Pero no sólo enfrentó a los grandes empresarios de la industria, sino que, en mayo de 1933, creó compañías estatales para generar energía eléctrica y controlar las riadas, como la Autoridad del Valle del Tennessee (TVA, por sus siglas en inglés). Prácticamente sin regulación, el sector privado controlaba 94 por ciento del sector y cometía múltiples abusos.

Los consorcios eléctricos montaron en cólera, y se volvieron acérrimos enemigos de Roosevelt. Pero, gracias a la TVA, los consumidores de energía regionales tuvieron electricidad barata y mejoría económica. La agencia aún existe. Es la mayor empresa pública de energía de Estados Unidos, beneficiando a la población con fluido eléctrico del más bajo costo generado por 28 hidroeléctricas .

La experiencia de la TVA dista de ser una excepción en Estados Unidos. Alrededor de 2 mil empresas públicas de ese país abastecen a 49 millones de personas en 49 estados. Muchas de ellas son municipales y generan y comercializan el fluido en grandes ciudades como Austin, Nash­ville, Seattle y Los Ángeles (https://bit.ly/3EZQl4B).

Pese a la ofensiva neoliberal contra los consorcios eléctricos estatales y la privatización de muchos, lo mismo sucede, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en muchos países desarrollados. Sin ir más lejos, 32 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a escala mundial tienen participación pública. Es el caso, entre muchas más, de Vattenfall, en Suecia; Electrobras, en Brasil; EDF, en Francia; Tepco, en Japón; Synergy, en Australia. Según el organismo, está bajo control privado sólo 38 por ciento de la potencia eléctrica instalada o en construcción (https://bit.ly/3mVqGDX).

La participación estatal en el sector no es una moda. El sector eléctrico es clave para la seguridad nacional. La especificidad de su mercado hace que naturalmente tienda a conformar un monopolio. De entrada porque es absurdo duplicar las redes de transmisión y de distribución.

Para minimizar pérdidas, la red de transmisión, a alto voltaje, une centrales generadoras y subestaciones, desde las que se distribuye el fluido a bajo voltaje (para seguridad de los usuarios y porque las distancias son cortas) por las redes de distribución. El mantenimiento y operación de estas redes representa gastos, tanto por las pérdidas como por la energía de soporte necesaria para su operación. Hay que inyectar energía reactiva en las líneas para mantener voltaje, frecuencia, factor de potencia, la que también debe generarse, pero, en ciertos casos, no se cobra.

Esto no es problema si sólo hay una compañía eléctrica, pero si la propietaria de la red es distinta de las generadoras, surgen conflictos frecuentes. Por ello, la industria tiende también naturalmente a la concentración.

La presencia del Estado en la generación eléctrica, según la OCDE, responde a diferentes eventualidades. Por ejemplo, la de “países en desarrollo donde hay partes significativas de la población que todavía no tienen acceso a la electricidad”. O, también, como una forma en que los gobiernos pueden utilizar estas empresas “como forma de controlar cadenas de suministro energético estratégicamente sensible” y obtener “importantes ingresos”.

La reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador no elimina la participación privada en la generación del fluido. Más aún, le garantiza 46 por ciento del valor del sistema eléctrico nacional, equivalente, según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a 145 mil millones de dólares (https://bit.ly/3BS1jab).

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostiene que el monto de la inversión comprometida en la generación de electricidad por el sector privado es de 44 mil millones de dólares. De ser esto cierto, con 30 por ciento del valor del sistema eléctrico nacional, ellos tendrían acceso a una participación de 46 por ciento.

Sin embargo, más allá de lo declarado por el CCE, según la comisión, más de dos tercios de las fuentes de financiamiento de las centrales eléctricas de los privados provienen de los ahorros del pueblo de México: crédito sindicado de bancos comerciales y fondos de pensiones, 40 por ciento; banca de desarrollo, 35 por ciento; fondos de inversión internacionales, 20 ciento, y, capital privado, 5-10 por ciento.

Esto significa que estarían recibiendo un mercado que vale 145 mil millones con una inversión de sólo 4 mil millones de dólares, equivalentes a 3.25 por ciento del valor del sistema eléctrico.

En un tuit, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, informó: “Sostuve hoy importantes reuniones con @GobiernoMX para hablar sobre reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de #EEUU. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días”.

Sería bueno que, al expresar sus preocupaciones sobre un asunto que compete a los mexicanos, el embajador Salazar recordara las palabras del presidente Roosevelt sobre las compañías eléctricas de su país. Aunque, claro, eso es mucho pedirle al representante de los intereses imperiales.

Twitter: @lhan55/La Jornada