La recuperación de la actividad productiva, el empleo y los ingresos en México está estrechamente vinculada a la dinámica de aquel país, con el que estamos cada vez más estrechamente vinculados en términos financieros, comerciales y de inversión. Hoy nuestra economía vive de la exportación y las remesas. Eso sostiene también el valor del peso y determina la tasa de interés.

Esto quiere decir de modo directo que las expectativas favorables de crecimiento para 2021 no están ancladas en el mercado interno sino en el marco del tratado de libre comercio, el T-MEC. Y eso es insuficiente.

De acuerdo con los datos registrados y las previsiones que han circulado recientemente, la producción podría crecer alrededor de 5 por ciento este año. No hay que perder de vista tres cuestiones al respecto. Una: en 2020 el producto interno bruto cayó 8.5 por ciento. Dos: en el primer trimestre del año el crecimiento fue -2.9 por ciento con respecto al mismo trimestre del año anterior. Tres: frente al trimestre inmediatamente anterior, la tasa fue sólo 0.4%. La economía está detenida. Esa es hoy la condición determinante.

Detrás de estas cifras, como ocurre con todas las mediciones económicas hay siempre una historia, una serie de hechos que muestra las vísceras del proceso de producción y su impacto en las condiciones económicas del gobierno, las empresas, las finanzas y, especialmente, los trabajadores (formales, informales, por sectores productivos, por regiones geográficas, desempleados, subocupados, por edades, etcétera).

La población ocupada está muy por debajo del nivel registrado a fines de 2019, al mismo tiempo que los desocupados se cuentan en más de 2.5 millones de personas y los subocupados son del orden de 8 millones. Las mediciones de las líneas y los niveles de la pobreza indican el impacto negativo de la crisis desatada por la pandemia y, también, las limitaciones estructurales y coyunturales de las políticas públicas para enfrentarla. La pobreza laboral se estima que afecta a más de 40 por ciento de la población.

Este débil panorama social que prevalece no se superará por sí mismo, como es obvio. La recomposición del mercado interno es imprescindible. Para ello se requiere un mayor nivel de gasto en inversión pública y privada que genere empleos bien remunerados, un aumento de la productividad y del consumo; que altere favorablemente el sentido de la tendencia actual y la sostenga en el tiempo.

Cualquier consideración sobre el crecimiento y su difusión virtuosa en la sociedad exige una perspectiva de largo plazo que no se advierte en el país. El tiempo está hoy en contra de cualquier perspectiva bien cimentada de mejoramiento de las condiciones del bienestar.

Al final de 2020, la población disponible para trabajar (las personas en condiciones y que dejaron de buscar trabajo) aumentó en alrededor de 3 millones; entre el primer y tercer trimestre el alza fue de 5 millones, la reabsorción aún tiene mucho por delante, pero no hay que olvidar que las condiciones en las que esto ocurre son de mayor precariedad; una condición lacerante.

La caída de los trabajos formales a fines de 2020 estuvo por encima de 747 mil; en el primer trimestre de este año se crearon 252 mil. Las cuentas indican, pues, que seguirá habiendo un déficit de empleos mejor remunerados y con prestaciones pues hay que añadir a los trabajos perdidos, los que demandarán los nuevos entrantes al mercado laboral. Las perspectivas de estos ciudadanos son muy endebles.

La inflación está en un nivel de 6.08 por ciento, los especialistas dicen que es un fenómeno temporal, pero si eso pasa en un escenario de estancamiento, no puede descartarse que cualquier reanudación del crecimiento provoque cuellos de botella en el abasto que la mantenga por encima de la meta de 3 por ciento. La desalineación en materia de precios es grande. La inversión como proporción del producto es de 18.6 por ciento, la meta de 24 por ciento requiere de un esfuerzo grande y concertado; hoy es difícil apreciar cómo llegar a esa cifra.

La información disponible, así como las tendencias del gasto agregado (público y privado en consumo e inversión) enmarcan claramente la dimensión de las exigencias económicas para crear empleos productivos, ingresos suficientes y mejores condiciones de bienestar y, hay que insistir, que se sostengan en el tiempo. Sólo alrededor de ese eje podrá irse mejorando una situación social crítica, sólo así podrá mostrarse que la nueva orientación de la política pública, incluidas ciertamente, cuestiones clave como la salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad personal podrán alterarse.

La gente necesita de mejores condiciones materiales, aunque esa no sea, precisamente, la prioridad ética que se pregona en el gobierno. La autonomía moral que debe prevalecer en los individuos tiene que chocar lo menos posible con la autoridad del Estado.