El último incidente fue hace solo 10 días. La Delegación del Gobierno al País Valencià sancionaba una mujer con dos multas –una de 601 y otra de 200- por «perturbar el orden público» y por «falta de respeto» a los agentes de policía. Los hechos se remontan al pasado 18 de diciembre, cuando el grupúsculo de extrema derecha España 2000 realizó una concentración en València con el lema «No al Islam».

Varias personas, entre ellas la sancionada mostraron su rechazo al acto racista, pero el informe policial asegura que no se apreció «simbología de carácter xenófobo, violento o racista».

Una conclusión que la Fiscalía no comparte y que se contradice con las imágenes del acto difundidas por los mismos organizadores, donde se oye un portavoz gritando lemas como «luchar contra la invasión», que los inmigrantes musulmanes «suponen un peligro y «una quinta columna para preparar la invasión».

Este es solo un ejemplo, pero los activistas sociales valencianos denuncian lo que denominan una «persecución política» por parte de la Policía Nacional. «No sé que pasa, pero en los últimos años no paran de buscarnos. Lo que he visto los últimos tres o cuatro años no lo había visto en treinta», explica Ferran Navarro, miembro de Estrella Roja, un colectivo de dolçainers y tabalaters [instrumentos tradicionales valencianos] que con su música tradicional acompañan todo tipo de reivindicaciones sociales y encuentros culturales desde hace tres décadas.

«Hasta ahora parecía que la dulzaina te abría todas las puertas, nosotros acudíamos a las manifestaciones y nunca nos molestaban, en cierta forma se entendía que como músicos estábamos muy identificados y no haríamos ningún delito, no sé. En cambio ahora nos identifican, e incluso registran, prácticamente cada vez que salimos a la calle, y en una ocasión incluso me requisaron la dulzaina y tuvimos que protestar para que me la devolvieran», explica Navarro. Y no solo esto. En los últimos años ya le han puesto dos multas.

Una de estas, de 800 euros, el 23 de marzo del 2019, después de una concentración legalizada ante la sede de la Delegación del Gobierno. Según el agente de policía por «negarse a identificar» y «sacarse la documentación de los calzoncillos». «Cuando fuimos a juicio pedimos que visionaran las imágenes de las cámaras de seguridad de El Corte Inglés, porque demostrarían que esto era mentira, pero el juez se negó diciendo que la palabra del policía tenía suficiente validez», recuerda Navarro, quien asegura que nunca se negó a ser identificado, pero pidió que el agente le mostrara su número de placa, «y se ve que esto le hizo enfadar».

Acciones policiales polémicas

Las acciones policiales polémicas se han ido sucediendo desde el fin del confinamiento, ahora hace un año, y los activistas identificados y multados, pero también detenidos, se han multiplicado. «Tenemos compañeros a juicio por parar desahucios, antifascistas detenidos mientras los fascistas disfrutan de protección policial, defensores del territorio, etc. También las feministas vemos como las promesas de parar las multas injustas que se nos impusieron no se han cumplido y a tres compañeras les han embargado las cuentas y otras tres están a la espera que se resuelva el procedimiento administrativo», explica Mireia Biosca, de la Asamblea Feminista de València.

La gota que hizo derramar el vaso fue la represión que sufrieron las manifestaciones por la liberación de Pablo Hásel en València. Entonces hubo decenas de heridos –incluido el diputado de Compromís Carles Esteve- sin que hubiera habido ningún tipo de conato violento que las justificara. En respuesta, personalidades, colectivos sociales y partidos políticos pidieron la dimisión de la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y algunos expertos llegaron a poner en entredicho que la policía nacional estuviera bajo un control político efectivo. Calero rechazó las críticas con vehemencia y negó cualquier opción de dimisión.

«Varios colectivos iniciamos, entonces, un periodo de reflexión y analizamos que el denominador común en todos estos casos era la ley mordaza –continúa Biosca-, una ley que hay una mayoría parlamentaria que prometió derogarla desde que se aprobó y que tres años después [de la llegada del PSOE al Gobierno] todavía no hay ni una comisión para hacerlo. En cambio ahora quieren reformar algunos de sus artículos, pero no hay nada que reformar, hay que derogarla porque no es una ley necesaria».

La movilización del 5 de junio está prevista en forma de «columnas temáticas», que saldrán desde diferentes barrios y confluirán en el centro de València. «La idea de las columnas es para permitir visualizar como la represión afecta las diferentes reivindicaciones, así, el eje feminista denuncia las multas impuestas, la defensa del territorio, las activistas maltratadas por la Guardia Civil durante el desalojo del Forn de Barraca, o el de la asamblea antifascista, la connivencia de la policía con los actos fascistas», explican desde la organización.

Público