que introduce «clases presenciales en grupos pequeños y espacios grandes» en combinación con «clases en línea, con interacción entre estudiantes y profesores«. En su caso, la universidad catalana se inclina por la presencialidad como una opción «mayoritariamente reducida y condicionada por las necesidades de los estudiantes, las características de las asignaturas y las disponibilidades de los espacios físicos». En cuanto a la estrategia digital, plantea promover «espacios virtuales de socialización», a través de un aula global específica especialmente dirigida a los alumnos de nuevo ingreso. Finalmente, «en el peor escenario, todas las asignaturas presenciales de grado y de máster deben poder pasar a impartirse completamente en línea en un plazo no superior a tres días a partir del momento en que las autoridades suspendan la actividad formativa presencial», una estrategia que deberá aplicarse igualmente en caso de que todo un grupo quede en confinamiento preventivo, siempre mediante un «plan de virtualización de emergencia».