1.- Bolsonaro y su lugar en la competencia político-institucional: alianzas y clivajes

Bolsonaro continúa sin estar afiliado a ningún partido; puede parecer un dato menor pero no lo es en tanto va a tener que «ingresar» a algún partido de aquí a junio del año que viene para poder inscribir su candidatura, y eso tendrá algún costo. De su última pertenencia partidaria ‒Partido Social Liberal (PSL)‒ se fue al comienzo del mandato, sin estructurar un partido propio. Hoy Bolsonaro tendría dos afiliaciones en vista:

A) Volver al Partido Progresista (PP), el partido en el que más tiempo estuvo afiliado, emblema de lo más sinuoso moralmente que tiene la oferta partidaria brasileña,  heredero del antiguo ARENA de la dictadura, pero para lo cual va a tener que negociar con dos figuras del partido con bastante peso en estos meses: el actual jefe de Gabinete de Bolsonaro y presidente del PP, Ciro Nogueira, y el actual presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, que si bien ha sido dúctil en clausurar (por el momento) los más de 130 pedidos de impeachment a Bolsonaro, también ha mostrado durante su mandato cierta capacidad de presión sobre el Poder Ejecutivo. Si la idea de Bolsonaro es “desembarcar” él y un grupo importante de funcionarios, representantes y políticos en general en el PP, lo hará teniendo que negociar con el partido, con los desajustes que esto supone para el perfil que se quiera transmitir frente a la campaña.

B) Afiliarse al Partido Liberal (PL), también integrante ‒como el PP‒del bloque parlamentario “Centrao”, articulación de aproximadamente 200 Diputados, decisivos para cualquier votación. Si bien el PL tiene en el Gabinete de Bolsonaro nada menos que a la Secretaria de Gobierno, Flavia Arruda, y dos miembros del Congreso con bastante predicamento y “bolsonaristas”, como el Senados Wellington Fagundes y Bia Kicis, el presidente del Partido, Valdemar Costa Neto, genera algunas dudas en el entorno de Bolsonaro por posiciones políticas pasadas; en el PL, Bolsonaro encontraría más facilidad para reordenar el partido a su voluntad, aunque la sigla sea de menor porte y presencia que el PP y de muy poca capacidad territorial.

Por nuevas disposiciones electorales que regirán el año que viene, como el incentivo que se le dará a las candidaturas de mujeres y negros, la posibilidad de cambiarse de partido sin perder el mandato y, sobre todo, la fusión partidaria, es muy probable que el número y distribución de partidos se vea alterado. La ya anunciada fusión entre el PSL (Partido Social Liberal) y DEM (Demócratas), que juntos conformarán “Unión Brasil” puede llegar a transformarse en la mayor bancada de diputados, con un número nada despreciable de senadores.

Esto podría darle fuerza a uno de los espacios de la “tercera vía” entre Bolsonaro y Lula, alrededor de la figura de R. Pacheco (PSD) u otro, o tal vez pase a ser un elemento que robustezca la propia candidatura de Bolsonaro. Otras fusiones pueden ocurrir también en el espacio de centro-derecha y habrá que ver que efectos trae: a menos partidos, la capacidad de chantaje se vuelve más alta para cada uno. Esto también modificaría el perfil de campaña de Bolsonaro: de ir suelto (como en 2018), con la libertad para apoyar diferentes opciones en los Estados, debería pasar a cerrar alianzas federales con costos de negociación más altos.

Bolsonaro y su poder de movilización electoral

Las elecciones presidenciales coinciden con las elecciones a gobernadores y con la renovación completa de diputados y 1/3 de senadores, más las renovaciones de las Asambleas Legislativas Estaduales. En un país como Brasil, la dimensión estadual se vuelve central en la lógica electoral presidencial: los candidatos presidenciales tienen que lograr que en los estados clave (en términos de electores) haya candidaturas afines, aún no siendo del mismo partido, de forma tal de generar una opción para el estado que sea compatible con una opción para la presidencia. Esa circunstancia fue perfectamente comprendida por Bolsonaro en 2018. En los tres distritos decisivos en términos electorales ‒San Pablo (21 % de la población), Minas Gerais (10,1 %) y Río de Janeiro (8,2 %)‒ Bolsonaro tuvo el apoyo de J. Doria, R. Zema y de W. Witzel, respectivamente. Sin el apoyo de estos gobernadores, que no eran de su propio partido, la suerte de Bolsonaro hubiera sido otra; los tres gobernadores, nuevos para el cargo, se acoplaban también a una onda de venir de “afuera de la política”: J. Doria, si bien era el intendente de la ciudad de San Pablo, era una figura proveniente de los medios de comunicación; R. Zema provenía del mundo empresarial y W. Wtizel del ámbito de la justicia. Esto permitió que Bolsonaro anclara la idea de su candidatura en una combinación de “antipetismo” (cuestión compartida por los tres candidatos a gobernador) con la “antipolítica” que suponía su procedencia militar.

