En las dos semanas transcurridas desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó su «Acuerdo del siglo» para Israel y Palestina, se ha desarrollado un tira y afloja internacional entre dos visiones opuestas. La primera exige la igualdad de derechos para israelíes y palestinos, incluso en la forma de una solución de dos estados, basada en el derecho internacional. La segunda formalizaría la subyugación palestina bajo el dominio militar indefinido de Israel, el único soberano entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.

Este tira y afloja, que ha causado profundas divisiones durante una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York esta semana, ahora se traslada a Ginebra, después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicara el miércoles una base de datos de 112 empresas involucradas en asentamientos israelíes. Encargado en marzo de 2016, el informe se retrasó repetidamente debido a la presión política concertada de Israel, Estados Unidos y algunos países europeos.

La presentación del informe es en sí misma un logro, ya que proporciona una base importante para promover la responsabilidad corporativa en relación con la ocupación israelí. Pero su éxito real, es decir, si puede desincentivar efectivamente los negocios con los asentamientos, sigue siendo incierto.

La gran mayoría de las empresas que cotizan en bolsa (94) son israelíes, con otras de Tailandia, Luxemburgo, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. Incluyen proveedores de servicios, bancos y operadores turísticos extranjeros, todos los cuales son esenciales para mantener y expandir los asentamientos. Estas empresas normalizan los asentamientos como parte de Israel, al tiempo que borran la distinción del estatus de los territorios, que son la condición para un estado palestino.

Contrariamente a lo que afirman sus críticos, la base de datos no es un paso sin precedentes de la ONU, ni siquiera el más significativo. En 2003, una comisión establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU detalló la participación de unas 75 empresas que estaban contribuyendo al conflicto en la República Democrática del Congo explotando ilegalmente los recursos naturales del país. En agosto de 2019, los expertos de la ONU enumeraron 59 compañías extranjeras con vínculos financieros con el ejército de Myanmar y pidieron que fueran investigadas y sancionadas.

Por el contrario, el resultado de la base de datos sobre empresas en asentamientos israelíes parece bastante conservador. A diferencia del informe de Myanmar, no tiene consecuencias directas más allá del potencial de daño a su reputación.  Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se atuvo muy estrictamente a los criterios establecidos en la resolución matriz del Consejo de Derechos Humanos al decidir qué empresas incluir.

Como resultado, hay algunas omisiones notables del informe de la ONU. Es evidente que están ausentes aquellas empresas involucradas en la explotación ilegal de los recursos naturales palestinos. Por ejemplo, las actividades de Heidelberg Cement , que opera plantas y canteras en las zonas de asentamiento de Cisjordania, están bien documentadas. También está ausente la FIFA , cuya filial israelí, la Asociación de Fútbol de Israel (IFA), incluye seis equipos de los asentamiento en contravención de los propios estatutos de la FIFA.

Campaña de desinformación

El informe de la ONU, por lo tanto, no puede ser simplemente un documento cerrado. Las actualizaciones periódicas darían a las empresas que cotizan en bolsa la oportunidad de disociarse de sus actividades relacionadas con los asentamientos para ser eliminadas de la base de datos. Las ediciones futuras también deben ampliar el alcance de sus criterios.

Aún así, mucho dependerá de la dura negociación política que dará forma a las decisiones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos.

Los palestinos han disfrutado tradicionalmente de una mayoría en este foro; pero como demostró el período previo a la reunión del Consejo de Seguridad de esta semana, Estados Unidos está preparado para usar todo el poder a su disposición para proteger el proyecto de asentamientos de Israel de la crítica internacional y obligar a otros países a alinearse con ellos. Sin duda, estas tácticas se reproducirán durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos del próximo mes, en la que se podrían tomar decisiones sobre el futuro de la base de datos.

Mientras tanto, ya está en marcha una campaña de desinformación y amenazas para desacreditar la iniciativa, emprendida por los gobiernos de EEUU e Israel junto con una red de organizaciones pro asentamiento. Muchas de estas calumnias fueron dirigidas también contra la Unión Europea cuando emitió directrices sobre el etiquetado de los productos de los asentamiento israelíes.

