El primero, vinculado al comienzo de una nueva gestión de gobierno que había comenzado a reponer regulaciones en materia financiera, ciertas reparaciones en materia de los ingresos de la población e incentivos de reactivación en términos de la actividad económica.

Y el segundo, que a partir del 20 de marzo, refleja la irrupción de la pandemia del Covid-19 y las medidas de aislamiento social y restricción en la circulación de personas que interrumpieron el intento reactivador. De esta manera, el efecto en el mercado laboral devuelve un panorama para los primeros tres meses del año preocupante que se inscribe en un largo proceso de deterioro que podemos resumirlo en dos rasgos:

1) Una ruptura: las ocupaciones como changas de subsistencia o los empleos precarios pierden el dinamismo que venían teniendo y restringen su capacidad como espacios de inserción laboral de refugio de la desocupación conforme al fuerte deterioro del mercado interno. Por esta razón, la destrucción de puestos de trabajo asalariados formales esta vez se traducen en un aumento considerable de la tasa de desocupación que alcanza el 10,4%, uno de los valores más altos de los últimos años. En el trimestre se verificaron 271 mil ocupados menos y casi 300 mil desocupados más, al tiempo que los ocupados demandantes de empleo caen en 206 mil.

2) Una continuidad: se sostiene la caída persistente y sistemática del empleo asalariado registrado hasta tal punto que hoy alcanza el menor tamaño de los últimos años. Desde el primer trimestre del año pasado se destruyeron 141 mil puestos de trabajo. El retroceso de las relaciones laborales formales se refleja también en el sostenimiento de tasas de informalidad elevadas, del 35,8%.

Las perspectivas futuras en materia de empleo auguran un agravamiento de la dinámica laboral en los próximos meses, que ya queda constatado en algunos indicadores oficiales disponibles hasta el mes de abril.

En este marco, si bien las políticas de contención que está llevando adelante el Gobierno Nacional permiten amortiguar en parte los efectos de la crisis en el mercado de trabajo, la incapacidad cada vez más manifiesta del empleo para garantizar condiciones materiales de vida a la población sugiere profundizar las estrategias públicas de contención social y de garantía de ingresos de carácter universal.

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