Resulta vergonzoso, pero no sorpresivo, el papel cumplido por gran parte de los gobiernos latinoamericanos, que sin emitir crítica alguna, son testigos de una gira del secretario de estado norteamericano Mike Pompeo, destinado a amenazar al gobierno de Surinam, preparar acciones golpistas contra Venezuela y al mismo tiempo avalar un informe condenatorio en temas de derechos humanos elaborado por grupos pro-golpistas.

Esta conducta de los gobiernos, principalmente los sudamericanos, sin excepción, es un aval al periplo de Pompeo, mandatado por Donald Trump, a pocas semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que de esta manera exprime sus posibilidades de generar efectos políticos y comunicacionales, que le permitan acortar la diferencia en las encuestas con su rival, el demócrata, Joe Biden. A la idea de validar este objetivo, se suma propiciar el acercamiento entre monarquías árabes con el sionismo, continuar su guerra comercial con China, presionar a sus socios europeos, en especial Alemania, para frenar sus proyectos energéticos con Rusia. Todas ellas, son parte de esta estrategia global del imperialismo, donde la desestabilización contra Venezuela cobra especial relevancia, en el concierto de la política implementada con Latinoamérica, tratando de generar un renacimiento trumpiano de la Doctrina Monroe.

La Chapuza con nombre de Informe

Previo al viaje imperial de Pompeo, se dio a conocer un informe sobre los derechos humanos en Venezuela. Un documento elaborado al alero de supuestos “expertos” ligados al grupo de Lima y Estados Unidos, que resta credibilidad a exposiciones que requieren una alta cuota de profesionalismo. Como también miradas amplias, información general y no que se elabore, como se hizo en este caso, un escrito alejado de toda la rigurosidad, que el tema de derechos humanos merece, incluyendo la necesidad de haber efectuado un trabajo en terreno, elemento ausente de una labor que representa parte de la agenda desestabilizadora de Washington.

Tal situación despertó, no sólo la lógica indignación del gobierno presidido por Nicolás Maduro, sino también organismos de defensa del proceso revolucionario venezolano e instituciones dedicadas, igualmente a la promoción de los derechos humanos, que consideraron que este informe le hace un daño gravísimo al sistema multilateral. Un Informe escuálido en profesionalismo, cuya veracidad es cuestionable de principio a fin, que no se hace cargo de principios básicos: objetividad, imparcialidad y no selectividad. De acuerdo con las declaraciones de uno de los integrantes del grupo que elaboró el informe, Paul Seils, la junta de “expertos” no viajó a Venezuela, no se entrevistaron con autoridades, no hicieron lo que se llama un trabajo de campo.

La Asociación Venezolana de Juristas presidida por la abogada y activista de los Derechos Humanos de las Mujeres, Gisela Jiménez Aranguren, quien además representa a la organización “género con clase” criticó la parcialidad del Informe y de sus integrantes, además de la duplicidad de funciones que se ha producido, dado que en paralelo está en funcionamiento la labor de la Alto Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que en los últimos días publicó una «Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela», donde se saluda y valida los avances en la colaboración, diálogo y mediación acerca de la situación en el país.

Las conclusiones del Grupo de “Videntes” entre los que se encuentra Francisco Cox Vial (1) fueron elaboradas a partir de 200 entrevistas externas y uso de documentos entregados por los grupos, movimientos y partidos, que se han dedicado a tratar de derrocar al gobierno venezolano ¿qué esperaban que dichas entrevistas y documentos argumentaran? Esta conducta, poco profesional y provocadora, deja en entredicho la metodología usada y nos alerta sobre la necesidad de ser rigurosos con aquello que se después se entrega para conocimiento público y sirve como aval en la condena a Venezuela.

