Las reuniones en Moncloa, como se sabe, produjeron dos documentos: uno político, avance de la mayor parte de los títulos que luego acabarían en la Constitución, y otro económico que, echando mano a la historiografía del periodo, reconoceríamos como el reflejo sin tapujos de la constitución material (real) de la democracia. Traducidos a un lenguaje jurídico no banal, en octubre del 77, esta Constitución quedó fijada más o menos como sigue:

Titulo 1. El movimiento obrero, el movimiento real (no las organizaciones obreras, no los partidos), debe quedar inmediatamente sometido y controlado a través de la representación sindical y de los partidos de izquierda.

Título 2. El papel de los partidos de izquierda y de los nuevos sindicatos en proceso de institucionalización consiste en encauzar la movilización obrera de forma ordenada, en lo que llamamos política de rentas. Se trata de que los salarios crezcan sobre la inflación prevista, de tal modo que los beneficios empresariales entren en fase de recuperación, dando curso a una nueva etapa de estabilidad económica. Los trabajadores renunciarán a la guerra social abierta, a las huelgas que se sostienen durante semanas bloqueando ciudades y comarcas. Los trabajadores serán pacientes y responsables.

Título 3. La democracia es una cuestión de representación: de partidos, sindicatos, organización patronal y medios de comunicación. Especialmente los primeros darán curso ordenado al proceso de cambio político, garantizando la paz social requerida a tal efecto. La clase política, y especialmente los comunistas, está unánimemente de acuerdo en este punto.

Título 4. El pueblo trabajador, a cambio de sus esfuerzos, podrá disfrutar de las nuevas libertades políticas, de una moderada expansión de los Seguros Sociales establecidos por la dictadura, al tiempo que se propone una reforma fiscal que permitirá obtener los ingresos requeridos principalmente de las rentas del trabajo.

La democracia española quedó establecida sobre este pacto desigual firmado por la nueva clase política al completo: franquistas reformistas, franquistas reformistas más jóvenes, socialistas jóvenes, eurocomunistas viejos, socialistas viejos, nacionalistas vascos y catalanes y también ese hombre al que el Estado le cabía al completo en su cabezota (Fraga, que firmó los acuerdos políticos).

¿Tienen los nuevos Pactos de la Moncloa algo que ver con los viejos? Todo y nada. Todo por la forma, por la comedia, porque los firmantes son los herederos paródicos de los primeros firmantes. Nada, porque las condiciones no tienen en absoluto comparación con las de aquel tiempo. Algunas diferencias fundamentales:

1. Los nuevos Acuerdos de la Moncloa no se producen en la adolescencia de una clase política emergente y optimista, que aspira a gobernar el país, que sabe que la historia está de su parte y que además pacta con el fin de garantizar el reparto y el botín. Al lado de figuras (obviamente idealizadas) como Fuentes Quintana, Suárez, Fraga, Tierno, González o Carrillo… los Sánchez, Casado, Iglesias, Torra o Arrimadas parecen niños abrumados y subidos de tono, fantoches de pacotilla ante un público infinitamente más incrédulo que en 1977. En 2020, caben pocas dudas de que la clase política está tocada de muerte. La larga crisis de representación nos muestra al gobierno (y la oposición es en este caso gobierno) en toda su ridícula desnudez: impotente económicamente, y por tanto políticamente, ni siquiera capaz de gestionar el desastre sanitario de una enfermedad que les amenaza principalmente a ellos (la muerte política es la única muerte real). El pacto tiene, en este sentido, un único con objetivo: acordemos algo ante lo que se nos viene encima. Por eso mismo, y porque la competencia interna es la ley de esta clase, no habrá ningún pacto.

2. Los nuevos Acuerdos de la Moncloa carecen de todo margen de autonomía para decidir nada sobre la política económica española. Desde 1993, y desde luego desde la entrada en el euro, esta no se decide en el marco del Estado nación. Analícense todas las cuestiones clave: los márgenes de endeudamiento del país, la posible crisis de deuda de aquí a unos meses si el BCE decide retirar las compras en los mercados secundarios de bonos, el giro neokeynesiano que una parte de las élites propugnan (y que podría servir de salvamento social relativo) o la probable nueva vuelta de tuerca del gobierno de las finanzas. Pues bien, ninguna de estas cuestiones será decidida por el gobierno de España, ni tampoco de ninguna de sus comunidades. Mientras, sin embargo, se pueden adivinar algunas cosas. La primera que, por primera vez desde 1959, el turismo fallará y no será el motor de esa elogiosa serie de recuperaciones hechas de destrucción de enclaves naturales y empleos de mierda. La segunda que la deuda pública y con ella el poder de los mercados se disparará seguramente al 110-120 % en año y medio. La tercera que todas las contramedidas sociales que se presentan en estos días (moratoria de hipotecas, ayudas al alquiler, salarios para pobres, ERTE, etc.), solo van a conseguir posponer la crisis social, el tiempo mínimo para que esta estalle como una gigantesca bomba de neutrones.

3. El núcleo social a suprimir en estos nuevos pactos (porque un pacto de este tipo siempre es un crimen: requiere de una víctima y de la omertá consiguiente) todavía no está presente. Ni siquiera se sabe qué tipo de figura política podría llegar a adquirir. Sin duda, hoy no hay un movimiento obrero irredento. Tampoco, desgraciadamente, unos movimientos sociales fértiles y antisistema. Lo que se combate es así un espectro, un malestar, algo por definir y que puede ir en cualquier dirección. A eso se dedica desde hace un tiempo la extrema derecha española tirando todavía a tientas y a locas: con poco tino por cierto. A eso, sin embargo, ya no se puede dedicar la izquierda española, la de Podemos, que desde el principio decidió que su objetivo era entrar al gobierno, sin considerar absolutamente nada más que ser gobierno. Una imagen mejor que mil palabras: las sonrisas contenidas y bobaliconas de los de Podemos cuando recogieron sus carteras, la misma de todo aquel al que le dicen “propietario” cuando firma una hipoteca a 40 años.

De todos modos, prestemos atención, la quiebra y el susto social está por venir.