El ‘pin parental’, una de las medidas estrella del partido de extrema derecha  va a llevarse a cabo en Murcia, en el sudeste español. El Gobierno de la Región ha llegado a un acuerdo para incluir en los presupuestos de este territorio la implantación de esta medida que hará que los padres puedan vetar contenidos educativos en los colegios.

La intención de Vox es implantarla en toda España, puesto que fue una de sus propuestas estrella en la campaña a las elecciones generales, pero está negociando en cada Comunidad Autónoma, debido a que las competencias sobre educación están descentralizadas y dependen de cada región.

Por el momento parece que puede ser una realidad tanto en Murcia como en Andalucía o Madrid, las regiones que están gobernadas por una coalición de los partidos conservadores, Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de los diputados de Vox. Los votos de los ultraderechistas fueron imprescindibles para la conformación de estos gobiernos y lo son para que saquen adelante las cuentas públicas.

Así, el ‘pin parental’ se ha convertido en el requisito de Vox para apoyar las legislaciones que populares y ciudadanos quieran sacar adelante en los territorios que gobiernan.

¿Qué es el pin parental?

El ‘pin parental’ es una autorización que los padres deberán dar expresamente o denegar para que sus hijos puedan atender a cualquier charla, taller o actividad dentro del ámbito escolar que afecten a cuestiones moralmente controvertidas o sobre sexualidad.

Se refiere a actividades, que aunque son complementarias, están incluidas en el currículo escolar y son, por lo tanto, obligatorias.

¿Por qué es polémica?

Con esta medida los padres pueden limitar la participación de sus hijos en actividades en el ámbito educativo. En realidad, desde la formación ultraderechista liderada por Santiago Abascal se dirigen especialmente a los contenidos que tienen que ver con la diversidad afectivo sexual.

Así, en el punto de vista están acciones encaminadas a evitar la LGTBIfobia, a facilitar la inclusión de todos los alumnos, a fomentar el conocimiento de los diversos tipos de familia o a evitar situaciones de ‘bullying’ relacionadas con identidades de género o preferencias sexuales.

Las paradojas

Los partidarios de esta medida alegan que se defiende el derecho de los padres a elegir cómo quieren que sean educados sus hijos y que se defiende a los menores del adoctrinamiento en los colegios de lo que califican como ‘ideología de género’.

Esta argumentación tiene dos puntos oscuros. El primero es que todos los contenidos impartidos en los centros educativos españoles son aprobados por las administraciones públicas y son desarrollados por gobiernos que han sido votados por la ciudadanía. Además, recogen contenidos sustentados en las directrices establecidas en la Constitución española, como, por ejemplo, los recogidos en el artículo 14 que dice que no puede haber «discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Asimismo, los defensores del ‘pin parental’ que quieren erradicar «el adoctrinamiento de las escuelas» son, en su mayoría, defensores de la asignatura de religión en los colegios, otro de los caballos de batalla de la legislatura que acaba de empezar.

El nuevo Gobierno, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, tiene la intención de hacer una reforma educativa para que la asignatura de religión no compute para la nota media, además de eliminar la obligatoriedad de que los alumnos que no cursen esa materia tengan que asistir a una asignatura «alternativa».

El Gobierno de España emprenderá acciones legales

El anuncio del Ejecutivo murciano ha tenido una inmediata respuesta desde el Gobierno de España. El presidente Sánchez ha dicho que «el pin parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación«. «Se trata de un derecho fundamental, de un derecho constitucional. Por eso, el Ministerio de Educación recurrirá ante los tribunales la decisión del Gobierno de la Región de Murcia», ha explicado en su perfil oficial de Twitter.

Por su parte, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha informado tras la celebración del Consejo de Ministros de este viernes que su Ministerio ya ha enviado un requerimiento al gobierno regional para que «restablezca la legalidad y retire el pin parental, por considerar que vulnera el derecho constitucional de los niños y niñas a ser educados». También ha advertido de que «de no ser así, recurrirá ante los tribunales».

Los sindicatos en contra

Desde los sindicatos también han mostrado su disconformidad con esta medida. Así, Comisiones Obreras (CC.OO.) ha presentado este martes una demanda en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo que se encuentra a la espera de ser admitida a trámite.

La demanda se centra en una instrucción que la Consejería de Educación de Murcia mandó en agosto a los centros educativos que desde el sindicato han denominado «sucedáneo del ‘pin parental’. Según este sindicato, la instrucción, que solicita a los colegios que informen a las familias de las «actividades complementarias» previstas en clase para que decidieran la asistencia de sus hijos, contraviene normativas superiores y está siendo aplicada de manera irregular por los centros escolares, que no saben cómo actuar.

Los colectivos LGTBI

Por su parte, los colectivos LGTBI consideran que con esta medida se persigue privar a los menores escolares de su derecho a conocer la realidad y que conseguirá que la infancia quede desprotegida.

Desde la Asociación de Familiares de Gais y Lesbianas de Murcia han dicho que «todos los niños tienen derecho a recibir una educación basada en el respeto a la diversidad» y que «ninguna familia tiene derecho a educar en el odio al diferente«.