Una misión de investigación independiente entregó un informe a las Naciones Unidas el jueves catalogando una plétora de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Libia, incluyendo asesinatos en masa, detenciones arbitrarias, torturas sistémicas y el desplazamiento forzado de cientos de miles.

El informe, que se basó en investigaciones en Libia, Túnez e Italia y entrevistas con más de 150 personas, reconoce que el trabajo de la misión había sido obstruido por el gobierno respaldado por Occidente en Trípoli.

Mientras que se centra en los delitos cometidos entre 2016 y 2020, el informe comienza reconociendo: “Desde la caída del régimen [de Muamar] Gadafi en 2011, la fragmentación del Estado y la proliferación de armas y milicias que compiten por el control del territorio y los recursos han socavado gravemente el estado de derecho en Libia. Libia también ha sido escenario de conflictos armados casi ininterrumpidos” que han dado lugar a “delitos contra los más vulnerables, incluyendo mujeres, niños, miembros de minorías étnicas, migrantes, solicitantes de asilo y desplazados internos’.

Sin embargo, en ninguna parte el informe se refiere a lo que precipitó la caída del régimen de Gadafi, la desintegración tanto del Estado de Libia como de su sociedad y la violencia masiva resultante, es decir, la guerra de agresión de más de siete meses lanzado por Estados Unidos y la OTAN en marzo de 2011.

El informe destaca el estallido de violencia durante la batalla de 2019-2020 por la capital de libia, Trípoli entre las dos facciones principales del país —el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, reconocido por la ONU, respaldado por Turquía, Qatar e Italia, junto con milicias islamistas complementadas por miles de combatientes mercenarios de Siria— y su gobierno rival en el este del país, que es defendido por el Ejército Nacional Libio (LNA) del ex activo de la CIA Khalifa Haftar, con el respaldo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Francia.

“Los ataques aéreos han matado a decenas de familias. La destrucción de instalaciones relacionadas con la salud ha afectado el acceso a la atención médica, y las minas antipersonales dejados por mercenarios en áreas residenciales han matado y mutilado a civiles”, dijo el presidente de la misión de investigación, Mohamed Auajjar.

El informe llama especialmente la atención sobre el asesinato en masa perpetrado por la milicia Kaniyat, responsable de la muerte de cientos de civiles en la localidad de Tarhuna, al sureste de Trípoli. Los cuerpos recuperados de las fosas comunes allí habían recibido varios disparos después de que las víctimas fueran esposadas, vendaron los ojos y les ataron las piernas. La milicia Kaniyat se ha alineado tanto con el GNA como con el LNA en diferentes puntos del conflicto.

El encarcelamiento arbitrario y la tortura siguen siendo endémicos en Libia, según el informe. Afirma:

La mayoría de estos presos nunca han sido acusados, condenados o sentenciados a prisión después de una audiencia pública y justa. Muchos están detenidos en regímenes de incomunicación, algunos en cárceles secretas que oficialmente no existen, a veces durante años sin ninguna perspectiva de liberación. No se informa a las familias de los presos sobre el destino de su familiar. La tortura es una característica establecida del sistema penitenciario. Las condiciones de detención se caracterizan por la falta de higiene, alimentación y atención médica adecuada, así como por la ausencia de separación entre niños y adultos. La Misión documentó varios casos de muertes por ejecuciones sumarias, tortura, inanición, malas condiciones sanitarias y denegación de atención médica. La violencia sexual prevalece, en particular durante los interrogatorios, y adopta diferentes formas, incluyendo la violación, las amenazas de violación o la coacción para cometer abusos sexuales contra otros reclusos. Las mujeres se encuentran particularmente vulnerables y la evidencia también indica que los hombres no se libran de la violencia sexual”.

El informe cita el desplazamiento interno forzado de cientos de miles de libios que no pueden garantizar condiciones de vida viables. Destaca el caso de Tawergha, donde unas 40.000 personas, que pertenecen al grupo étnico del mismo nombre, fueron expulsadas de sus hogares en 2011 por milicias islamistas con base en Misrata, respaldados por ataques aéreos de la OTAN. Una década después, la gente de Tawergha aún no ha podido regresar a la ciudad, que fue arrasada por las milicias respaldadas por Estados Unidos.

