Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2021/12/20/peru-d20.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws Cesar Uco, Bill Van Auken 20.12.21El gobierno de Castillo usa a la policía contra protesta minera en Perú
Protesta minera en Cuzco (Fuente: Minem)
Unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) atacaron a un grupo de comuneros campesinos que protestaban contra la empresa minera MMG Las Bambas en la madrugada del jueves, arrestando a cinco y dejando varios heridos, informó el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) de Perú.
Los campesinos, de la comunidad de Pumamarca en la provincia de Cotabambas de la región centro-sur peruana de Apurímac, donde se ubica la mina, habían ocupado lo que dicen eran tierras comunales que les quitó la empresa minera de propiedad china. Habían incendiado una puerta de seguridad que conducía a la zona y habían desafiado los intentos anteriores de dispersarlos con gases lacrimógenos.
La empresa minera MMG afirma que la tierra había sido comprada legalmente a antiguos líderes de la comunidad campesina.
El uso de la fuerza ordenado por el supuestamente ‘izquierdista’ presidente del gobierno de Perú, Pedro Castillo, se produjo en vísperas de la fecha límite de hoy establecida por MMG para el cierre completo de sus operaciones en la mina, que es responsable del 2 por ciento del suministro mundial de cobre, en respuesta a protestas prolongadas.
La confrontación ha puesto de relieve la irresoluble contradicción entre las promesas populistas incumplidas de Castillo de gobernar en interés de la mayoría empobrecida de Perú y sus declaraciones de lealtad a los intereses de lucro de las empresas capitalistas peruanas y transnacionales, particularmente en el sector minero clave del país.
La confrontación MMG es solo una de las 199 protestas en curso en todo el país registradas por la Defensoría del Pueblo, que describió a casi el 65 por ciento de ellas como “socioambientales”, enfrentando a las comunidades empobrecidas con las industrias extractivas.
Las acciones de protesta de Las Bambas se han centrado en un bloqueo de un mes por parte de campesinos de la provincia de Chumbivilcas en la región de Cuzco que comenzó el 20 de noviembre, cortando varios puntos en el corredor minero sur de Perú utilizado para traer suministros y trabajadores y enviar concentrado de cobre con destino para el puerto de Matarani en el Pacífico, y luego hacia China. Las protestas han continuado prácticamente sin interrupción desde julio pasado, antes de la toma de posesión de Castillo.
La amenaza de cierre de MMG tiene como objetivo presionar al gobierno de Castillo para que fuerce el fin de los bloqueos declarando el estado de emergencia y enviando una presencia policial y militar más pesada para reprimir las protestas, como lo han hecho gobiernos anteriores, incluso en 2015, cuando cinco miembros de la comunidad campesina fueron asesinados a tiros.
El gobierno ha pronosticado que llegará a un acuerdo negociado durante el fin de semana. Pero la primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, en declaraciones a los periodistas el miércoles, advirtió que ‘no podemos sostener esta situación por mucho más tiempo’.
Los líderes de las comunidades de Chumbivilcas han protestado por el uso por parte de MMG de lo que, según ellos, son tierras comunales para hacer funcionar un flujo constante de camiones pesados en caminos de tierra a través de sus aldeas, levantando nubes de polvo que arruinan sus cultivos, reduciendo la calidad del aire y aumentando el ruido, al tiempo que proporcionan ningún beneficio para los habitantes empobrecidos de la región. Además, acusan que MMG cambió los planes presentados por el propietario anterior de la mina, la empresa minera Anglo-Swiss Xstrata, que pidió que el concentrado de cobre se enviara por tubería a otra instalación en Cuzco, cambiando al transporte terrestre sin una nueva evaluación de impacto ambiental.
Los líderes de la protesta han exigido que la empresa minera otorgue a las comunidades de Chumbivilcas contratos de transporte por camión, mantenimiento de carreteras y otros servicios, así como fondos para el desarrollo comunitario. MMG ha ofrecido poco en forma de compromiso en las conversaciones organizadas por el gobierno de Castillo, contando con la presión de la industria minera y otras grandes empresas y sectores financieros para llevar al gobierno a su lado.
Otras comunidades campesinas de Apurímac más cercanas a la mina también han pedido al gobierno que tome medidas para detener las protestas, alegando que ponen en peligro los ingresos que fluyen de la mina. Sin duda, también existe el temor de que las subvenciones, los ingresos fiscales y los contratos para las comunidades de Chumbivilcas interfieran en sus propios acuerdos con MMG.
El gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, exigió que el gobierno “reafirme el principio de autoridad del país, que no puede haber abuso de protesta”, al tiempo que calificó de “inviables” las demandas de las comunidades chumbivilcas.
