Por omisión o comisión, será el Estado mexicano el que deberá responder por otra tragedia humanitaria anunciada.

Gilberto López y Rivas – La Jornada 

El 4 de noviembre pasado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) publicó en su página la acción urgente 10, que da cuenta del desplazamiento forzado de más de 3 mil personas del municipio de Aldama, Chiapas, cuya población registrada no pasa de 5 mil habitantes.

En la nota se contabilizan 47 ataques recientes con armas de fuego de alto poder contra 10 comunidades, por un grupo paramilitar que opera desde Santa Martha, municipio de Chenalhó, y se denuncia la permanente ausencia y complicidad del gobierno mexicano para atender esta grave situación de violencia extrema, también revelada desde hace varios meses por otras organizaciones sociales, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y el propio EZLN, que en comunicado del 19 de septiembre, Chiapas al borde de la guerra civil, constata que las alianzas del gobierno de Rutilio Escandón con el narcotráfico provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa, porque el gobierno nada hace para preservar la vida, libertad y bienes de los pobladores. El gobierno de Chiapas no sólo solapa a las bandas de narcotraficantes, también alienta, promueve y financia a grupos paramilitares, como los que atacan continuamente comunidades en Aldama y Santa Martha.

De manera reiterada, el Frayba ha puesto de manifiesto que la ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano siguen favoreciendo un ambiente de violencia y terror contra las comunidades de Aldama, que desde el 28 de marzo de 2018 presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares, “frente al riesgo a la vida e integridad física y sicológica por los constantes ataques de arma de fuego que estaban –y continúan– recibiendo por parte de grupos armados de corte paramilitar con acción en el municipio de Chenalhó, Chiapas, que ocasionan desplazamiento de personas”. Tres años después de esta solicitud y de múltiples comunicaciones enviadas por el Frayba y del Estado mexicano, finalmente, el 23 de abril de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo la resolución 35/2021, decidió otorgar medidas cautelares, registradas con el número MC-284-18.” A pesar de la adopción de estas medidas, se han contabilizado más de un centenar de agresiones, que han causado la pérdida de la vida de siete personas y otras 22 han resultado heridas, provocándose un ambiente de inseguridad total que ha trastocado la vida comunitaria.