También se documentan en el informe los crímenes masivos llevados a cabo contra los migrantes, la mayoría de ellos del África subsahariana, que ingresan a Libia en un intento de cruzar el Mediterráneo hacia Europa. La Guardia Costera de Libia (LCG), entrenada y financiada por la Unión Europea, afirma, intercepta los barcos que transportan migrantes de una manera que es ‘violenta o imprudente, lo que a veces resulta en muertes’. Continúa:

A bordo, hay informes de que los LCG confiscan las pertenencias de los migrantes. Una vez desembarcados, los migrantes son trasladados a centros de detención o desaparecen, con informes de que las personas son vendidas a los traficantes. Entrevistas con migrantes que anteriormente se encontraban en los centros de detención de DCIM establecieron que todos los migrantes —hombres y mujeres, niños y niñas— se mantienen en duras condiciones, algunos de ellos mueren. A algunos niños los retienen con adultos, lo que los pone en alto riesgo de abuso. La tortura (como descargas eléctricas) y la violencia sexual (incluyendo la violación y la prostitución forzada) son frecuentes.

La misión de investigación señala que “los actos de asesinato, esclavitud, tortura, encarcelamiento, violación, persecución y otros actos inhumanos cometidos contra los migrantes forman parte de un ataque sistemático y generalizado dirigido a esta población, en desarrollo de una política de Estado. Como tal, estos actos pueden constituir crímenes contra la humanidad”.

Esta política de Estado implica un sistema coordinado de brutalización y explotación de los migrantes, quienes son capturados por la LCG, entregados a cárceles administradas por milicias y liberados solo después de pagar sobornos o pasar por un período de trabajo forzoso o prostitución. El informe dice que algunos migrantes han pasado por este ciclo hasta diez veces.

También cita la “responsabilidad que puede ser asumida por terceros Estados”, sin nombrarlos, aunque ciertamente los crímenes cometidos por las autoridades libias contra los migrantes también están en apoyo de la política de la “Fortaleza Europa” destinada a mantenerlos fuera.

El informe cita dos incidentes en mayo y julio de 2019 durante los combates en Trípoli en los que un campo de detención de migrantes instalado junto a la sede de una milicia fue bombardeado dos veces, matando a decenas de migrantes, a quienes se les impidió huir de los ataques.

En conclusión, la misión de investigación afirma que “La violencia que ha azotado a Libia desde 2011, y que ha continuado casi sin cesar desde 2016, ha permitido la comisión de graves violaciones, abusos y crímenes, incluyendo crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, contra los más vulnerables’. Los autores del informe afirman que han identificado a ‘actores libios y extranjeros’ que pueden ser responsables de estos crímenes, y que esta información puede compartirse con la Corte Penal Internacional (CPI).

Pero los ‘actores extranjeros’ que tienen la mayor responsabilidad de transformar a Libia de lo que fue considerado uno de los países más avanzados de África en un infierno nunca nombrado. Permanecen en los principales puestos estatales en Washington, París y Londres después de lanzar una guerra no provocada contra Libia con el pretexto falso de una masacre supuestamente inminente en la ciudad oriental de Bengasi y bajo la sucia pancarta de los ‘derechos humanos’.

El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que juzgó a los ex gobernantes nazis de Alemania, calificó la guerra de agresión como “no solo un crimen internacional; es el crimen internacional supremo, y sólo se diferencia de otros crímenes de guerra en que contiene en sí mismo el mal acumulado del conjunto”.

La verdad de este principio encuentra verificación sangrienta en los crímenes interminables perpetrados contra el pueblo libio en la década desde que Estados Unidos y la OTAN mataron a miles y arrasaron gran parte del país durante siete meses de bombardeos continuos, mientras armaban y ayudaban a las milicias vinculadas a Al Qaeda para servir como sus tropas terrestres delegadas.

Los responsables de este ‘crimen internacional supremo’ cometido en Libia nunca han sido obligados a rendir cuentas. Entre ellos se encuentran el expresidente Barack Obama, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien elogió con alegría la tortura y asesinato de Muamar Gadafi al declarar ‘Vinimos, lo vimos, murió’, junto con el actual presidente Joe Biden, su secretario de Estado, Antony Blinken y otros altos funcionarios de la administración.

No hay perspectivas de que la misión de investigación de Libia entregue sus nombres a la Corte Penal Internacional, e incluso si lo hiciera, la CPI no haría nada. Su procedimiento operativo estándar es ignorar los crímenes de guerra masivos llevados a cabo por el imperialismo estadounidense, que ha cobrado más de un millón de vidas durante la última década, mientras procesa a dictadores menores y caudillos de la guerra en países oprimidos y ex coloniales.

De los 30 casos abiertos de la CPI, todos son contra africanos, mientras que la corte ha anunciado escandalosamente que abandonará cualquier investigación de crímenes de guerra cometidos por Washington en Afganistán, en lugar de centrar toda su atención en los talibanes.

Arreglar cuentas con los criminales de guerra en Washington es tarea de la clase trabajadora estadounidense, unida en la lucha con los trabajadores de África, Medio Oriente y el planeta entero.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de octubre de 2021