El sindicato que representa a los mineros de cobre de Las Bambas se ha alineado esencialmente con MMG para exigir el fin de los bloqueos. Erick Ramos Luna, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de MMG Las Bambas, dijo a RPP noticias que las protestas estaban poniendo en riesgo 9.000 puestos de trabajo, incluidos los de mineros y contratistas, y poniendo en peligro aún más a 75.000 peruanos cuyos medios de subsistencia dependen directa o indirectamente de la operaciones continuas de la mina. Insistió en que no se podía permitir que las acciones campesinas interfirieran con ‘el derecho al trabajo’. El sindicato realizó una protesta esta semana en Lima exigiendo que Castillo actúe.
Sin embargo, la presión más fuerte ha venido de los intereses capitalistas peruanos y extranjeros, que se han alineado con la empresa minera china.
Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), denunció a los manifestantes por realizar “actos violentos”. Advirtió: “No permitiremos que Perú se convierta en un país en el que las empresas mineras estén bloqueadas y consideren retirarse”.
Oscar Carpio, presidente de Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), denunció que las protestas estaban entorpeciendo “la generación y divisas para el país”, al tiempo que culpaba al gobierno de Castillo por nombrar “funcionarios y asesores que se oponen al desarrollo de la industria.’
A pesar de que la controversia sobre Las Bambas seguía aumentando, el Congreso peruano votó para bloquear un elemento clave del programa reformista de Castillo, despojando de su propuesta de legislación fiscal del derecho del gobierno a aumentar los impuestos a la industria minera y a los más ricos de Perú a través de cambios. en impuestos sobre las ganancias de capital. La medida fue aprobada por abrumadora mayoría, con 98 a favor y 18 en contra, con una abstención. El propio partido Perú Libre de Castillo dividió su voto a la mitad para bloquear los aumentos de impuestos.
Simultáneamente, Julio Velarde, el economista de derecha que Castillo mantuvo en su cargo como presidente del Banco Central de Reserva del Perú, señaló que la propuesta del gobierno de un aumento del salario mínimo debe ser anulada, alegando que beneficiaría solo a una minoría de trabajadores del sector formal, al tiempo que imponen una carga indebida a las ‘pequeñas empresas’.
Velarde, quien se mantuvo al frente de la política financiera peruana como una señal del sometimiento de Castillo a los intereses capitalistas, advirtió luego de su reelección que las protestas mineras de Perú estaban ‘afectando la percepción del país en términos de inversiones futuras’, y que el gobierno debía ‘restablecer el orden’.
Castillo ha realizado un continuo giro a la derecha desde su elección en un intento de aplacar a sus oponentes en la clase dominante peruana, desechando prácticamente a todos los ministros de su gabinete. Sobrevivió a una votación del 7 de diciembre en el Congreso para iniciar el proceso de acusación por un cómodo margen de 76 a 46 para rechazar la resolución.
Sin embargo, los opositores de extrema derecha de Castillo liderados por Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, a quien derrotó por un estrecho margen para ganar la presidencia, se han negado desde el principio a aceptar la legitimidad de su elección. Continúan los intentos de expulsar a Castillo, sin importar cuánto conceda.
Es posible que la oficina del fiscal general peruano haya abierto una nueva vía en este intento de revertir la elección al presentar cargos de tráfico de influencias y conflicto de intereses contra Castillo en relación con sus tratos personales con una mujer de negocios que obtuvo un contrato con el gobierno para la construcción. de un puente sobre el río Huallaga. Si bien la supuesta corrupción son solo centavos comparados con los sobornos aceptados por la propia Keiko Fujimori (y la de la mayoría de los ex presidentes vivos de Perú) del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, su partido sin duda la utilizará en una renovada apuesta por un golpe parlamentario.
Junto a las maniobras de acusación de la derecha en el Congreso peruano, grupos fascistas extraparlamentarios vinculados a ex miembros de las fuerzas armadas se han vuelto cada vez más agresivos, denunciando a Castillo como “comunista” y “terrorista” y exigiendo su destitución inmediata.
Los recientes acontecimientos en Perú, incluida la incapacidad del gobierno de Castillo para responder al resurgimiento de la pandemia COVID-19, que se ha cobrado más vidas per cápita en Perú que en cualquier otro país del planeta, han demostrado una vez más que ni la pandemia presente, ni los representantes de hoy del nacionalismo burgués, ni las direcciones sindicales en quiebra y sus aliados pseudoizquierdistas pueden proporcionar cualquier camino a seguir para la clase obrera y las masas rurales empobrecidas.
Superar la opresión y la explotación del capital transnacional y sus socios nacionales es posible solo por medio de la lucha políticamente independiente de la clase trabajadora, liderando a las masas oprimidas detrás de ella sobre la base de un programa socialista e internacionalista. Esto requiere la construcción de una nueva dirección revolucionaria en la clase trabajadora, una sección peruana del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de diciembre de 2021)