Desde #yoIBEXtigo, sin embargo, hemos llegado a documentar hasta una treintena de antiguos cargos públicos –políticos, exmilitares o funcionarios– que, de una forma u otra, han acabado a sueldo de Indra.

Así, por su Consejo de Administración han pasado expolíticos como Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con José María Aznar, que entró en la multinacional tras la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno. Lo hizo junto a Adolfo Menéndez, subsecretario de Defensa (1996-2000) y Fomento (2000-2004). Ambos acabaron saliendo en 2019 tras conseguir Pedro Sánchez la presidencia del Gobierno. Y ambos fueron sustituidos por el propio Sebastián y por el exdiputado socialista Antonio Cuevas Delgado, que conservan su silla en el Consejo actualmente.

El exministro Miguel Sebastián, en conversación con lamarea.com, considera que estos casos no son puertas giratorias: “Una puerta giratoria se produce cuando a un político se le ofrece por parte de una empresa privada un puesto, sea en un consejo o como asesor o lo que sea”, explica. Sin embargo, sostiene que ni su caso ni el de las personas nombradas anteriormente se pueden enmarcar dentro de este concepto: “Es un nombramiento público y político y estamos representando los intereses de la SEPI, del Estado. No estamos allí para contentar a la empresa en su gestión, sino para defender los intereses públicos”, defiende.

De esta forma, considera que su definición de puerta giratoria “es la más estricta” y que estaría a favor de prohibirlas para evitar peligros como posibles devoluciones de favores a cargos públicos por parte de empresas privadas.

En la definición que maneja el exministro, sin embargo, sí se podría incluir a la actual consejera independiente Silvia Iranzo, secretaria de Estado de Comercio (2008-2010) y embajadora española en Bélgica (2010-2012), que fue nombrada directamente por la parte privada de la multinacional tecnológica en 2017. Su incorporación al Consejo se produjo tras la compra de Tecnocom por parte de Indra, una empresa de la que Iranzo ya era consejera.

En respuesta a este medio, desde la multinacional española descartan que estos casos sean puertas giratorias, aunque no especifican el porqué. Argumentan que las aportaciones realizadas por los cuatro últimos consejeros de la SEPI han sido “muy valiosas”: “Prueba de ello es que la Junta de Accionistas aprobó el nombramiento o en su caso la reelección de estas personas como consejeros dominicales en representación de la SEPI”, explican.

Preguntados por si se requiere alguna formación o experiencia específica para formar parte del Consejo de Administración de Indra, desde la compañía remiten a este medio a la Política de selección de consejeros. En el apartado sobre “condiciones que deberán reunir los candidatos”, muchos de los requisitos son enormemente subjetivos, como que “la propuesta de nombramiento […] habrá de recaer en personas de reconocida solvencia personal y profesional” o que la composición del Consejo deberá “favorecer la diversidad de conocimientos, experiencias, edad y género”.

En otro documento facilitado por Indra, se valora de manera positiva que los consejeros cuenten con “experiencia de gestión”, ya sea empresarial o como altos cargos en la Administración y Función Pública. En la Matriz de competencias y conocimientos, quien menor puntuación obtiene es el propio Miguel Sebastián, que solo puntúa en 4 de las 18 variables posibles. Antonio Cuevas hace lo propio en 11 de las 18.

La ristra de antiguos cargos militares que han acabado a sueldo de Indra también es larga. De esta forma, el general de división y director general de Infraestructuras Leonardo Larios Aracama fue consejero de la multinacional; el teniente general e inspector general del Ejército de Tierra Francisco Boyero Delgado, recibió en junio de 2007 la autorización de la Oficina de Conflictos de Interés para incorporarse a Indra, un visto bueno que también obtuvo ese mismo año el teniente general y jefe del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire Manuel García Berrio, entre otros.

Los ‘hijos de’

Polémicas han sido también otras relaciones indirectas de Indra con altos cargos políticos. En 2011, la multinacional compró el 33% de Oyauri Investment, una pequeña empresa tecnológica propiedad de Pablo González Romero, el hijo Felipe González. El propio expresidente del Gobierno salió muy beneficiado de esta operación, por la que Indra pagó 1,5 millones de euros. Al frente de la compañía se situaba en esos momentos Javier Monzón, nombrado presidente de Indra en 1992 bajo el gobierno socialista de Felipe González.

