En Andalucía hay 1.043 residencias geriátricas –solo 14 públicas– con más de 43.000 mayores, y un 15% se han visto afectadas por los contagios y muertes por coronavirus, según datos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta. Durante los meses duros de pandemia y el estado de alarma, fallecieron un total de 559 personas en estos centros, tutelados por el Gobierno andaluz. La oposición de izquierdas tilda estas cifras de «fracaso» de la administración y el grupo Adelante Andalucía ha solicitado en el Parlamento que se abra una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas y esclarecer cuántos de los ancianos fallecidos por COVID-19 no recibieron asistencia hospitalaria y por qué.

El requerimiento para constituir una comisión de investigación parlamentaria se presentó el pasado 23 de junio, justo después de que se acabara el estado de alarma, recibió la calificación favorable de la Mesa de la Cámara el 1 de julio y se publicó en el BOPA (Boletín Oficial del Parlamento Andaluz) la semana pasada. Hace unos días, los socios del Gobierno andaluz –PP y Ciudadanos– han elevado al órgano rector de la Cámara sendos escritos para mostrar su criterio contrario a la creación de la citada comisión de investigación. En otras comunidades donde están en la oposición, ambas fuerzas han apoyado y reclamado una iniciativa idéntica a gobiernos de izquierdas.

El contraste más llamativo es el de la formación naranja: la negativa de Ciudadanos a que el Parlamento andaluz investigue la gestión de la Junta en las residencias de mayores no coincide con su postura en Madrid, Comunidad Valenciana y Asturias, donde han votado a favor de esta medida. En las dos últimas regiones, el partido de Inés Arrimadas es oposición a sendos gobiernos de izquierdas, pero en Madrid, como en Andalucía, Ciudadanos comparte el Ejecutivo con el PP.

La creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público puede ser solicitada por el Consejo de Gobierno, un grupo parlamentario o la décima parte de los miembros de la Cámara, según el artículo 52 del reglamento del Parlamento andaluz. Una vez que la Mesa admite la solicitud y se ordena su publicación en el BOPA, hay siete días de plazo para que los grupos manifiesten su rechazo. Si no lo hacen, «se entenderá creada la comisión solicitada, de lo que la Presidencia dará cuenta al Pleno de la Cámara». En este caso, PP y Ciudadanos rechazaron la propuesta de Adelante en esos siete días; PSOE y Vox no pusieron reparos. Ahora, el grupo que preside Teresa Rodríguez usará otra vía para rescatar la comisión de investigación a través de una proposición no de ley, que tendrán que votar todos los grupos (esto será ya en septiembre).

Madrid, Valencia y Asturias

La situación de las residencias en Madrid ha convulsionado la relación política de PP y Cs dentro del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, mucho más cimbreante que el gabinete de Juanma Moreno, donde la cohabitación es más cómoda. Allí los socios han visibilizado públicamente su enfrentamiento interno, incluyendo la publicación en prensa de los correos electrónicos del consejero de Políticas Sociales (Cs) al titular de Salud (PP), en los que le advertía de que si no le ayudaba con el colapso de contagios en los geriátricos «muchos residentes fallecerán de forma indigna», y si negaba dicha ayuda, «incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales».

En las 675 residencias sociosanitarios que son competencia del Gobierno autonómico de Madrid han perecido durante el estado de alarma más de 6.000 ancianos a causa del coronavirus o con una sintomatología similar. Madrid, que llegó a triplicar el número de camas ocupadas en las UCI, elaboró y difundió entre sus profesionales unos protocolos con criterios de exclusión para no derivar a los residentes más mayores a unos hospitales que a finales de marzo estaban desbordados. La Fiscalía ha iniciado su propia investigación, y la Asamblea de Madrid aceptó abrir una investigación interna.

La Comunidad Valenciana dispone de 27.429 plazas en 334 residencias, 265 de ellas privadas y concertadas, y 69 autonómicas y municipales. El 40% de los fallecimientos por COVID-19 en esta región (550) estaban en residencias valencianas. Allí es Ciudadanos, en la oposición, quien ha impulsado la creación de una investigación parlamentaria. En Asturias, los grupos de izquierda que sustentan al gobierno del Principado (PSOE, Podemos e IU) han vetado la comisión que ha solicitado el PP, y que contaba con el apoyo de Ciudadanos, Foro Asturias y Vox. Pero el Parlamento asturiano, a iniciativa del partido naranja, ha constituido una comisión especial no permanente para analizar la gestión de la crisis del coronavirus en el Principado. Allí se contabilizan 80 fallecidos en residencias de mayores, de un total de 149 víctimas mortales por coronavirus en todo el Principado, es decir, un 54%.

La Asamblea de Extremadura ha rechazado la misma iniciativa, propuesta allí por el PP y respaldada por Unidas Podemos, pero que ha sido tumbada por la mayoría absoluta del PSOE. Las muertes en centros geriátricos de Extremadura representan el 83,24% del total de las víctimas mortales de la pandemia (432 de los 519), el tercer porcentaje más alto entre todas las comunidades autónomas, tras Aragón y Navarra.

La creación de la comisión de investigación en Andalucía dependerá, por tanto, de lo que hagan los grupos de la oposición cuando se reabra el debate en septiembre, en especial la formación de extrema derecha que sustenta al Gobierno de Moreno. Vox también ha mostrado una actitud crítica con la Junta en relación a la gestión de las residencias de mayores. «Queremos saber el número exacto [de fallecidos en los geriátricos], tenemos entendido que el mando único solo mandaba morfina y sedante y que el paciente debía permanecer aislado en la residencia», advirtió la diputada Ángela Mulas a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, durante la comisión parlamentaria esta semana. Ruiz respondió que en Andalucía han fallecido el «1,2% de los residentes en centros de mayores», siendo así la tercera comunidad «con menos fallecimientos en residencias de España». La consejera explica que de las 1.957 hospitalizaciones de residentes, «solo 218 han sido ingresados por COVID-19». «Tenemos clarísimo que se han visualizado debilidades y que el objetivo es fortalecer la atención a mayores», concluye.