Además de acusar a la UE de perpetrar un «ataque terrorista económico«, los defensores del movimiento de colonos incluso están explotando las imágenes del Holocausto para su beneficio político. Al equiparar cualquier medida por pequeña que sea contra los asentamientos ilegales israelíes con los momentos más oscuros de la historia judía y europea, estos ataques intentan intimidar y doblegar a cualquier país que defienda las normas más fundamentales del derecho internacional y los derechos humanos.

Estados europeos como el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos a veces se han unido a estos esfuerzos israelíes y estadounidenses para obstruir la base de datos, en contradicción con sus posiciones establecidas contra las actividades de los asentamientos israelíes, en línea con la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU.

En un momento en que Estados Unidos. e Israel está acabando con las condiciones imprescindibles para una solución de dos estados, los miembros de la comunidad internacional, particularmente los estados europeos, deberían reflexionar sobre su posición.

En lugar de unirse a la batalla contra los mecanismos de rendición de cuentas, los gobiernos deberían tratar la base de datos de la ONU como un esfuerzo tangible para preservar el territorio de un futuro estado palestino. También deberían verla como una oportunidad para fortalecer la debida vigilancia interna obligatoria y desarrollar marcos regulatorios más sólidos que impidan las prácticas empresariales en los asentamientos israelíes.

No defender los principios colectivos de la comunidad internacional solo servirá para envalentonar al movimiento de colonos israelíes y a quienes se beneficien de él. Tal fracaso también profundizará la realidad de una situación de ocupación indefinida y la desigualdad, y erosionará la importancia de un orden internacional basado en reglas.

La empresa israelí, Shapir, socia de la española CAF, está entre las empresas denunciadas por el Consejo de Derechos Humanos de las NNUU por estar involucrada en la ocupación de Palestina

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

Shapir Engineering and Industry, socia de la española Construcciones y Auxiliar Ferrocarril  (CAF) es una de las 112 empresas que en una primera relación está incorporada en la Base de Datos que ha hecho pública el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Ginebra este miércoles.

Shapir es una empresa de construcción e ingeniería que explota varias canteras, produce materiales y construye en las colonias sionistas en los Territorios Ocupados Palestinos.

Shapir es la empresa que CAF eligió como socia para formar un consorcio, finalmente ganador de un concurso realizado por las autoridades de la potencia ocupante, Israel, consistente en construir, gestionar líneas de tranvía y sus equipos móviles en los Territorios Ocupados Palestinos desde Jerusalén hasta las colonias de los alrededores.

El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe se dirigió a la Alta Comisionada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el pasado septiembre, para que ambas empresas fueran incluidas en la Base de datos, cuya elaboración había sido decidida por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2016. El retraso en su publicación ha venido ocasionado por las presiones de diversos gobiernos para que no se hiciera pública y por haber realizado un procedimiento de comprobación, contraste de información y aviso a las empresas afectadas.

Finalmente, una lista inicial se ha hecho pública y el CSCA insistirá para que CAF sea incluida en esa Base de Datos. Se dirigirá a las delegaciones diplomáticas permanentes del Consejo de Derechos Humanos para que CAF sea incluida en esa Base de Datos mientras no desista de apoyar la ocupación y participar en ese proyecto.

La importancia de esa Base de Datos es que permite a los Estados identificar a las empresas que violan las leyes internacionales, como las Convenciones de Ginebra, que entre otras cosas prohíben el desplazamiento de la población por parte de la potencia ocupante. Las empresas delincuentes podrían ser excluidas de concursos internacionales y los consumidores ejercer la defensa del derecho internacional apartando de su consumo a sus productos.

La razón de la elaboración de la Base de Datos es que la conquista y fuerza militar no hace derecho y que Israel no tiene soberanía sobre los Territorios Ocupados Palestinos.