Por el Derecho a una Internet con Derechos

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¿Qué duda cabe que la época está atravesada por una rasante revolución tecnológica, con la irrupción de la digitalización en casi todas las actividades sociales?

Por el Derecho a una Internet con Derechos

Internet, un espacio tan vital para nuestra interacción social ha ido mutando en sus características, alejándose de todo posible control democrático y siendo cada vez más permeado por los intereses mercantiles corporativos. Intereses que concentran poder y riquezas en un puñado de empresas transnacionales que van ejerciendo un control de facto sobre los contenidos que circulan por la red.

Sí!, la internet y sus tecnologías conexas, que idealmente pudieran servir para una mayor democratización del conocimiento y del quehacer político, que pudieran contribuir a una mejor distribución del bienestar y el patrimonio colectivo de la humanidad, se encuentran intervenidas por intenciones monopólicas particulares, que impiden o dificultan que aquello se realice.

De allí que es imprescindible analizar con mayor precisión cuáles son las intenciones y procesos que subyacen a la instalación de este modelo tecno-digital, cuáles son sus principales impactos y su posible devenir.

Los procesos en curso

Suele suceder que procesos que guardan alguna similitud externa, pero que son movilizados por distintas intenciones son confundidos y asimilados como idénticos, pese a constituir direcciones históricas distintas y hasta opuestas.

Tal es el caso de procesos como la mundialización[1] y la globalización. Mientras la primera corresponde a una tendencia histórica de conexión entre pueblos y culturas, llegando en la actualidad a formar un mosaico de diversidad plenamente interconectado y en camino a una posible Nación Humana Universal, la globalización responde al interés de empresas capitalistas de ampliar sus operaciones sin límites geográficos, intentando a su vez evadir toda responsabilidad localizada.

Es obvio que mientras la mundialización tiene una clara dirección de evolución, conllevando la posibilidad de compartir la acumulación histórica de cada cultura y de colaborar mutuamente para sortear los desafíos comunes y también los particulares de cada pueblos, la globalización actúa de manera regresiva, concentrando capital y poderío y alejando de la base social las capacidades de decisión democráticas, de por sí menguadas por la propia descomposición de la democracia formal en la institución Estado.

Algo similar acontece con las tecnologías digitales y la internet, encuadradas como están en los procesos anteriormente mencionados.

Si uno observa el avance de la digitalización a la luz de la mundialización, se hace evidente la utilidad de acortamiento del tiempo y las distancias en la comunicación junto a la posibilidad de acceder a conocimientos y compartirlos de forma libre.

Desde un espíritu mundializador, internet es una vía positiva para expresarse, cotejar hábitos, compartir experiencias, fortalecer proyectos, comunicar utopías, convocar a transformaciones y percibir al mundo y la humanidad como un todo, unido por un destino común.

Pero si se mira a estos mismos portentos tecnológicos bajo la lupa de la globalización, se devela que estamos ante un momento de reconversión del sistema capitalista, inmerso en una encrucijada por la monstruosa derivación especulativa de sus excedentes, y la reducción para el capital de espacios con márgenes de ganancia apetecibles en actividades productivas de la economía real para su afán de lucro ilimitado y presuroso.

La economía digital globalizada constituye una puerta de escape, junto con la promocionada “revolución verde”, de un sistema de acumulación excluyente e injusto que tiende, por su misma esencia, a la concentración de riqueza, a la segmentación social y, contrariamente a lo que se pretende pregonar, a la depredación del hogar común, privatizando el bienestar y socializando tan solo dificultades.

No es de extrañar entonces que el mismo Foro Económico Mundial, un cónclave de los poderosos e insensibles del mundo, haya abrazado con fervor al mismo tiempo la causa digital y el discurso de transformación ecologista. Para Naomi Klein, “El Gran Reinicio” – programa presentado en Davos 2020 por Klaus Schwab, director del FEM y también miembro del consejo de administración del elitesco club Bilderberg y el príncipe Carlos, conspicuo miembro de la realeza Británica- es un lugar para pregonar soluciones tecnológicas con fines de lucro para problemas sociales complejos; para escuchar a los jefes de los gigantes petroleros transnacionales opinar sobre la necesidad urgente de abordar el cambio climático; para escuchar a los políticos decir las cosas que dicen durante las crisis: que esto es una tragedia pero también una oportunidad, que se comprometen a reconstruir mejor y a marcar el comienzo de un «planeta más justo, más verde y más saludable».

No por nada, entre los principales oradores en esa ocasión estuvo también el presidente de Microsoft, Brad Smith, quien señaló de modo explícito: «Los datos, y la tecnología en general, son herramientas indispensables para resolver casi todos los problemas a los que nos enfrentamos».