Solo un mes antes de la venta, González había entrado en la estructura accionarial de la empresa de su hijo. Y, en apenas 30 días, vio cómo su inversión de 376 euros –un 10%– se revalorizaba más de un 82.000% hasta los 310.000 euros, según El Confidencial. Daba la casualidad de que la sociedad también estaba participada por un ex consejero de la propia Indra, Joaquín Moya Argeler.

Una de las cláusulas del acuerdo acabó provocando un conflicto entre las partes. Así, los socios de Oyauri, que reclamaban 7,3 millones de euros por un bonus que Indra sostenía que no se había cumplido, han acabado ganando la demanda que interpusieron. Según El Mundo, otro de los puntos del contrato establecía que el vástago del histórico líder socialista tenía un blindaje de 375.000 euros que debería percibir si su vinculación laboral con Indra era rescindida.

No es esta, sin embargo, la única relación de Indra con un importante clan familiar político-empresarial. En 2001, la compañía presidida en aquellos momentos por Javier Monzón decidió gastarse 44,4 millones de euros en comprar el 100% de consultora Europraxis, propiedad de Josep Pujol Ferrusola, el hijo del expresident catalán Jordi Pujol Soley. Pujol Ferrusola se mantuvo en la compañía, llegando a ser el número uno de la oficina de Indra en Miami, puesto en el que se encontraba cuando fue cesado por Abril-Martorell en 2015, un momento en el que el clan de los Pujol se encontraba rodeado de escándalos. Esta misma semana, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido sentar en el banquillo a Jordi Pujol y a sus siete hijos por diferentes delitos.

Pero lo más curioso de la operación fue el importante aumento de contratos públicos que Indra logró con la Generalitat tras la operación de compra de Europraxis. De acuerdo con El Confidencial, “hasta 2001, la aportación de esa comunidad [Catalunya] a su cifra de negocio sólo suponía el 6%”. Pero apenas unas semanas después de la absorción, el Gobierno catalán presidido por Jordi Pujol le adjudicó la modernización del sistema tributario autonómico por un valor de casi 14 millones de euros. En diciembre de ese año, otro contrato para la mejora de la circulación le supuso otros ingresos de 3,4 millones de euros.

Explicaba por aquellos años El País que Indra había triplicado su facturación en la comunidad hasta los 60 millones de euros. Sin embargo, la compañía aseguraba a dicho diario que “La compra de Europraxis es la causante del alza de la cifra de negocios, más que los últimos contratos” e insistía en que “no hay ninguna relación entre la compra de Europraxis y el éxito en las últimas licitaciones”.

Otro vástago de un importante antiguo cargo público ha sido presidente de Indra hasta hace escasos días. Fernando Abril-Martorell ha sido el máximo responsable de la compañía desde 2015 hasta finales de mayo de este año. Su padre, de igual nombre, fue vicepresidente del Gobierno con Adolfo Suárez y procurador en las Cortes franquistas. Tras dejar la política en 1982 recaló en el ámbito empresarial como vicepresidente del Banco Central Hispano y consejero de CEPSA. Su hijo Fernando Abril-Martorell –previo paso por el Credite Suisse y JP Morgan– fue aupado a la cima de la recién privatizada Telefónica en años de Aznar. Finalmente, la SEPI le colocó al frente de Indra durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Su sustituto, a propuesta del gobierno de Pedro Sánchez, ha sido Marc Murtra, quien ha tenido cargos tanto durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como en el Ayuntamiento de Barcelona con el socialista Joan Clos. Según el diario ABC, los accionistas de Indra pidieron explicaciones “por el perfil político” del candidato a la presidencia y por su “escasa cualificación técnica”. La división en el seno del consejo ha provocado que Murtra finalmente no tenga funciones ejecutivas.