Ninguna de estas circunstancias podrá repetirse en estos tres estados electoralmente decisivos. Tampoco en el resto de los estados, habida cuenta de las fricciones institucionales que desató Bolsonaro con su prédica y actuación negacionista frente a la pandemia, cuestión que fue encuadrada institucionalmente por la Corte Suprema (STF) al decidir sobre las protestas de los estados y municipios para definir las aperturas y cierres. En San Pablo, los cortocircuitos entre J. Doria y Bolsonaro, incluso antes de comenzada la pandemia, llegaron a un punto de abierta confrontación el año pasado. El caso de R. Zema es parecido: si el partido NOVO apoyó a Bolsonaro en la segunda vuelta de 2018, con la pandemia se colocaron abiertamente del lado opositor. Al igual que Witzel; de ser uno de sus principales puntales en el propio distrito del presidente, su oposición a algunas medidas ‒que lo llevó a un juicio político‒ lo terminó convirtiendo en un abierto opositor, lo que repercutió en el magro resultado que obtuvo el candidato bolsonarista en el segundo turno de las elecciones por la alcaldía de Río de Janeiro en 2020. Pero aún si se toma el segundo círculo de estados en importancia por padrón electoral, tampoco es muy alentador para el presidente: en Bahía, el estado está gobernado por el PT; Río Grande do Sul está gobernado por el PSDB, y muy difícilmente pueda ingresar una candidatura bolsonarista que le agregue caudal electoral “de abajo hacia arriba” al presidente.

El hecho de que exista una gran fragmentación partidaria controlando los gobiernos estaduales ‒PT (4), MDB (3), DEM (3), PSDB (3), PSB (2), PSD (3), PSC (2), PSL (2), PDT (1), Cidadania (1), PP (2), NOVO (1); en total 13 partidos políticos para 27 Unidades de la Federación‒ puede ser una ventaja o una desventaja según el contexto político. En 2018 fue una posibilidad para que Bolsonaro armara alianzas estaduales muy diferentes, buscando los votos de forma segmentada según los distritos, aprovechándose de la intensa onda “antipetista” y “antipolítica” del lustro anterior. En 2022 ya no tendrá ese mismo escenario: le va a costar mucho organizar una candidatura robusta en los estados clave, sea prestada o propia, y en el resto de los estados, es tan fragmentado el panorama que o bien incorpora a muchos partidos a su alianza electoral (lo que desdibuja su discurso político de ser ajeno a la política tradicional), o genera una coyuntura que quiebre los realineamientos y la tendencia de la competencia política.

La búsqueda de una reelección para Bolsonaro ya no tendrá la posibilidad de componerse sobre una identidad “novedosa»»; el presidente se verá en la obligación de ampliar su coalición electoral/de gobierno a más partidos, de forma tal que se asegure contrarrestar lo que se pierde por fuga, por mala gestión o por no tener la capacidad de presentarse como la novedad. Imposibilitado de hacerlo por abajo (en los estados), puede tratar de hacerlo por arriba (ampliando su coalición electoral presidencial federal); pero para eso deberá traer hacia su espacio algunos partidos que hoy se posicionan dentro de las opciones de la “tercera vía”.

La mayoría de las encuestas (agosto/septiembre/octubre) no dan más de 22 % de aprobación a la gestión de Bolsonaro, compuesto, a su vez, con un 15 % de núcleo fiel y un 7 % que acompañaría su candidatura. Como balance de estos 3 años de gobierno, y como argumento que suele utilizarse para proyectar las oportunidades electorales de Bolsonaro, suele destacarse el aún sólido apoyo de: a) sus grupos de “bolsonaristas radicalizados”, actuantes en las redes sociales y partícipes de diversas formas de movilización, y b) la relación estrecha con algunas de las principales figuras de las Iglesias Evangélicas, cuya verticalidad de comportamientos políticos pareciera continuar más o menos como antes: este sector probablemente continuará al lado de Bolsonaro hasta el final.

