El presidente de Perú, Pedro Castillo, solicitó este martes al Congreso trabajar en conjunto una ley sobre la nacionalización del gas de Camisea, mayor reserva de ese recurso en territorio nacional, ubicada en Cusco (sur).

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Durante una visita de trabajo a Bagua Grande (provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, norte), el mandatario expresó que acababa “de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas”, a partir de la necesidad de “darle a los peruanos lo que el pueblo ha producido”, dijo.

Con anterioridad, había dado a conocer a través de Twitter que masificar el gas y construir el ducto para llevarlo al sur del país es prioridad de su Gobierno.

En ese sentido, precisó que iniciará el desarrollo de la infraestructura pertinente “en las regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho y Ucayali”, con la idea además de llevar gas barato a los hogares.

Agregó que en paralelo el Gobierno renegociará el contrato para operar el yacimiento de Camisea, que hoy está en manos de empresas privadas.

En otro mensaje publicado en Twitter, el jefe de Estado precisó que “somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa”.

Con anterioridad, había aclarado que entiende por nacionalización el control del destino y el uso del gas natural extraído del subsuelo y patrimonio nacional.

Las declaraciones de Castillo acerca de la prioridad que su Gobierno le confiere al uso social de este recurso han sido atacadas por sectores empresariales, que alegan que su nacionalización alejará a los inversionistas.

Por su parte, medios hegemónicos las presentan como contradictorias con aseveraciones hechas por miembros del Gabinete de Castillo.

En este caso, citan al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, quien en agosto pasado expresó que el Ejecutivo no va “a expropiar el gas de Camisea, por lo tanto las empresas privadas seguirán explotándolo”.

Camisea, uno de los yacimientos más importantes de América Latina, es operado por un consorcio que lidera la privada Pluspetrol, cuyos socios menores son la empresa surcoreana SK Group, la estadounidense Hunt Oil y la española Repsol SA.

Según medios de prensa, la mitad del gas extraído en Camisea se exporta, mientras la otra mitad se emplea en los sectores doméstico (particularmente en Lima, la capital) e industrial, en este último caso para generar electricidad y otros usos.

La Constitución vigente en Perú data de 1993 y tiene un marcado carácter neoliberal. En ella se postula que las empresas privadas solo pueden nacionalizarse con la aprobación del Congreso.