En mayo de 2016, la Comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, decía: “El cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea, siendo responsable del 53% de todas las muertes relacionadas con el trabajo”, y añadía que “El cáncer tiene repercusiones devastadoras en personas trabajadoras, familias, en la industria y en la sociedad”. La Agencia de Seguridad y Salud Europea calcula que un 10% de los cánceres pueden estar relacionados con el trabajo, otros como Takala apuntan hacía un 20%, mientras Osakidetza los sitúa en el 5%.

Mientras tanto, la mayoría de las Autoridades e Instituciones vascas acallan el problema. Ciertos portavoces sindicales ignoran el cáncer profesional cuando levantan la voz contra las inaceptables cifras de muertes en accidentes de trabajo. Igual sucede con las Asesorías a la hora de tramitar una Incapacidad Permanente a un enfermo, olvidando que las muertes de cáncer de origen laboral son diez veces superiores a las cifras de siniestros laborales y que su prevención es posible y además una obligación empresarial. Aspecto en el que urge un cambio radical de actitud.

Tampoco podemos olvidar que las cifras de personas expuestas en su trabajo a dichas sustancias, en el Reino de España, son de las más elevadas de la UE, en torno al 24% de exposiciones a sustancias cancerígenas ya conocidas. Dada la implantación industrial en Euskadi, es probable que el porcentaje aquí sea mayor.

Son numerosas las sustancias cancerígenas que han estado y están presentes en los centros de trabajo vascos. Desde el amianto, el más mortífero (causante de 88.000 muertes anuales en Europa, según el Consejo Económico y Social Europeo), la sílice, el cromo, arsénico, polvo de madera, cloruro de vinilo, níquel, cadmio, formaldehído, benceno, alquitrán, hidrocarburos aromáticos, ácido cianhídrico, humos diesel, aminas aromáticas, procesos productivos como la fundición, industria del caucho, fabricación de muebles, etc. Por esta razón, siendo el hábito de fumar también causante de cáncer, no debe ser utilizado como causa exclusiva, ignorando el efecto sinérgico de los cancerígenos laborales o para ocultar el origen profesional con probada exposición laboral de tumores en vías respiratorias.

Está práctica ocultadora responde, sin duda, a la nula importancia sanitaria que se le da al origen laboral de la enfermedad y responde a un consciente olvido o práctica ocultadora desde las diferentes instituciones y empresas:

1.- El Ministerio de Trabajo ha registrado únicamente en el año 2019 en el CEPROSS 63 cánceres profesionales (11 en Euskadi y 1 en Navarra) 35 de estos derivados del amianto y no registrando los reconocidos por el INSS. Tampoco se registró a ninguna mujer en Euskadi, pero el INSS concedió la Incapacidad Absoluta a Josefa Ibarbia y Josefa Illerra, guipuzcoanas afectadas de mesotelioma pleural por inhalar fibras de amianto, pero no figuran en dicho registro. Mientras tanto, Alemania registró en 2016, 6.559 cánceres profesionales, Francia 2.118, Italia 1.033, Noruega y Dinamarca reconocen 183 y 133 veces más cáncer profesional que el Reino de España. Expertos de la Universidad de Granada, señalan que solo se reconoce entre el 0,1 o 0,2% del cáncer de origen profesional existente.

2.- Osakidetza y la Sanidad Pública. Mayoritariamente los profesionales sanitarios incumplen el Decreto 1299/2006 al no comunicar sospecha tras diagnosticar una enfermedad incluida en dicho Decreto y que puede generar sospecha por su relación con la actividad laboral desarrollada, pese a que dicha práctica insumisa conlleva a la sanidad pública a la asunción de cuantiosos costes sanitarios que corresponden a Mutuas y a la Contingencia Profesional.

En el Plan Oncológico 2018-23 del Gobierno Vasco se señala que en 2012 se diagnosticaron 769 cánceres laborales (124 mujeres y 645 hombres) y que en el periodo 2011/15 se diagnosticaron 196 mesoteliomas derivados del amianto. La mayoría de ellas sin comunicación de sospecha, ¿por qué se incumplió la Ley? ¿Qué gestiones se realizaron ante la Tesorería de la Seguridad Social para imputar los gastos sanitarios? Preguntas interesantes para plantear en el Parlamento de Gasteiz a la Consejera de Sanidad.

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra estima que en el periodo 2008-2012 se registraron en la Comunidad Foral un total de 841 casos de cáncer de posible origen laboral: 265 cánceres de pulmón, 60 mesoteliomas, 10 casos de cáncer de senos paranasales, 285 cáncer de piel, (no melanomas), 40 carcinomas de vejiga. En ese mismo periodo, el registro del CEPROSS, gestionado por el Ministerio solo recogía 7 cánceres profesionales

3.- Los Servicios de Prevención ignoran el riesgo de dichas sustancias a la hora de evaluar los riesgos y la vigilancia sanitaria. Todavía recuerdo las quejas de algunos profesionales sanitarios forzados a “comunicar sospecha” de las hipoacusias, por haber sido amenazados de denuncia.

¿Alguien piensa que las empresas vayan a asumir costes en inversión preventiva frente a los agentes cancerígenos mientras la gran mayoría de los tumores se registren como comunes? Mi experiencia me demuestra que las inversiones preventivas se producen cuando la persona enferma o sus familiares reclaman indemnización por daños y recargos por falta de medidas de seguridad. Por esta razón, ocultar o ignorar el origen profesional del cáncer, supone un fraude inhumano e inaceptable.

Que todavía hoy algunos cargos políticos o técnicos sigan afirmando que “la exposición tóxica no es nociva en el corto plazo”, como nos decían hace 20 o 30 años en el trabajo, es inaceptable, cuando se ha demostrado que el Valor Límite de Seguridad de un cancerígeno es 0. Con el amianto y otros cancerígenos se redujeron los valores Límite de Seguridad y finalmente tuvieron que ser prohibidos. No producen daños inmediatos, pero condenan a muertes prematuras a trabajadores y trabajadoras y ocultar el origen de esas muertes, resulta criminal y un terrible fraude a la prevención de los riesgos.

Por ello, urge una reacción social, sindical y de Asociaciones de Pensionistas ante la ocultación del cáncer profesional, especialmente cuando afecta a las vías respiratorias, ya que está en juego, además de las prestaciones económicas de la Seguridad Social, la adopción de medidas preventivas en las empresas para reducir la epidemia de cáncer.