Había salido a tomar el aire frente a su casa y no ha podido volver desde entonces. A mediados de abril, las fuerzas de seguridad marroquíes trasladaron al costamarfileño Kassi a uno de los centros de internamiento creados en Marruecos para encerrar a migrantes sin papeles durante el estado de emergencia, aunque tuviesen un lugar donde cumplir el confinamiento. Mientras el país ha comenzado a rebajar las restricciones de circulación vinculadas a la pandemia, centenares de subsaharianos continúan encerrados en El Aaiún (Sáhara Occidental) tres meses después. La medida, como otras aplicadas en los países de tránsito en la ruta migratoria hacia España, afecta de manera indirecta sobre los flujos migratorios, que se han visto reducidos durante el estado de alarma.

Las restricciones ligadas a la COVID-19 en países clave para la política migratoria española se han convertido en la práctica en un obstáculo más a sortear por quienes intentan llegar a Europa a través de España. Las duras medidas implantadas por Marruecos durante el estado de emergencia sanitaria, con una sobreactuación con respecto a los migrantes sin papeles, han complicado la movilidad desde su territorio. A ello se ha sumado el impacto económico del confinamiento sobre las personas migrantes en el Reino alauí, pero también en Argelia, Túnez y Mauritania, así como en algunos países de origen de África subsahariana.

Desde mediados de marzo, las llegadas irregulares a España han reducido el ritmo marcado durante los primeros meses del año, a excepción de la ruta canaria, que se ha mantenido estable y ha experimentado un profundo aumento en comparación con las cifras registradas el año anterior en las mismas fechas, según los últimos datos del Ministerio del Interior.

El 2020 comenzó con cerca de 2.000 entradas clandestinas mensuales al conjunto de España durante los meses de enero y febrero. En marzo, las llegadas irregulares por mar y tierra cayeron a las 933. En abril, fueron 824. En mayo y junio, el flujo migratorio ha empezado a aumentar. Los migrantes que consiguen acceder a España han superado el millar respectivamente.

No obstante, la ruta canaria ha mantenido el crecimiento registrado desde principios de año, aunque en el mes de junio ha experimentado un ligero descenso en el número de entradas. Según los últimos datos de Interior, los accesos irregulares por las islas han subido un 484% desde el 1 de enero al 30 de junio con respecto al mismo periodo del año anterior. En el resto de España, se ha producido una caída del 35%.

Estos factores, a los que se suma la tendencia al alza de las llegadas irregulares durante los meses estivales, empujan al Gobierno a prever un posible repunte migratorio hacia las costas españolas en los próximos meses, una vez que los ejecutivos de terceros países, especialmente Marruecos, recuperen cierta «normalidad» y reduzcan aquellas medidas contra la COVID-19 que se ceban especialmente contra la población subsahariana en el país. No obstante, España estima que, cuando llegue el momento, el Ejecutivo pueda reactivar la maquinaria de las deportaciones, paralizada debido al cierre fronterizo de los países socios.

En los países del norte de África desde donde parten las embarcaciones hacia Europa -Marruecos, Argelia y Túnez- las personas migrantes subsaharianas han sufrido profundas consecuencias económicas durante el confinamiento. Han perdido empleos o han tenido dificultades para ganarse la vida día a día de manera informal; han sufrido hambre y han tenido que recurrir a organizaciones de ayuda humanitaria. También han padecido detenciones indiscriminadas acusados de expandir la COVID-19 y deportaciones a las fronteras de otros países.

«Yo no quiero hacer la travesía a Europa, mi idea es quedarme aquí porque tengo trabajo. Pero todos los que estamos en el centro nos hemos quedado atrapados», denuncia Kassi, quien convive con alrededor de 80 migrantes subsaharianos en el centro de internamiento. «Hoy pusieron las cámaras como si estuviéramos en una prisión», lamenta el costamarfileño, quien ha vivido durante los últimos seis años en Marruecos y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Recientemente, invirtió sus ahorros en la apertura de una peluquería en El Aaiún. La ONG Caminando Fronteras pide que las personas que den negativo y hayan cumplido el confinamiento puedan ser liberadas, mientras que los migrantes que han tenido un resultado positivo debido al brote surgido en la zona tengan la posibilidad de seguir la cuarentena «en condiciones dignas».

