Revisemos las acciones tomadas por algunos gobiernos en estos complejos meses

Brasil: Esta nación encabeza la lista de contagios y muertes en Suramérica y es la segunda en el mundo, detrás de Estados Unidos. El gobierno de Jair Bolsonaro no es culpable del agresivo virus, pero sí de la crisis sanitaria y del sufrimiento de millones de personas.  Negacionista del virus, aseguró en marzo pasado que la Covid-19 era solo una “gripecita”, que “de algo habría que morir” y una vez contrajo la enfermedad, se expuso en público sin mascarilla y sin distanciamiento alguno, ante seguidores y periodistas.

Ante el número creciente de acciones que atentan contra la supervivencia de las y los brasileños, a la Corte Penal Internacional han llegado en el transcurso de dos meses, cinco denuncias contra el Presidente Bolsonaro por Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad. Una de ellas fue recibida por el tribunal internacional con sede en La Haya el pasado 27 de julio, interpuesta por la Red de la Unión Brasileña UNISaúde, que integra más de un millón de profesionales de la salud.

La denuncia, de más de 60 páginas, señala que el Presidente Bolsonaro ha puesto en riesgo a toda la población al “adoptar acciones negligentes e irresponsables, que ha tenido consecuencias desastrosas como la propagación del virus y el “estrangulamiento total de los servicios de salud”.

En esta nación los más golpeados por la falta urgente de atención estatal son los mismos históricamente olvidados: los más pobres, los negros y los indígenas. Según la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, APIB, al 1 de agosto 147 comunidades originarias estaban afectadas, con 21.500 contagiados y 616 muertos por la Covid-19. Al respecto la denuncia ante la CPI, señala que esta dramática situación configura un crimen de Genocidio, de acuerdo al concepto establecido por el Estatuto de Roma. Textualmente, según la norma jurídica, el crimen de Genocidio “se perpetra con la intención de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional étnico, racial o religioso”.

Para comprender aún mejor cómo en tan poco tiempo un Presidente lleva su país al abismo, es importante destacar que, a esta fecha, no hay un Ministro de Salud en propiedad. Desde el pasado 15 de mayo, el encargado de la cartera es el General Eduardo Pazuello, quien cumple una labor de la que poco sabe. Los dos anteriores Ministros fueron despedidos en solo dos meses por diferencias con el Jefe de Estado sobre la enfermedad, en especial por su tratamiento y las medidas de confinamiento. En este particular el Jefe de Estado se opuso y se sigue oponiendo a cualquier forma que implique una cuarentena social.

Sin embargo, que Bolsonaro nombrara a un militar en su gabinete no fue una sorpresa. En un hecho sin precedentes desde el fin de la dictadura en 1985, de los 22 ministros nueve son militares de alto rango. Uno de los nombramientos más sonados por la importancia del cargo es el del General Walter Braga Neto, quien desde el pasado seis de abril ocupa la jefatura de la casa civil. Entre sus tareas centrales se encuentra sacar adelante un polémico proyecto de Ley que propone liberar las actividades económicas en tierras indígenas de la Amazonía. Mientras el plan se concreta, acciones como la minería ilegal y sin control y los incendios intencionales, destruyen la vida en el principal pulmón del mundo.

Uruguay: La Ley de Urgente Consideración, conocida como LUC, promesa de campaña del ahora Presidente Luis Lacalle Pou, fue aprobada el pasado 8 de julio. Consta de casi 500 artículos y prácticamente desanda el recorrido de 15 años de gobiernos progresistas del Frente Amplio, en materia de respeto por los derechos civiles, control estatal de la educación y los recursos naturales y el libre desarrollo de la protesta social.

Aunque la Pandemia no es la causa de la Ley, el momento fue propicio porque vistió los debates del Congreso de un manto de necesidad para “estar a la altura de las circunstancias”, sin movilizaciones ni expresiones de calle debido a la cuarentena. Entre los artículos más cuestionados se encuentran:

El 11, el cual plantea que cualquiera que “ofenda” a la policía puede ser detenido de 3 a 12 meses, sin explicar quién establece lo que es una ofensa y que actos calificarían como ofensa. En la misma línea está el artículo 20, el cual señala que los efectivos policiales podrán interrogar “autónomamente al imputado”. Es decir, no necesitan orden judicial.

El artículo 37, sobre Identificación y advertencia policial: el personal policial queda eximido de identificarse y de advertir. Es decir, primero disparo y luego pregunto.