Según el estudio cualitativo de la IESP- UFRJ presentado en septiembre “Bolsonarismo no Brasil” hay pocos “decepcionados” en este subgrupo. El principal aspecto que destacan los entrevistados evangélicos sobre Bolsonaro es su defensa de la familia; Bolsonaro ha logrado mostrarse como alguien preocupado e interesado por la familia, como casi ningún otro político del país. Luego, hay diversos tipos de “arrepentidos” dentro de quienes han votado a Bolsonaro en 2018: los más proclives a votar otra opción son aquellos que antes habían votado al PT; dentro de un segmento más de centro, la salida de S. Moro, primero, y el manejo de la pandemia, después, fueron los principales motivos de salida que esgrimen los “arrepentidos”. Este aspecto pareciera haber sido central en el deterioro de la valoración de Bolsonaro en sus antiguos electores de 2018: la falta de respeto a los muertos, la falta de protección ante la pandemia y la cuestión de las vacunas.

Siendo que Brasil representa el 3 % de la población mundial, hoy representa casi 1/4 de los fallecidos del planeta por COVID-19. El desmanejo de la pandemia ha logrado un centralismo internacional, con todo tipo de acusaciones en diversas instancias.

Si bien el Gobierno de Bolsonaro estuvo marcado por las inestabilidades políticas internas desde el inicio de su mandato ‒al mes, G. Bebbiano (nombrado en su momento secretario general de la Presidencia y articulador de la llegada de Bolsoanro al PSL) tuvo que renunciar‒ este 2021 ha sido el año más tumultuoso desde el punto de vista de las sustituciones cuando, en marzo primero y en junio después, cambió a más de 10 nombres del Gabinete, reorganizó el “espacio militar” y dio más lugar al “Centrao” en el Gobierno. Los más estrechos vínculos con el Congreso contrastarían con una mayor dificultad de relación con el Poder Judicial, sobre todo con la Corte Suprema de Justicia (STF), desde el fin del “lavajatismo” (con la anulación de las sentencias de Lula) a las investigaciones y procesamientos de caracterizados bolsonaristas.

El otro grupo de respaldo político inamovible a Bolsonaro son los militares ‒al margen de algunas dudas que hubo luego de la nada protocolar sustitución de los jefes de cada una de las FFAA este año, o a partir de ciertas declaraciones puntuales de algunos militares‒. También hay que considerar la relación de Bolsonaro con lo que es la “bancada da bala” y las policías militares de los estados. Este último sector, al que el presidente siempre hace referencia pública elogiosa, y al que le ha realizado algunas concesiones laborales, es un actor gravitante frente a cualquier incidente social (como el que se proyectaba el 7 de septiembre) que pudiera aparecer los próximos meses, a favor o contra el Gobierno, y frente al cual hubiera que darle una determinada orientación o efecto político. No es casualidad que el ministro de Justicia y Seguridad esté a cargo de un comisario de la Policía.

La (denominada) “tercera vía” y la apuesta de Lula

En paralelo con el aumento del rechazo a la figura de Bolsonaro ‒promedio 56 %/60 %, tomando en cuenta varias consultoras del último mes‒, comenzó a tomar fuerza, sobre todo en los principales medios de comunicación, la posibilidad de que se abra una “tercera vía” electoral entre Lula (a quien las encuestas dan hoy vencedor en segunda vuelta en todos los escenarios, muy cerca de vencer en la primera) y Bolsonaro. Se trata de un pedido de ciertos intereses económicos. Durante este 2021, no fueron pocos los posicionamientos críticos (individuales o colectivos) de ciertos sectores empresariales frente a determinados dichos o acciones del Gobierno, ampliándose el espectro opositor cuando el tema en cuestión es del área económica, como (la cláusula constitucional de) el “techo de gastos”. Una posibilidad entre Lula y Bolsonaro también se anima porque si bien Lula tendría un piso electoral muy alto ‒entre 44 %/46 %, según la mayoría de las consultoras‒ también cuenta con un importante nivel de rechazo, 36 % promedio, efecto de varios años de campañas sostenidas en su contra que, luego de la anulación de sus condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia, ha comenzado a diluirse.