Miguel Sebastián, lo privado y lo público

La trayectoria laboral de Miguel Sebastián comienza en el ámbito privado. Tras realizar estudios de doctorado en la Universidad de Minnesota, “pasó por centros de poder relevantes para los gobiernos socialistas”, explica el sociólogo y periodista Andrés Villena en su libro Las redes de poder en España, y acabó recalando en 1995 en la sociedad de valores Intermoney.

Esta compañía, y el clan tejido en torno a ella, “representó el principal centro de reclutamiento de economistas para el gobierno de 2004”, en palabras de Villena. Allí, Sebastián coincidió con Carlos Arenillas, nombrado vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras la llegada de los socialistas al Gobierno. Sebastián, aunque en un primer momento sonó como ministro de Economía, acabó siendo nombrado director general de la Oficina Económica del Presidente y, ya en 2008, se sentó en el Consejo de Ministros ocupando la cartera de Industria, Turismo y Comercio.

Antes de ello, desde 1997, había ejercido como director del Servicio de Estudios del BBV. Un fichaje que, según Andrés Villena, “se produjo como consecuencia de sus méritos individuales, pero no fue un resultado ajeno a estas redes tecnocráticas vinculadas al PSOE”. El sustituto de Sebastián al frente de la Oficina Económica de Zapatero fue David Taguas, hasta entonces subdirector del Servicio de Estudios del BBVA, o lo que es lo mismo, el antiguo número dos de Sebastián en la entidad bilbaína.

De Intermoney también provenía David Vegara –que ya había trabajado con Felipe González–, número dos del Ministerio de Economía entre 2004 y 2009, y que acabó sentándose en el Consejo de Administración del Banco Sabadell a partir de 2015. La red en torno a Intermoney no acaba aquí. Justo en 2006 fue nombrada ministra de Educación y Ciencia Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, sobrina del expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo y del exministro de Exteriores Fernando Morán, y esposa de Carlos Arenillas. Para rizar más el rizo, Cabrera fichó como directora de su Gabinete a Carmen Balsa, casada con David Vegara.

La sombra de Castor

Una de las decisiones más polémicas tomadas por Miguel Sebastián durante sus años al frente de Industria fue la aprobación del Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, por el que se otorga a Escal UGS, S. L., la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor». Una rúbrica que realizó apenas un mes después de desembarcar en el ministerio.

La infraestructura, que acabó siendo paralizada 5 años después al registrarse más de 1.000 seísmos en la zona, ha sido definida por Greenpeace en uno de sus últimos informes como uno de “los agujeros negros del gas en España”. El paradigma de una “infraestructura innecesaria” que se estima costará 4.700 millones de euros que los contribuyentes habrán de pagar a través de la factura del gas y de cuya cuantiosa indemnización se verá beneficiada ACS, el grupo de empresas de Florentino Pérez, propietaria de Escal UGS.

De acuerdo con las informaciones publicadas por infoLibre en 2014, “ACS contrató a Intermoney buscando un trato regulatorio favorable al almacén de gas Castor”. La operación la capitaneó Miguel Ángel Lasheras, directivo de Intermoney y consejero de Enagás en el momento de la firma del contrato de asesoría. Carlos Ocaña Orbis, mano derecha de Sebastián en el gabinete económico de Moncloa y posteriormente director general en su ministerio, ejerce desde 2012 como director de Proyectos Corporativos y Regulación del Real Madrid, cuya presidencia ostenta Florentino Pérez.

El anteriormente mencionado David Taguas –sustituto de Sebastián en la Oficina Económica del presidente del Gobierno y su número dos en BBVA– acabó saliendo del Ejecutivo en 2008. Él no participó –al menos de manera directa– en las decisiones del proyecto Castor, pero tras su salida acabó fichando por el lobby de las grandes constructoras, la Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional. La Seopan la componen compañías contratistas del Estado como ACS, FCC, Ferrovial, OHL o Sacyr, entre otras.

Sirva una reflexión de Villena para cerrar: “La separación entre Estado y mercado, mito recogido en los libros de Economía, oculta una delgadísima línea roja en torno a la cual se adoptan las decisiones clave”.