Desapariciones. Tortura. Persecución política, censura y familias destrozadas. Tráfico de niños. Abusos físicos y psicológicos innumerables e innombrables. En una palabra, terrorismo de Estado. Esas son las cosas que pensamos cuando pensamos en la dictadura militar de 1976. Pensamos también en las Madres de Plaza de Mayo, un símbolo en ese entonces de la resistencia contra el horror del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. También senos viene a la mente las juventudes políticas de aquél entonces, sus marchas a la Iglesia de San Cayetano y ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pensamos en Rodolfo Walsh, en la revista judía Nueva Presencia presidida por Herman Schiller, y el trabajo incansable que realizaron exponiendo ante el pueblo las violaciones de derechos humanos realizadas por el régimen de facto.  Pensamos, por último pero no menos importante, en los juicios a las juntas militares. La búsqueda por la verdad y la justicia. Si bien ha habido grandes avances en la búsqueda por las mismas, si bien muchos responsables dentro de los cuerpos militares han sido imputados y condenados, ¿Han sido imputados todos los responsables, realmente?

Nadie con un ápice de inteligencia o coherencia política podría aseverar hoy que los horrores de la dictadura fueron casuales. Algunos insisten en la teoría de los dos demonios, afirmando que el accionar de las guerrillas “…se constituyeron en el factor de provocación que estaban necesitando los ideólogos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, para desencadenar la sangrienta represión…” como dijese la CONADEP. Por supuesto, esto ignora el simple y claro hecho que fueron las mismas fuerzas armadas las que, en Diciembre de 1975, tres meses antes del golpe de Estado, habían declarado el fin de la guerrilla rural en el monte tucumano como resultado del Operativo Independencia, autorizado por el Decreto 261/75. También ignora cómo fue diezmada la guerrilla urbana por el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón.

Disipando estas falsedades se vuelve entonces necesario establecer cuál fue el objetivo de este plan sistemático. José Alfredo Martínez de Hoz, quien fuera ministro de economía durante la “presidencia” de facto de Jorge Rafael Videla, declaró en 1985: “Siendo yo presidente del Consejo Empresario Argentino, en el año ’75, fui con un grupo de empresarios a visitar a Videla y le expusimos nuestra preocupación de que se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad, y que se debía asegurar el imperio del orden por sobre todas las cosas”. Para entender más a fondo las palabras de Martínez de Hoz, debemos considerar su trasfondo ideológico libremercadista; una vez hagamos eso se vuelve más claro que el concepto de “libertad de trabajo” incluye consigo no solo la libertad de escoger y ejercer un trabajo remunerado, sino también de que el empresariado pueda generar mayor cantidad de puestos laborales otorgando salarios mucho más bajos, generando mayores ganancias para el mismo. Bajo esta óptica debemos entender también que cuando el ex ministro de Economía habla de un impedimento en la producción y productividad habla del obstáculo hacia esta causado por los paros y protestas causados por la crisis económica de la época. Mayores pruebas de estas afirmaciones se encuentran en la represión, tortura y asesinato de militantes y activistas sindicales y partidarios, y en la represión de huelgas y huelguistas (a quienes la burocracia imperante apodaba “guerrilleros fabriles”) que realizó el gobierno para el cual Martínez de Hoz trabajó. Entenderemos entonces, que el golpe militar de 1976 y la posterior dictadura formaron parte de un plan sistemático para establecer políticas libremercadistas en la Argentina, con los beneficiados siendo quienes formaban parte del sector empresarial.

Algunas empresas resultaron meramente beneficiarias al colaborar económicamente con la dictadura. El Grupo Macri, por ejemplo, creció enormemente durante la dictadura militar funcionando como contratista del Estado. Conocido también como SOCMA, en 1976 contaban con 7 empresas. Al finalizar la dictadura contaban con 47. Entre sus licitaciones durante ese período podemos destacar la compra del Banco de Italia y Río de la Plata, la recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires a través de Manliba acordada con el entonces Intendente de facto Osvaldo Cacciatore, la construcción de la Central Termoeléctrica en Río Tercero y la construcción del puente Posadas-Encarnación.