Es importante distinguir el siguiente dato para el análisis: la elección presidencial de 2018 fue la primera elección, desde 1994, que modificó la tradicional competencia entre el PT y el PSDB. Por primera vez llegó a instancia decisiva otra fuerza política, en ese caso, el PSL de Bolsonaro. Este cambio tuvo su cuota sorpresa para la competencia: en otras elecciones pasadas hubo candidatos/as que, previo al primer turno, lideraban las estimaciones, incluso de forma amplia. No sucedió eso en 2018, porque el proceso político se había polarizado de tal forma que ‒expandido hacia la derecha‒ Bolsonaro tuvo tan sólo que esperar a que migraran hacia su propia posición las otras opciones, y no salir a amoldarse y buscar el centro ideológico. Aquel escenario comenzó a desorganizarse cuando la pandemia expuso de forma pavorosa la falta de preparación del presidente y sus indicadores. Viendo esta deshidratación de su posición, Bolsonaro comenzó a asociar su perdurabilidad política a la presencia de P. Guedes en el Gobierno, como garantía de una específica política económica. Sin embargo, la idea de que “Bolsonaro se sostiene por P. Guedes” ya comenzó a reemplazarse por la expectativa de una “tercera vía”. Y es precisamente frente a los rumores de salida de P. Guedes que esa situación toma más fuerza.

Hay dos aspectos que potencian las expectativas de quienes se anotan en una candidatura de “tercera vía”: por un lado, la mencionada caída de Bolsonaro y, por el otro, el hecho de que casi 1/3 del electorado no tiene decidido su voto y que hay un 13 % que estaría decidido a votar en blanco o nulo. Además, hay algo que vuelve a repetirse respecto del “clima de 2018”, bajo el contexto de los humores que trae la pandemia para con todo oficialismo: según las encuestas de opinión, hay una demanda de “cambio a las cosas tal como están”, y esto favorecería una opción no gubernamental. Sin embargo, actualmente ningún candidato de la “tercera vía” pasa el 10 % de las preferencias: Ciro Gomes, del PDT, (9 %) y Joao Doria, del PSDB, (5 %) son los que más fuerza inicial presentarían, quedando más relegados el exjuez S. Moro (Podemos), el actual presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) o el presentador televisivo J. Luiz Datena (PSL). De estas candidaturas, quizás Joao Doria sea el que más recursos pueda movilizar, dada la centralidad que siempre supone un gobernador de San Pablo.

Por su parte, la apuesta de Lula pareciera ser muy específica en este momento de la coyuntura política: siendo que la tendencia en curso lo va consolidando cada vez más como una de las principales figuras de la elección presidencial, los esfuerzos están puestos en atraer la mayor cantidad de factores de poder a su coalición; reforzar la coalición desde el punto de vista del Gobierno y no tan sólo como frente electoral. De allí el interés mostrado por componer una candidatura similar a la de 2002, donde la vicepresidencia sea para alguien del mundo empresarial, con un alineamiento social e identitario diferente, complementario. En esa dirección también van las conversaciones con figuras de la clase política, parlamentaria o del nivel subnacional, incluso con aquellos que han sido muy críticos con el Partido dos Trabalhadores. Una contradicción particular, similar a la que se le presentó a Lula en 2002: si bien estaría muy próximo a vencer en el primer turno, llegando al 50 % de lo votos (en este caso, con una coalición partidaria más amplia) desde un punto de vista de la autoridad presidencial resultante sería más legitimador vencer en un balotaje por más del 60 % de los votos, con su consecuente movilización de apoyos y respaldos, como sucedió en 2002. Sin embargo, y aunque la coyuntura no es la misma y las plataformas de campaña e información han cambiado mucho, será fundamental ver cómo su candidatura logra neutralizar políticamente la todavía muy fuerte propensión hacia el “antilulismo” de los tradicionales vehículos de comunicación.
Celag.- Amílcar Salas Oroño es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magister en Ciencia Política por la Universidad de São Paulo (USP) y licenciado en Ciencia Política por la UBA.