Tampoco es casual que ya en marzo de 2017, el Foro Económico Mundial (WEF) inaugurara el primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial en San Francisco, Estados Unidos, en una zona de alta concentración de incubadoras y empresas tecnológicas.

Los dos caminos

Estamos ante una clara bifurcación de caminos. Un camino corto y veloz, el de una tecnologización digital acrítica, que conduce a una mayor dependencia de poderes concentrados y un aumento de la desigualdad y la exclusión social. El otro camino, con la mirada puesta en el interés común y la participación social, es quizás más largo y lento, pero conduce a más autonomía, equidad, inclusión y complementación social.

Por el camino que pretende el capital concentrado, internet perderá todo componente social y humano. La ansiada conectividad universal será entonces tan solo el aprovechamiento por parte de ávidos hombrecillos del negocio corporativo de la inversión social en infraestructura ejecutada por los Estados.

Por esta vía, se multiplicarán las plataformas digitales ofreciendo trabajo precarizado. El teletrabajo, lejos de servir a la reducción de la jornada laboral, la aumentará. Se agudizarán las diferencias salariales entre trabajadores del conocimiento y empleos de segundo o tercer orden. Para las mujeres, la nueva explotación digital se sumará al trabajo de cuidado no remunerado y las diferencias de paga con los hombres.

Si internet se convierte definitivamente en la autopista del negocio transnacional, continuarán proliferando los instrumentos de manipulación informativa, de vigilancia y control, transformando a las personas en objetos de un extractivismo de datos ilimitado.

El avance corporativo digital sobre la educación y la salud traerá consigo la intervención ideológica de sus contenidos y la invasión de la privacidad de las comunidades involucradas, siempre para mayor gloria y riqueza de los accionistas de fondos de inversión.

Por este camino, aumentará la desigualdad entre el Norte y el Sur global, que continuará abasteciendo al Norte con materia prima digital y física a través del consumo extendido sin gozar de los beneficios que otorgan la propiedad de las patentes y licencias de tecnología.

Por ese sendero, las corporaciones irán primero invadiendo y después capturando todo resquicio de actividad democrática, tornándose en una suerte de gobierno global corporativo, avanzando sobre el sistema multilateral de relaciones internacionales y convirtiéndolo en mera pantalla para legitimar sus intereses.

El camino alternativo es el de la apropiación común de la tecnología digital para beneficio exclusivo de la comunidad humana en su conjunto.

Para que el derecho a internet constituya una ampliación efectiva de derechos, como en cualquier otro campo y ocasión de la historia, es imprescindible la participación decidida de los pueblos y sus organizaciones.

De este modo, podrá establecerse una alianza entre el Estado y la comunidad organizada, una alianza público-comunitaria que desplace la nefasta “asociación público-privada”, que en el marco neoliberal legitimó la intromisión del capital en regiones hasta entonces vedadas a sus negocios.

Desde esa alianza público-comunitaria podrán acometerse proyectos de conectividad universal de gestión compartida o autónoma para que las infraestructuras, herramientas y conocimiento y la necesaria inversión estatal se orienten al bien común y a la formación de usuarios activos y críticos.

En esa perspectiva, las prioridades son garantizar la soberanía y la autonomía con la generación de alternativas tecnológicas descentralizadas, no invasivas, interoperables y de libre elección; forjar redes de cooperación entre organizaciones para pasar de ser meras receptoras a generadoras y hacedoras de políticas sobre tecnología y posibilitar el acceso irrestricto y compartido al conocimiento estratégico​ entre naciones.

Es ineludible colocar hoy fuertes impuestos a las grandes empresas tecnológicas​ y plataformas digitales y evitar su fuga a guaridas fiscales para financiar una Renta Básica Universal Incondicional. Asimismo, exigir leyes que garanticen la protección y propiedad individual o comunitaria de los datos y regulen el accionar de plataformas digitales comerciales desde el interés público.

Es fundamental apropiarse no solo del uso, sino también de la creación de tecnología​ y redes sociales no tuteladas ni extractivistas para favorecer la comunicación, la organización y el acercamiento social.

En definitiva, el progreso científico-tecnológico es un logro de los pueblos y de su acumulación histórica. Las herramientas digitales deben servir para la plena realización del ser humano. De lo contrario, no solo son inútiles, sino también perjudiciales.

[1] Para ampliar el concepto de Mundialización, ver Silo. Diccionario del Nuevo Humanismo. Obras Completas Vol. II. pag. 538 (2002) México. Editorial Plaza y Valdés.

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