Los artículos 448, 449 y 450 relacionados con “La protección a la libre circulación”, establecen la Ley anti piquetes, es decir, anti protestas en las vías. Esta medida le otorga el aval a la policía para dispersar manifestaciones en “pos de la tranquilidad y la libre circulación” y de detener a las personas que tengan “apariencia delictiva.” Es decir, por su rostro.

En cuanto a las huelgas, la Ley establece que “toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y agrega que “el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones a dichas medidas cuando éstas no reúnan las condiciones establecidas precedentemente”. ¿A qué condiciones se refiere? No se sabe, por ello la amplitud en la interpretación de la Ley alerta a las centrales obreras por posibles escenarios de criminalización de las protestas laborales.

Sobre el modelo de país, la “LUC” crea el marco legal para retornar al neoliberalismo puro: mercantilización de la educación, privatización de empresas petroleras y del campo. El opositor partido Frente Amplio, considera que se trata de una ley «antipopular, inconstitucional, represiva y regresiva”.

Chile: En esta nación el año comenzó con un estallido social sin precedentes desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet hace más de 30 años y sólo la Pandemia desmovilizó las calles tomadas desde el 18 de octubre de 2019.

Este recogimiento obligado de millones de chilenos ha sido aprovechado contra reloj por el gobierno de Sebastián Piñera para concebir decretos y leyes que afectan directamente a una gran masa protestante, que, entre otras cosas, lo puso contra las cuerdas.

La primera orden del Presidente de la República, desde que instaló el Estado de Excepción Constitucional a causa de la Pandemia, fue sacar los militares a las calles y decretar toque de queda en todo el país.

Además, en la medida que la atención se centra en la Pandemia, la compra de armamento, vehículos y otras dotaciones aumenta. A principios de julio el gobierno abrió una licitación para la compra de 130 escopetas antidisturbios y a mediados del mismo mes, llegó al país un enorme carro lanza agua, que, según la secretaria del interior, son parte de “varios que se compraron en 2019 en un plan de modernización de Carabineros”.

Sobre este cuerpo policial recaen las principales denuncias de violación de derechos humanos durante el estallido social, sustentadas en varios muertos y miles de heridos, entre los que se encuentran más de 400 personas con pérdida del globo ocular por disparos de balines directo a los ojos. De ellos, más de 30 quedaron totalmente ciegos. Organismos internacionales como la ONU lo corroboran y piden al gobierno de Piñera acciones que limiten su fuerza.

En este mismo contexto de Pandemia, el gobierno de Piñera envió a la Araucanía, región con presencia histórica de pueblos indígenas Mapuches, un amplio contingente militar para sumarse al que ya hace presencia en la zona.

La excusa del ejecutivo es la extraña explosión de una torre de comunicación, calificada por las autoridades militares como un acto terrorista, mientras que la Fiscalía no se adelanta en calificativos. Varios analistas chilenos señalan que se trata de un montaje para militarizar la región bajo la excusa, otra vez, del Estado de Excepción. Bien vale recordar que los pueblos originarios son inexistentes en éste país, partiendo de la propia Constitución.

Por esto y por la falta de programas de atención de emergencia (renta básica universal) para los sectores más afectados por la crisis económica, la indignación crece y la favorabilidad del Presidente Piñera se desploma a mínimos históricos. Según el más reciente sondeo de la empresa Plaza Pública Cadem, la aprobación del presidente Jefe de Estado cayó a un 12 por ciento.

Perú: en esta nación el pueblo no solo se preocupa por el mal manejo de la pandemia y el dolor diario ante la muerte, sino por el creciente autoritarismo impuesto por un poder ejecutivo, que recordemos, no fue electo en las urnas.

A finales de marzo, una vez aparecieron los primeros casos de Covid-19 en el país, el Congreso promulgó la “Ley de Gatillo Fácil”. Aunque fue aprobada en el marco del estado de emergencia por la Pandemia, su carácter será permanente. La misma exime de toda responsabilidad a los miembros de la fuerza pública que usen sus armas contra la población civil en “cumplimiento de sus funciones”. Los uniformados no podrán ser detenidos si matan o hieren a una persona. Además, tienen la libertad para disparar contra una persona desarmada. La Ley que abre la puerta a los abusos policiales y a la impunidad estatal, ya presenta varias denuncias. El gobierno hace silencio.

Bolivia: a nueve meses del golpe de estado contra el Presidente Evo Morales, el estado policial–militar está tan vigente como desde ese noviembre de 2019. El país extiende el estado de emergencia y en la misma medida el confinamiento social. Sin apoyo estatal y un sistema sanitario colapsado, la gente decidió salir a protestar arriesgando su vida.

