Desde el estallido social de 2019 en Chile todo se mueve a un ritmo inesperado y desconcertante. Tras el triunfo de José Antonio Kast en la primera vuelta del 21 de noviembre, muchos se apresuraron a sentenciar el fin de la lucha social. Se equivocaron. No comprendieron que octubre de 2019 es una continuidad de las luchas universitarias de 2011 mientras gobernaba Piñera. También, de la pelea de las y los estudiantes de los colegios secundarios que en 2006 le exigieron reformas educativas a Michelle Bachelet. Y de una serie de luchas sociales como el reclamo No + AFP, (fondos de pensión privados).

Fueron contra las dos grandes coaliciones que gobernaron desde la muerte de Pinochet. Por un lado, la centroizquierda: Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet. Por el otro, la derecha: los dos mandatos de Piñera.

Esta generación de jóvenes se plantó contra la denominada transición, que no desmanteló la estructura política, económica y social construida durante 17 años de dictadura. Es cierto que se modificaron varios artículos de la constitución pinochetista, pero no hubo voluntad política para dar vuelta la página de manera radical, pues la dictadura fue mucho más que torturas, desapariciones y asesinatos, fue un modelo.

Millones de personas marcharon para decir que se había acabado el tiempo y se necesitaba enterrar definitivamente la constitución de la dictadura. Apenas cinco meses después -el 8 de marzo- las mujeres llenaron las calles del país clamando por el fin del sistema patriarcal. Otro ladrillo en el muro del modelo.

El establishment se equivocó otra vez. No captó la profundidad de los reclamos: la reforma al sistema de pensiones privado, la legalización del aborto, y las reivindicaciones del pueblo apuche o por una salud pública de calidad, entre tantos ni pudo impedir que naciera la Convención Constitucional (https://bit.ly/3st8vZo).