Los Estados europeos más grandes trasladan su papel de autoridad sobre los solicitantes de asilo que llegan a Grecia, Malta y, sobre todo, Italia. Mientras, estos gobiernos delegan en ONG como la Cruz Roja/Media Luna Roja y Médicos Sin Fronteras (MSF), conocida en inglés como “Doctors Without Borders”.

Por desgracia, estas organizaciones carecen de los recursos y del personal médico necesarios para abordar una misión tan abrumadora, y la pandemia no ha hecho más que empeorar la situación.

La Cruz Roja italiana ha convertido cruceros de lujo en prisiones improvisadas, fletadas por el gobierno italiano y con personal de la Cruz Roja, en un intento de poner en cuarentena a los inmigrantes rescatados en el mar, en alta mar, para evitar que lleven la COVID-19 a tierra.

Estos barcos se mantienen con un coste de más de un millón de euros (1,16 millones de dólares) por embarcación y por mes y acogen a miles de desplazados, en su mayoría de Oriente Medio y África, que han huido de la guerra, la tortura, la pobreza, la extorsión, la violencia sexual y los trabajos forzados.

Sin embargo, este flujo de emigrantes a través del Mediterráneo no es nuevo. Más de 2,5 millones han realizado travesías no autorizadas desde el norte de África hasta Europa desde la década de 1970, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU. Pero, en los últimos tiempos, esta emigración se ha disparado, ya que cada vez más personas huyen del norte de África para evitar la guerra y la inestabilidad política. Como respuesta, las naciones europeas han tratado de sellar esta avalancha, lo que en última instancia ha dado lugar a un viaje apodado por la OIM como «el más mortífero del mundo».

Solo en las dos últimas décadas, el Mediterráneo se ha tragado a más de 30.000 personas. En 2016, nueve organizaciones benéficas distintas, entre ellas Médicos Sin Fronteras, patrullaban las aguas internacionales y realizaban alrededor del 25% de los rescates en el Mediterráneo. Para empeorar las cosas, los gobiernos europeos han empezado a criminalizar a estas ONG por las tareas que los poderes fácticos deberían llevar a cabo.

«Nos enfrentamos a penas de prisión de hasta 15 años y a indemnizaciones millonarias por salvar vidas humanas», dijo Óscar Camps, director de la ONG española Proactiva Open Arms, en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europeo después de que su principal barco de rescate fuera confiscado en Sicilia por «promover la inmigración ilegal».

Sólo en el último año, Italia ha realizado en solitario más de 100.000 misiones de búsqueda y rescate con éxito, pero recientemente ha tenido que suspender estas operaciones al negarse la UE a contribuir económicamente. En consecuencia, Italia y otros países han empezado a subcontratar sus funciones de guardacostas a países como Túnez y Libia.

Los esfuerzos del continente europeo se centran más en el «control de fronteras» y menos en salvar vidas

La combinación de factores –alejar sus fronteras de facto y un poco de capital– facilita que la UE pague a otros países para que impidan que los viajeros lleguen a sus costas, deteniéndolos antes en su ruta. Se hace, en concreto, a través del pago europeo de subvenciones a los controvertidos guardacostas libios y tunecinos, como refleja un informe del Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES).

Estos guardacostas, a diferencia de la mayoría de los de la historia, no miran predominantemente hacia fuera de las costas libias o tunecinas para protegerse de las amenazas externas. Por el contrario, se financian para que miren hacia dentro y bloqueen a las personas que intentan salir de África y llegar a Europa.

En 2016, como parte de un esfuerzo de la UE llamado Operación Sophia, Italia acordó proporcionar barcos, formación y millones de euros a lo que quedaba de la Guardia Costera de Libia para reducir la avalancha de migrantes. Poco después, la guardia costera comenzó a amenazar, abordar e incluso abrir fuego contra los barcos de las ONG.

Esta política europea de utilizar fuerzas marítimas proxy para detener preventivamente a los solicitantes de asilo también ha contribuido a la brutalidad de decenas de miles de migrantes que mueren en el mar en los peligrosos intentos de evitar a la Guardia Costera, pero también en la violación sistemática y el tráfico de personas, así como el abuso físico, que va desde las palizas hasta los disparos, que se producen en los centros de detención, muy especialmente en Libia, donde los desplazados son llevados y retenidos después de su viaje.

Por ejemplo, cientos de refugiados fueron transportados al centro de detención de Zintan, en las montañas libias de Nafusa, en septiembre de 2018. A lo largo del año siguiente, al menos 23 de ellos murieron –entre ellos un niño gambiano y su padre, y una adolescente somalí– debido a enfermedades, malas condiciones y abandono. Otras dos personas murieron en 2020: una por una supuesta insolación y otra tras un incendio.

Embarcados en una batalla de custodia siempre cambiante entre el país y el gobierno, y el liderazgo y la organización, los migrantes soportan efectos atroces sintiéndose en gran medida solos. Cada débil intento actúa al unísono como un esfuerzo colectivo europeo para reforzar las medidas de disuasión contra los migrantes.

Como resultado, los que están atrapados en los campos de tortura libios o se ahogan frente a las costas europeas permanecen en un estado permanente de limbo, una frontera entre dos mundos, uno custodiado por los ricos y otro sufrido por los pobres.