Queda en evidencia, con este documento emanado de una misión internacional, supuestamente independiente y en el que se le imputa al gobierno venezolano “crímenes de lesa humanidad”, existe una marcada inclinación. Sesgo con claras intenciones desestabilizadoras, que no se tiene contra ninguno de los países que suelen ser los acusadores de Venezuela, como es el caso, por ejemplo, de Colombia. Un país donde los crímenes contra líderes sindicales, indígenas, campesinos, combatientes que se acogieron al plan de paz, entre otros, mueren por centenares año a año a manos del narcoestado colombiano, que al ser aliado incondicional y sumiso de Estados Unidos tiene patente de impunidad (no en balde existen siete bases militares estadounidenses en suelo colombiano que sirven para la guerra híbrida llevada contra la revolución bolivariana).

Sumemos el caso de Chile, hundido en una severa crisis política, social y económica, donde existen informes de derechos humanos donde se culpabiliza al gobierno del billonario presidente Sebastián Piñera, no sólo por la represión contra los pueblos originarios, sino también, por las muertes, lesiones oculares contra centenares de chilenos – muchos de ellos con pérdida total de visión – producto del uso indiscriminado de perdigones, balines y bombas lacrimógenas lanzadas al cuerpo de los manifestantes, que desde el 18 octubre del 2019 iniciaron una rebelión popular, para exigir cambios medulares: sociales, políticos y económicos del país. Todos esos informes han sido descalificados por la derecha chilena, el silencio de gran parte de los partidos de oposición y no han merecido discusión alguna en el seno de la OEA o en los medios de difusión, pero, que cuando se trata de Venezuela lo colocan en el mesón diario de análisis y disección. Son carne fresca para los programas televisivos y permiten a los catones de la política, sacar al pizarrón a todos aquellos que se presentan como progresistas. Pura hipocresía, doble rasero inaceptable.

El informe de la ONU para Chile, a dos meses del estallido social refirió, por ejemplo, que la policía militarizada chilena (llamada carabineros) actuó con brutalidad y que debe ser reformada. Dicho informe, se realizó tras una visita durante dos semanas donde se entrevistó a funcionarios de gobierno, instituciones estatales, como también al mundo opositor, por una delegación oficial, no un grupo denominado independiente (no hubo teletrabajo). El día 13 de diciembre del año 2019 la oficina de la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos entregó su informe que se sumaron a dos del movimiento de DD.HH. (Amnistía Internacional y Human Rights Watch) y al de la Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH). El organismo internacional caracterizó las violaciones a los derechos humanos de la población chilena como “violaciones graves, masivas y reiteradas en el tiempo” (2) Y sin embargo, el gobierno chileno y sus corifeos, además de los oportunistas políticos de derecha e izquierda, siguen mirando la paja en el ojo venezolano.

Es evidente que el informe sobre Venezuela responde a la política injerencista estadounidense, el grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo secretario general, el ex militante frente amplista uruguayo Luis Almagro, se ha convertido en el mayor activista anti venezolano en la actualidad. Toda una pléyade de actores calificados como golpistas y dedicados a tratar de levantar una nueva alternativa opositora tras el fracaso del autoproclamado Juan Guaidó. Un Informe parte de la estrategia de desestabilización propiciada por Washington. Una maniobra, que usando los medios de desinformación con los que cuentan los enemigos de Venezuela, han logrado incluso que sectores que suelen considerarse “progresistas” hayan asumido entero el citado informe, sin cuestionarse apenas la forme y el fondo de esta chapucería. No es un informe que haya emanado de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos.

Es un encargo dado por el Consejo de Derechos Humanos a tres leguleyos, que a su vez delegaron en contratistas panameños, la tarea de investigar, examinar y comprobar las acusaciones, desde el extranjero, contra Venezuela. La especificidad del trabajo se reseña en el mismo informe donde se señala que “el 2 de diciembre de 2019, el presidente del Consejo de Derechos Humanos nombró a Marta Valiñas de Portugal, Paul Seils del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francisco Cox de Chile como miembros de la misión de determinación de los hechos. La Sra. Valiñas fue designada como presidenta. La misión de determinación de hechos contó con el apoyo de una secretaría de 13 funcionarios con sede en la Ciudad de Panamá, integrada por un coordinador, investigadores de derechos humanos, asesores legales y de género, expertos militares y en tecnología digital y funcionarios de seguridad, administrativos y de presentación de informes”

