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¿Quién no se ha imaginado alguna vez cómo sería vivir una pandemia? ¿Cuántas películas y series nos han advertido una y otra vez de como reaccionar ante situaciones así? Pero, sin embargo, a la hora de la verdad damos carpetazo a todas esas lecciones y nuestros cerebros empiezan a pensar qué cosas son imprescindibles en una larga lista de la compra. Metafórica, claro.

Cómo vamos a hacer frente al virus, qué pasa si pierdo mi empleo, cómo voy a llegar a fin de mes, o qué ingresos voy a tener para sobrevivir, son sólo algunas de las preguntas que hoy en día se hace la mayoría de la población.

Actualmente sabemos que la duración de la pandemia será clave para medir el impacto de ésta en todo tipo de factores económicos. Diariamente nos encontramos con datos de factores macro que, como bien sabemos, parecen estar muy lejos del día a día de las personas pero que indudablemente nos afectan. Diversos analistas apuntan a que el PIB se pueda contraer en torno a un 2 o 4% en la economía mundial. Para la economía española se prevé que éste pueda caer hasta el 10%, que el déficit del año 2020 pueda posicionarse también sobre el 10% y el paro supere el 25% (siendo la cifra muy superior si hablásemos del paro real). Aún así, todo son incógnitas (sin datos de producción ni de consumo) y nadie sabe qué forma tendrá la recuperación económica.

Pero lo que sí sabemos es que la situación con la que afrontamos esta nueva crisis económica es mucho peor a aquella con la que afrontamos la crisis del año 2008. La gran mayoría social tiene niveles de existencia material que se encuentran muy por debajo de los que teníamos hace 12 años, lo que demuestra que la población no estrictamente rica aún no ha recuperado los niveles de garantías económicas anteriores a la crisis financiera. Una crisis en la que se agudizaron las desigualdades sociales y económicas de nuestra sociedad.

Es adecuado recordar aquí la visita del relator de la ONU Philip Alston, el experto en derechos humanos, que constataba que «los niveles de pobreza en España reflejan una decisión política. Esa decisión política ha sido hecha durante la última década. Entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%».

El ingreso mínimo vital

Mucho se está hablando últimamente, con malentendidos incluidos, sobre el ingreso mínimo vital (la renta mínima) que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende aprobar para hacer frente a la crisis del coronavirus pero con carácter estructural. Lo que han ido asegurando fuentes del Gobierno es que este ingreso mínimo vital se tratará de una medida para  «que nadie se quede en la estacada» pese a que, como pronto (siendo muy optimistas), las primeras prestaciones se resolverán en junio y, según las últimas informaciones podría rondar los 500€ al mes para una persona sola (lo que equivaldría al 67% del umbral de la pobreza y al 45% del Salario Mínimo Interprofesional en 12 pagas). Además, se calcula que éste podrá dar respuesta a un millón de familias, equivalente a unos tres millones de beneficiarios en situación de extrema pobreza. Pero en el Estado español, antes de la aparición de la COVID-19, había unos 10 millones de personas en riesgo de pobreza. Creemos que no hay duda de que un Ingreso Mínimo Vital es un paso adelante pero que los detalles serán los que nos permitan saber si será más o menos efectiva: qué condiciones contiene más allá del nivel de renta, si será con carácter de derecho subjetivo o ilimitada en el tiempo, cuántos años de padrón/ciudadanía serán necesarios para solicitarla, qué obligaciones y compromisos de inserción laboral o cómo tratará de minimizar los efectos de la estigmatización o los de las trampas de la pobreza.

Pero, ¿será suficiente para salvar a las personas? ¿Con qué experiencias contamos en Euskadi y Catalunya?

Si ponemos negro sobre blanco datos de la renta mínima más generosa del Estado español, la Renta de Garantía de Ingresos de Euskadi, podemos observar cómo ésta no ha sido suficiente para hacer frente a los daños sociales causados por la crisis financiera de 2008 y, como decíamos anteriormente, la situación de las personas más vulnerables ha ido cada vez a peor.

Según los últimos datos disponibles (2018), en Euskadi más de 446.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador AROPE, lo que supone un 20,7% de la población vasca y un 16% más de las que se encontraban en el año 2008. Además, se observa cómo cada vez se está cronificando más la pobreza ya que, de las 65.000 personas más respecto a 2008 que en 2018 se encuentran en riesgo de pobreza, 43.000 de ellas están en riesgo de pobreza grave (ingresos inferiores al 40% de la renta mediana). El número de personas en riesgo de pobreza grave en Euskadi se ha incrementado un 64,9% en tan solo 10 años. Y es que si esto fuera poco, en tan solo 10 años se ha dado un incremento del 125% en el número de familias que tienen problemas para encender la calefacción en invierno, un 105% el número de personas que tienen privación material, un 84% el número de familias que no pueden cubrir los gastos básicos o un 122% el número de impagos o atrasos en pagos de alquileres o hipotecas.

Pero más aún, apreciamos a la perfección cómo aún con ella, mucha gente se está quedando atrás. ¿Por qué? Porque el 30,7% de las personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, 3 de cada 10 personas, no accede al sistema de la Renta de Garantía de ingresos por diversos motivos (errores de cobertura, estigmatización, trampa de la pobreza…). Estas altas tasas de no-aceptación no es algo único de Euskadi, ya que a nivel europeo entre el 20% y el 60% (dependiendo del país) de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social no acceden a los sistemas de rentas mínimas (la última red de los Estados de Bienestar).