Otras empresas, a veces indirectamente, funcionaron como refuerzo ideológico de la misma. Fulvio Pagani (entonces directivo de la multinacional Arcor) y Piero Astori (fundador de Palmar S.A y fundador y entonces directivo de Astori Estructuras) junto con otros empresarios crearon la Fundación Mediterránea, una sociedad sin fines de lucro que, ostensiblemente, en sus propias palabras buscaba “Promover la investigación de los problemas económicos nacionales; contribuir al mejor conocimiento y solución de los problemas económicos latinoamericanos; crear un foro apartidista donde se discutan los grandes problemas nacionales y latinoamericanos…” Considerando que el gobierno militar de facto no representaba a ningún partido político, es cierto; efectivamente la Fundación Mediterránea fue, durante la dictadura, apartidista. Sin embargo, no fue apolítica; un informe de la Comisión Provincial de La Memoria de Córdoba sobre las actividades de la misma durante este período relata cómo, frente a la represión, la tortura y las desapariciones, “…en un primer momento explicitaron su conformidad con la dictadura militar…”, a tal punto que en el discurso inaugural de la Fundación, Piero Astori declaró: “Hemos vivido años de anarquía y destrucción. Hemos vivido al borde de la guerra civil y el colapso económico. Las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de la conducción de la Nación para salvaguardar la existencia misma de la patria.”; mientras que hacia 1982 “…su discurso se fue haciendo más crítico, hasta llegar a apoyar la apertura democrática”. Es decir, no sólo mostrando complicidad con los horrores practicados por el gobierno de facto, sino que oportunistamente cambiando su postura cuando era políticamente conveniente. Para analizar el posicionamiento de la Fundación Mediterránea se analizan las publicaciones de las revistas “Novedades Económicas” y “Estudios de la Realidad Económica”; medios por los cuales la Fundación Mediterránea y el IEERAL (Instituto que depende de la fundación anteriormente mencionada) difundían sus investigaciones. Los hechos nos muestran que esta Fundación fue y es un “think tank”, un grupo capaz de lograr consenso y promover políticas públicas desde el ámbito privado, ya sea por asesoramiento técnico o por la inserción de sus miembros en la estructura del poder gubernamental. En 1981 el Director de la IEERAL, Domingo Cavallo, ingresó al gobierno de la mano del Ministerio del Interior Tomás Liendo; a mediados de 1982, bajo la presidencia de facto de Bignone, asumió el directorado del Banco Central; consiguientemente, se licuaron las deudas de las empresas privadas. Es notable además, que en términos generales, la Fundación compartiera la postura económica liberal sobre la cual trabajó la dictadura, y criticase a los modelos industrialistas anteriores. En Diciembre de 1980 Cavallo planteaba criticando a dichos modelos: “Había que actuar sobre la economía tal cual era: cerrada a la competencia externa, con la mayor parte de los mercados distorsionados por la intervención estatal y por el poder de los monopolios empresariales y laborales y con un sistema financiero reducido a su mínima expresión.”

Otras empresas están acusadas de colaborar abiertamente con la dictadura conspirativamente; ex miembros en los altos mandos de la empresa Ford Motor Company y su filial en Argentina, entre ellos el ex jefe de seguridad, ex militar Héctor Francisco Sibilla están acusados como partícipes del delito de “privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas”. También están acusados de haber facilitado los datos de cada uno de los trabajadores cuya libertad les fue privada, a fin de que fueran secuestrados por las fuerzas represivas de la dictadura. Esta causa, parte de la Mega Causa de Campo de Mayo, empezada formalmente a principios de la década del 2000 y elevada a juicio en el año 2013, ha sido paralizada múltiples veces, y finalmente el día 20 de Marzo de 2017, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal urgió al Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de San Martín que procediese a fijar fecha de manera inmediata para la realización del debate oral y público en la causa.

En cuanto a justicia podemos decir que por lo menos en la causa Ford la hubo…. En cierto modo. Sibilla y sus testaferros fueron condenados en el año dos mil dieciocho a más de una década de prisión cada uno; tiempo que considerando que hablamos de delitos de lesa humanidad parece, francamente, muy escaso.

La lucha continúa y continuará, mientras haya cuentas sin saldar.

Ana Birman

Si llegaste hasta acá es porque puede ser que te interese nuestro periodismo, nuestras inquietudes, nuestras ganas de multiplicar la rebeldía, de promover la autonomía, de fomentar la auto-organización anti-autoritaria. Te invitamos a colaborar para que Gatx Negrx siga siendo una de las tantas voces necesarias para recuperar todo lo que nos han robado:  https://periodicogatonegro.wordpress.com/aportes/