En un sin número de testimonios se escucha “moriremos de Covid o moriremos de hambre, pero de algo moriremos”, expresando con ello su desesperanza. La respuesta del estado es la represión a través de las armas, tal como hemos visto en varios departamentos.

En la madrugada del pasado 4 de julio, aviones militares realizaron vuelos rasantes sobre la población de K’ara K’ara en Cochabamba. Mientras por tierra, un operativo policial y militar reprimía a vecinos de la zona, que desde hacía una semana exigían la liberación de 8 detenidos, el derecho al agua, al pan, a la comida y al trabajo. La mayoría de esta población se sustenta del trabajo informal.

En otro de los hechos más evidentes de autoritarismo, el gobierno de facto dispuso del ascenso de un grupo de militares sin pasar por la revisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional -tal como lo señala la Constitución- amparados en la Pandemia. Previamente, el alto mando militar acudió de uniforme al Parlamento para reclamar la aprobación de los ascensos, lo que el Movimiento Al Socialismo, MAS, (partido con mayoría en ambas cámaras) denunció como una clara amenaza al poder legislativo.

Pero los ejemplos continúan y la Pandemia como excusa para seguir horadando la democracia no se detiene. El gobierno de facto, que prometió ser “de transición”, presionó para que las elecciones generales y presidenciales, se aplazarán por tercera vez.

El 18 de octubre próximo serán los comicios y para garantizar que la fecha es inamovible, la Central Obrera y organizaciones sociales, campesinas e indígenas midieron fuerzas en las calles por una semana y lo lograron. Una Ley contempla que ese domingo las y los bolivianos inscritos en el padrón electoral, podrán ir a las urnas para escoger al nuevo Presidente y Vicepresidente de la nación.

Una de las razones por las que los golpistas se excusan en la pandemia para no llamar a elecciones son las encuestas. La fórmula del MAS (Movimiento al Socialismo) ocupa el primer lugar de favorabilidad, lejos de los siete aspirantes de derecha, todos apoyadores del Golpe de Estado.

Ecuador: Con el mismo argumento desde que llegó a la Presidencia, Lenin Moreno advertía en mayo pasado que producto de la “pesada herencia del Correismo”, el ejecutivo debía tomar drásticas medidas económicas.

Y así fue, sin importar la vulnerabilidad de la población, la Asamblea Nacional aprobó la llamada «Ley de Apoyo Humanitario”. La norma que entró en vigencia en junio, permite la reducción de la jornada laboral hasta en un 50% y la disminución de salarios hasta en un 45%. Las negociaciones “libres” entre empleador y empleado autorizan los despidos masivos, tal como ya está sucediendo.

En cuanto a la educación, el recorte para las universidades públicas es de US$100 millones. Más de 30 universidades y escuelas técnicas públicas se verán afectadas, así como los programas de becas de estudios superiores en el exterior.

Pese a la crisis sanitaria por el mal manejo de la Pandemia, el gobierno pagó USS 324 millones al FMI, BM, CAF y al BID, en contravía de los pedidos de economistas, la oposición política y organizaciones sociales, de no pagar la deuda por ahora, como ha sucedido en otras naciones.

Se trataba de dinero necesario para atender la tragedia que ha vivido la nación, especialmente Guayaquil, en donde las autoridades sanitarias tuvieron que pedir disculpas públicas por el extravío de 200 cuerpos de personas fallecidas por la Covid-19.

Todos estos hechos han generado protestas en la mayoría de ciudades del país. Algunos han dicho “cuarentena con hambre no dura” y “Prisión para los corruptos, trabajo para el pueblo”. Sobre lo último hacen referencia al escándalo de corrupción que vincula al ex presidente Abdalá Bucaram y a algunos de sus familiares, en la adquisición ilegal de medicinas y equipos hospitalarios para la atención de pacientes con el virus. La Fiscalía los acusa de asociación ilegal en el comercio de medicinas. El expresidente y varios de los implicados están en prisión domiciliaria.

Cierro este recorrido por algunas naciones de América Latina recordando la razón de ser de este artículo: La pandemia como excusa perfecta para profundizar el poder de dominación sobre los pueblos, sin pudor alguno. Un poder opresor, que como vimos, se vale de variadas estrategias y que toma formas neo fascistas superiores a las ya conocidas para garantizar el control del modelo.

¿Cuál es el contra cara? Que la sabiduría de los movimientos sociales encuentre las respuestas.