La pandemia de COVID-19 no sólo es una crisis sanitaria, sino que está demostrándose como un desastre económico para muchas personas en todo el mundo. La directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la región Asia-Pacífico, Kanni Wignaraja, apela a que los países proporcionen a sus ciudadanos una renta básica universal para ayudar a los millones de personas que perdieron sus trabajos debido a las medidas para limitar el contagio y se enfrentan al mismo tiempo a niveles crecientes de desigualdad.

Wignaraja habló con el servicio de noticias de la ONU. La directora del PNUD para la región de Asia-Pacífico comenzó explicando por qué la idea de una idea de renta básica universal está comenzando a ganar fuerza.

La pandemia de COVID-19 ha sacudido los cimientos de las economías. Muchas personas comienzan a cuestionarse los modelos económicos existentes: esta pandemia ha disparado tanto los niveles de injusticia como de desigualdad globales que ya existían. Se necesitan, por lo tanto, ideas atrevidas, incluyendo algunas que previamente fueron dejadas de lado.

En la ONU decimos que si no hay un suelo salarial mínimo en el que caer cuando ocurre un shock de esta magnitud, la gente se queda literalmente sin opciones. Sin medios con los que sostenerse por si mismos, es más fácil que sucumban al hambre o a las enfermedades antes de contraer el COVID-19.

Millones y millones de personas no tienen ahora empleo. Una enorme cantidad de ellas trabajan en el sector informal, sin contrato, sin cobertura médica o cualquier otro tipo de seguridad laboral. Añádanse las personas desplazadas, los refugiados y los inmigrantes sin papeles que nunca llegaron a formar parte de un sistema formal.

Por este motivo, para el PNUD es esencial retornar a un debate sobre la renta básica universal y convertirlo en un componente central de los paquetes de estímulo fiscal que los países están planificando.

¿Qué tipo de respuesta ha recibido de los gobiernos de la región Asia-Pacífico?

Mayor de la que hemos tenido en el pasado. Por primera vez contamos con muchos más datos para identificar a los más vulnerables. Estamos haciendo preguntas muy específicas sobre el tipo de medidas de seguridad social que cubren a las personas y estamos encontrando que, en Asia-Pacífico, cerca del 60% no tienen ningún tipo de protección social y, en consecuencia, no pueden permitirse algunas de las opciones que actualmente se les ofrecen.

El dinero invertido en garantizar que la gente tenga algún tipo de red social es inferior a las enormes inversiones que se necesitan para rescatar economías enteras o subvencionar al sector de los combustibles fósiles.

¿Pero no es la renta básica universal demasiado cara?

La mayoría de países en Asia-Pacífico tienen o bien una deuda nacional muy elevada o una deuda externa muy elevada. No queremos que el endeudamiento aumente porque éste causará más problemas a las generaciones venideras. Sin embargo, en la mayoría de países la proporción entre impuestos y PIB es muy baja, y la mayor parte de los ingresos procede de impuestos indirectos regresivos. En otras palabras, son sobre todo los pobres quienes pagan más impuestos, y esto tiene que cambiar.

Las “termitas fiscales” devoran los ingresos de un estado: los países permiten la existencia de paraísos fiscales y exenciones de impuestos. Además, ofrecen enormes subsidios a los combustibles fósiles. Se trata de una pesada carga para los recursos públicos. Por si fuera poco, los países desarrollados pierden más de un billón de dólares anuales en flujos financieros ilícitos, y ello sin tener en cuenta la corrupción interna y la ineficiencia. Tenemos que detener esta sangría financiera. Conseguirlo liberaría la suficiente cantidad de dinero como para financiar una renta básica universal. La RBU no es para siempre, pero teniendo en cuenta los golpes sociales y económicos del COVID-19 es lo que más se necesita ahora mismo.

¿Cómo pueden los países de Asia-Pacífico recuperarse de una manera que sea sostenible y reduzca la desigualdad?

Una de las principales razones por la que los coronavirus, en su conjunto, saltan de los animales a los humanos con tanta rapidez es que no hemos cuidado de nuestro entorno natural: hemos destruido tanto hábitat natural que las transmisiones de enfermedades de animales a humanos parecen inevitables.

Fue una inyección de ánimo ver cómo, en la República de Corea, que recién acaba de celebrar con éxito unas elecciones en medio de una pandemia, el partido ganador concurriese con la promesa de alcanzar una economía baja en carbono y cero emisiones para 2050. El apoyo abrumador a esta opción electoral muestra que los votantes –y espero que esto sea cierto para el resto del mundo– están comenzando a ligar cabos. No sólo ven que ésta es una crisis económica y sanitaria, sino que reconocen que está además vinculada a las crisis climática y medioambiental.

Por este motivo, nosotros, en Naciones Unidas, insistimos en la importancia de la sostenibilidad económica, social y medioambiental, y necesitamos unir a la gente y el planeta, e invertir en ambos. No se trata de un sueño inalcanzable, eso sería demasiado costoso de convertir en una realidad. El coste de vivir con combustibles fósiles y con enfermedades como el COVID-19 es mucho más alto, y no únicamente a largo plazo, sino incluso a corto plazo.

Varios países en Asia han sido considerados vulnerables a nuevas tecnologías como la automatización. Ahora hay miedo de que millones de empleos puedan perderse debido a la pandemia. ¿Podría la renta básica universal salvar a la región?

La renta básica universal no es la solución a los problemas económicos de la región, pero salvará a mucha gente de verse abocada al precipicio. Hay una creciente crisis de trabajo en la región y las economías necesitan crecer de manera que asuman este hecho.

Son muchos los países en Asia que, salvo contadas excepciones, tienen una población muy joven y en aumento, así que cada vez más y más gente está incorporándose al mercado laboral. Sus niveles educativos están mejorando, están dispuestos a aportar su contribución a la economía. Pero el mercado laboral no se expande a la misma velocidad. Y en esta ocasión debe ser más verde y ofrecer puestos más seguros.

Además, la integración cada vez mayor de las economías del mundo acarrea nuevos problemas. Bangladés, por ejemplo, tenía muy pocos casos de COVID-19 hace un par de meses, pero un millón de personas de la industria textil ha sido despedida.

Cuando la producción china se detuvo al comienzo de la pandemia, la cadena de suministros se rompió y dejaron de poder enviarse componentes básicos como botones y cremalleras, obligando a muchas factorías en Bangladés a echar el cierre. Los trabajadores despedidos recibieron una ayuda económica en forma del salario de una semana en el mejor de los casos, pero ninguna protección social. En muchos lugares se encuentran ahora mismo en las calles. Otro ejemplo son países que dependen mucho del turismo, como las Maldivas, Tailandia, Sri Lanka y Bután. Estas economías se vieron gravemente afectadas cuando se detuvo el turismo internacional.

La crisis plantea diferentes cuestiones concernientes a la resiliencia de las economías. Por ejemplo, ¿cuánto debería cosecharse y producirse a nivel local para mantener la seguridad ante semejantes crisis? Mientras permanecemos interconectados mundialmente estamos aprendiendo a las duras que las cadenas de suministro globales son tan fuertes como lo es su eslabón más débil: cuando éste se rompe pueden desplomarse economías enteras.