Si hablamos de Catalunya hay que mencionar que en el año 2017, impulsada por una iniciativa legislativa popular, se aprobó la Renda Garantida de Ciutadania como primer paso para avanzar hacia la erradicación de la pobreza. La propuesta inicial fue muy recortada en el Parlament y burocratizada en la administración y, si bien mejora las cuantías respecto a la anterior RMI catalana, contiene condiciones de acceso muy restrictivas que dejan fuera a muchísimas personas que realmente la necesitan. Actualmente Catalunya cuenta con una tasa de pobreza entorno al 21% de la población, 1.600.000 de personas aproximadamente, y la administración solo ha tramitado el 13% de las solicitudes realizadas de  Renda Garantida de Ciutadania; la percibe en la actualidad sólo el 8% de la población que tiene derecho a ella.

En plena pandemia la falta de agilidad en la gestión de nuevas demandas ha sido aún más evidente. Además, muchas de las personas que formaban parte de la economía informal y que nunca habían estado detectados por el sistema se encuentran ahora en una situación penosa ya que para recibir la RGC se debe estar inscrito en las oficinas de empleo y muchas de estas ellas se encuentran en situación irregular. La pandemia lo ha evidenciado y ha puesto el modelo contra las cuerdas.

La crisis actual ha destapado las desigualdades diversas. Sabemos que la mayoría social, el 51% de la población, son las mujeres. La brecha salarial entre hombres y mujeres es de una media del 16% y esta diferencia llega a ser del 35% en el caso de las pensionistas. Pero es que además, a ello se suma que los trabajos más precarizados están altamente feminizados, tal como ha destapado el confinamiento.

Por otra parte realidades que ya eran precarias antes de la pandemia: las personas que vivían en la extrema pobreza y dependientes del sistema de protección social; las personas que sobreviven gracias a  la economía informal o las personas en situación irregular, evidencian la falta de capacidad de las rentas condicionadas para combatir estas situaciones diversas. Rentas condicionadas que estigmatizan y excluyen a las potenciales beneficiarias.

Por otra parte, realidades que ya eran precarias antes de la pandemia (como las de las personas que vivían en la extrema pobreza y dependientes del sistema de protección social, las de las personas que sobrevivían gracias a la economía informal o las de las personas en situación irregular) evidencian la falta de capacidad de las rentas condicionadas para combatir estas situaciones diversas. Rentas condicionadas que estigmatizan y excluyen a las potenciales beneficiarias.

Con esta información y datos al alcance de cualquiera, ¿es suficiente un ingreso mínimo vital como herramienta para «no dejar a nadie atrás»? Creemos que no, pues esta medida deja a muchas personas en la estacada y es momento de ser valientes y que las personas realmente puedan tener derecho a unos ingresos incondicionales, regulares y suficientes que les permita llegar a fin de mes y poder disponer de una seguridad económica.

Somos conscientes de que los sistemas de rentas mínimas más avanzados han tocado techo y en la actualidad no dan mucho más de sí por diferentes razones que ya se han estudiado a lo largo de décadas: por el laberinto burocrático que supone para muchas personas no saber cómo acceder o pedirlas, por la estigmatización de la gente que tiene que solicitarla, por la trampa de la pobreza agudizada por el incremento de los empleos precarios,etc. Años de evidencia empírica que demuestran que las rentas mínimas no han conseguido ser la solución adecuada para erradicar la pobreza.

Ante esta realidad es más necesario que nunca un cambio de paradigma tal y como lo están explorando diversos países a nivel mundial mediante diversos proyectos piloto de renta básica incondicional, pero también para hacer frente a la crisis del coronavirus ofreciendo pagos directos a toda la ciudadanía, como los casos de Hong Kong y de Japón, para que pueda hacer frente a sus necesidades más urgentes y básicas (si bien habría que añadirle herramientas que garanticen que estos pagos directos sean redistributivos). Necesitamos, ahora más que nunca, que el dinero esté en manos de la gente.

Un cambio reclamado desde sectores muy diversos, como estamos viendo estos días con el editorial del Financial Times: «…la redistribución debe situarse en la agenda; los privilegios de los más ricos deben ponerse en cuestión. Políticas hasta ahora consideradas excéntricas, como la renta básica o la imposición sobre la riqueza deben empezar a considerarse».

Cada vez hay más voces reclamando esta medida de carácter universal, como nuestros servicios públicos sanitarios que tan valorados son estos días de pandemia sanitaria.  Para hacer frente a una gran crisis mundial que se calcula será de la magnitud de los años posteriores al crack del 1929 es hora de adoptar políticas más ambiciosas y con carácter urgente y no quedarse cortos con esta nueva medida que darà cobertura sólo a una parte de la población en extrema pobreza.

Hay mucha población en situación vulnerable. Miles de personas entrando y saliendo del mercado de trabajo, gente trabajadora en empleos formales e informales, otra que vive de la economía sumergida: chatarreras, camareras de bares, gente que hace chapuzas sin contrato, trabajadoras del sexo…que van a pasarlo muy mal sin una solución inmediata.

Una Renta Básica que haga posible que se entregue dinero de forma ràpida y urgente al menos hasta final de año, sin condición alguna, ahorraría tiempo, dinero y simplificará muchos trámites. Posteriormente ya se ajustará cuentas con hacienda en el 2021 pero ahora es momento de rescatar a la ciudadanía. ¿No es esto lo que se espera de cualquier gobierno de izquierdas?

Fuente:

Por una renta a la altura de los tiempos