Cox y su cofradía argumentaron que tuvieron que hacer su labor en modalidad teletrabajo – más cómodo desde oficinas climatizadas, café en grano y sin la presencia molesta de venezolanos que podrán manifestarse contra su presencia non grata. Decisión tomada porque, supuestamente, el gobierno venezolano no respondió a sus requerimientos de entrada, cuando bien sabemos que hace meses los aeropuertos internacionales están cerrados al tránsito aéreo en gran parte del planeta y gran parte de los países del mundo no autorizan la entrada y menos para andar recorriendo el país, en el marco de la pandemia del Covid-19. ¿Qué pretendía Cox y los suyos? Entrar en Venezuela en plena crisis pandémica mundial y hacer sus entrevistas con distanciamiento social y posterior cuarentena cuando regresaran a sus países de origen? La desfachatez de Cox, convertido en un rock star de los derechos humanos, trata de justificar su teletrabajo al sostener que Venezuela nunca les contesto o entregó alguna alternativa. La interrogante es ¿Quién iba a entrar ellos o los contratistas bien remunerados que se dedicaron al corte y pega?

Pero, los medios de desinformación y manipulación repiten los argumentos hegemónicos sin apenas ruborizarse. ¿Quién pago los salarios de los contratistas panameños? ¿Quién escribió el guion para llevar a cabo sus entrevistas virtuales, incluyendo, por ejemplo, al ex General Cristopher Figuera, involucrado en el intento de golpe de estado, junto a los dirigentes ultraderechistas Leopoldo López y Juan Guaidó. General que huyó y fue acogido cordialmente por el gobierno de Estados Unidos? Una declaración, que en cualquier parte del mundo no tiene valor probatorio.

Si hay algo que reconocerle a la ultraderecha latinoamericana es que sus campañas del terror, apoyadas por el 99% de los medios de desinformación y manipulación, lograr sumar en sus campañas incluso las voces acomodaticias y cobardes de aquellos que se dicen progresistas y que alguna vez levantaron las banderas de la lucha social y la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos de los estados y el respeto a la soberanía. Un sector de seudo progresistas, incapaces de levantar su voz a favor a un país y una sociedad agredida, como lo es Venezuela a través de sanciones, embargos, bloqueos, robo de sus riquezas, cercada por bases militares, con acciones militares salidas desde Colombia, con un cerco naval frente a sus costas.

En Chile, estos personajes funestos, esta alianza entre derechistas e izquierdistas, que alguna vez denominamos a los primeros como: fascistas de tomo y lomo y a los segundos, miembros del privilegiado mundo del Red Set, suelen vociferar sobre el informe sobre Venezuela, pero han callado ominosamente respecto a los cinco informes de la ONU, Amnistia internacional, Human Rights Watch y la propia Oficina de la Alta Comisionada de la ONU Para los Derechos Humanos, que reconoce violaciones sistemáticas del gobierno de Piñera y agentes del estado contra la población chilena.

Y, ahí están los informes condenatorios, sin que esta casta política putrefacta cacaree y exija que el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, los altos mandos de la Policía Militarizada sean llevados a un tribunal internacional, para responder de sus crímenes y violaciones a los derechos humanos definidos como “graves, masivos y reiterados en el tiempo”. Resulta sintomático que el mismo abogado chileno, Francisco Cox que entrega un informe condenatorio contra Venezuela, cuando se trata de Chile argumenta que “no creo que se genere una responsabilidad internacional del Estado de Chile por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del estallido social que inició el 18 de octubre pasado”. En su Informe sobre Venezuela, Cox y los suyos acusan al gobierno venezolano de numerosos actos de tortura, como palizas, asfixia con agua o productos tóxicos, violencia sexual, mutilaciones, descargas eléctricas y diversos modos de tortura psicológica. Tal vez Cox debería aclarar, si eso es un corte y pega de algunos de los cinco informes sobre los hechos en Chile o simplemente es parte de un doble rasero profesional.