Ciudad de México | Desinformémonos. Más de 60 organizaciones de 14 países y 236 defensores y activistas repudiaron la “injusta condena” de 110 años de cárcel contra el ex presidente y ex regidor del concejo municipal de Pantelhó, Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, detenidos arbitrariamente desde 2022 y acusados de la desaparición de 19 personas en Chiapas.
Las organizaciones exigieron al Poder Judicial de la entidad a que “revise el caso” por el que Cortés y Mendoza, junto con el padre tsotsil Marcelo Pérez Pérez, asesinado el pasado 20 de octubre, fueron sentenciados el pasado 4 de marzo por la jueza Mitzi Guadalupe Flores Rocha, acusada de cometer irregularidades en el proceso.
“El juicio al que han sido sometidos ha estado plagado de irregularidades, empezando porque la jueza designada para el caso: Mitzi Guadalupe Flores Rocha, destituyó a la defensa particular por parte de la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (CLIFODH), e impuso al defensor de oficio que estuvo hasta el final del juicio, auxiliado por otro abogado que ella también impuso”, señalaron en un pronunciamiento.
Recordaron que el 26 de julio de 2021 19 personas fueron desaparecidas en Pantelhó “en un contexto de violencia y enfrentamiento entre el grupo de autodefensas El Machete y el crimen organizado del grupo de Los Herrera”. Por el crimen fueron acusados Cortés, Mendoza y Pérez, a pesar de que no se encontraban en el lugar de los hechos y de que existen pruebas testificales “que corroboran la imposibilidad de que tanto Diego como Pedro, así como el padre Marcelo, pudieran haber participado en la desaparición de estas 19 personas”.
El arresto de los dos hombres, reiteraron las organizaciones, “fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión; fue realizado con lujo de violencia; se violaron completamente el debido proceso y sus derechos fundamentales”, además de que durante la detención fueron despojados de sus pertenencias y se les obligó a firmar unos papeles “desconociendo su contenido”, además de se les violó su derecho a contar con un intérprete por ser miembros del pueblo indígena tseltal.
Ante la condena, los firmantes exigieron que se revise el caso e informaron que ya se presentó “una queja” ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria-Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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