La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México acusó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) de intervenir en los asuntos internos de los países miembros, tras la declaración del organismo sobre un supuesto abuso de los mecanismos judiciales por parte del Gobierno de Bolivia. 

En un comunicado de prensa, la Cancillería mexicana pidió a la Secretaría General de la OEA «atender la naturaleza colegiada de su mandato» y, en concordancia con el derecho internacional, «no intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros» del organismo.

México emitió este posicionamiento tras el polémico comunicado de la Secretaría General, publicado el pasado lunes, en el que organismo acusó a Bolivia de usar los mecanismos judiciales como «instrumentos represivos del partido de Gobierno«. El texto se conoció en el medio del procedimiento penal contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, y sus principales colaboradores, por el caso del golpe de Estado contra Evo Morales, perpetrado en noviembre de 2019.

El Grupo de Puebla advierte que Almagro carece de autoridad moral y genera conflictos mientras la OEA reitera sus críticas al Gobierno de Arce

Al respecto, la Cancillería mexicana instó a la Secretaría General de la OEA, y a su titular, Luis Almagro, a abstenerse de realizar «pronunciamientos unilaterales« a nombre de toda la membresía.

Además, México llamó al organismo a «evitar confrontarse con un gobierno electo democráticamente como lo es el de Bolivia«. En ese sentido, la SRE advirtió que el comunicado de la Secretaría General «sienta un peligroso precedente» para una Organización creada con el propósito de buscar el «consenso».

Sin «autoridad moral»

En esta misma línea, el Grupo de Puebla, conformado por presidentes, expresidentes y líderes progresistas de América Latina, señaló que Almagro carece de «autoridad moral» tras el papel que cumplió la Misión de Observación Electoral del organismo, durante los comicios de octubre de 2019, y en la preparación de un informe que sirvió para justificar una segunda vuelta electoral, a partir de una denuncia de fraude que nunca fue demostrado.

Además de perseguir judicialmente a un centenar de personas del círculo cercano de Morales, Áñez enfrenta acusaciones por su presunta responsabilidad en las matanzas ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz, entre noviembre 2019 y noviembre de 2020.

Tras la declaración de la Secretaría General de la OEA, la Cancillería boliviana denunció el «doble rasero» utilizado por Almagro, al utilizar un discurso sobre derechos humanos para «favorecer a los intereses particulares y políticos que representa«, mientras que no se pronunció en su momento ante «las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de facto, que abusó de su poder para perseguir, torturar y asesinar» a sus enemigos políticos.