Las imágenes de la frontera ceutí militarizada, las pruebas gráficas del maltrato injustificado a migrantes, entre ellos muchos menores, y la noticia de que al menos 2.700 de ellos fueron expulsados de forma inmediata y colectiva ha indignado a las organizaciones de derechos humanos. El Ministerio del Interior justifica la macroexpulsión por el acuerdo entre España y Marruecos que permite devoluciones expres “contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, sostienen en un comunicado ocho ONG españolas que participan del Migreurop Europe (Cear, Elin, Sos Racismo, Red Acoge, Irídia, Apdha y Andalucía Acoge). 

Según recuerdan estas organizaciones de derechos humanos, “las expulsiones colectivas o en caliente no están permitidas por ley y que debe de individualizarse cualquier tipo de medida”, según establecieron las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 13 de febrero de 2020 y el Tribunal Constitucional el 19 de noviembre de 2020.

Según recuerdan estas organizaciones de derechos humanos, “las expulsiones colectivas o en caliente no están permitidas por ley y que debe de individualizarse cualquier tipo de medida”

La violación de la propia normativa de la Ley de Extranjería y del derecho internacional se ve agravado por las devoluciones colectivas y en caliente de menores de edad. Entre los más de 6.000 migrantes llegados a Ceuta desde Marruecos, cerca de 1.500 son menores de edad. “Insistimos en que los derechos fundamentales no deben vulnerarse bajo ninguna circunstancia, especialmente en lo referente a la protección de la infancia y el interés superior del menor, y deben cumplirse los protocolos establecidos, tanto en la normativa interna como en los acuerdos internacionales suscritos por España, que ponen la condición de la infancia en el centro, por delante de la condición migratoria”, sostienen.

Las organizaciones de DD HH muestran su preocupación por el despliegue del ejército en la zona del vallado de Ceuta y Melilla y la utilización de material antidisturbios. Según afirman, “la apuesta por medidas de disuasión y bloqueo en las fronteras provocan la criminalización de las migraciones y derivan en confrontación social”, una referencia nada velada a la utilización que están haciendo el Gobierno y especialmente la derecha y la extrema derecha de las imágenes para alimentar los discursos del odio y para “promover la división social y criminalizar a las personas migrantes”.

Los hechos de estos días en Ceuta vuelven a constatar, declaran estas ocho ONG, las consecuencias de las políticas de externalización de las fronteras: “No solo no ofrecen soluciones duraderas y permanentes en materia de movilidad humana, sino que favorecen la instrumentalización de las personas en procesos migratorios para ejercer presión política”.

Para estas entidades es imprescindible un “cambio radical en la política migratoria española y europea facilitando vías regulares y seguras con un enfoque de derechos”.

La organización catalana de derechos humanos Iridía califica la intervención del ejército en un conflicto interno de “muy preocupante”, dado que no “deberían realizar tareas de seguridad ciudadana ni orden público que impliquen uso de la fuerza”. Desde esta entidad exigen que sean sustituidos de manera inmediata por agentes policiales. Irídia denuncia que las devoluciones colectivas y en caliente —que eleva a 4.000— se han realizado sin garantías y sin cumplir la legalidad vigente y las garantías que exige el Tribunal Constitucional y la justicia europea que obliga a “individualizar”, identificar y prestar asistencia jurídica. “La mejor garantía frente al auge del racismo y los discursos de odio es realizar una gestión de la situación desde el respeto a los derechos fundamentales y desde una lógica democrática. Otorgar funciones de uso de la fuerza al ejército y devolver sin garantías no lo es”, señalan.