Las férreas medidas aplicadas por Marruecos para frenar el avance del coronavirus permanecen para los migrantes subsaharianos en El Aaiún, uno de los puntos de partida en la ruta migratoria hacia las Islas Canarias. Las medidas de seguridad han aumentado en la zona tras la detección de un brote de COVID-19 en una empresa de conservas ubicada en el puerto de la ciudad. Pero los migrantes que llevan meses internados en los centros marroquíes, que no han tenido contacto con estos casos y han dado negativo en las pruebas PCR, reclaman su liberación.

«Hemos estado aquí atrapados… Desde entonces pedimos ser liberados, pero nada», reclama el hombre costamarfileño, cuyo nombre real no es publicado por razones de seguridad. «Ninguno de nosotros aquí tiene el coronavirus. Dimos negativo, pero hasta ahora no nos dejan irnos de aquí», se queja el peluquero, agobiado tras meses sin ingresos por no poder abrir su negocio.

Según su relato, la tensión ha aumentado en los últimos días en el interior del edificio donde se encuentra retenido. Este domingo, varios de sus compañeros resultaron heridos durante un intento de escapar del recinto. El costamarfileño envía vídeos de dos hombres con heridas en sus piernas. «Desde las 6:00 horas están sufriendo. Las autoridades se niegan a enviarlos al hospital. Ya no sabemos quién nos va a ayudar realmente. En los últimos tres meses hemos vivido un calvario», clama Kassi.

Durante el estado de emergencia sanitaria, las fuerzas de seguridad marroquíes expulsaron a grupos de subsaharianos desde Nador a la frontera con Argelia. “Los marroquíes nos cogen en el bosque, éramos más de 40 personas; nos roban, tenemos que andar mucho, no te dan de comer, estamos cansados”, denunciaba el 6 de abril uno de los expulsados. En varios mensajes relataron que había personas heridas, menores y que les hacen subir montañas.

En Marruecos, el confinamiento agrupó a decenas de personas de origen subsahariano en casas en las grandes ciudades de Tánger, Rabat y Casablanca. Desde Rabat, algunos migrantes recurrieron a las iglesias porque las sedes de las organizaciones que normalmente les prestaban ayuda estaban cerradas, como Cáritas, aunque continuasen prestando apoyo a sus beneficiarios. “La gran mayoría de los inmigrantes no tienen un trabajo formal y viven de la economía sumergida, así que cuando se decretó el confinamiento sus ingresos económicos son muy pocos o casi nulos. Esto les está llevando a tener dificultades para pagar el alquiler e incluso comer”, explica Inma Gala, delegada diocesana de migraciones en Tánger, en una entrevista con eldiario.es.

Atenderlos ha sido especialmente complicado porque “muchas de estas viviendas donde se hacinan durante el confinamiento no tienen agua corriente o tienen que compartir aseos con otros vecinos. Esto es una dificultad para la higiene”. Algunos conseguían algo de comida porque sus vecinos la compartieron con ellos. Se crearon también redes de solidaridad, y parte de los migrantes acogieron a otros compañeros en sus casas para que no estuvieran en la calle.

Una parte destacada de las pateras que han llegado a España durante los últimos meses proceden de Argelia y en ellas viajan principalmente sus nacionales, sostiene la activista Helena Maleno. “Las pateras de Argelia no han dejado de salir en todo el tiempo del confinamiento, el control es menor”, sostiene la investigadora y fundadora del colectivo Caminando Fronteras. En el país norteafricano, los migrantes subsaharianos también se han encontrado confinados, sin trabajo y sin recursos. La organización Médicos del Mundo en Argel ha distribuido durante este tiempo alimentos entre algunas de los personas “que viven en las construcciones donde trabajan”, apuntan desde la ONG. Durante el encierro, el Gobierno argelino detuvo las expulsiones a las frontera con los países del Sahel, que giran en torno a las 500 devoluciones mensuales.

Túnez tomó medidas a favor de las personas migrantes

Por su parte, el gobierno tunecino ha tomado una serie de medidas a favor de los extranjeros que viven en el país, especialmente los africanos subsaharianos. Los permisos de residencia válidos hasta el 1 de marzo se extendieron hasta el final de la crisis sanitaria y las personas indocumentadas pudieron moverse sin temor a ser detenidas, desde que comenzó el confinamiento el 22 de marzo.

“Debemos respetar los derechos y la dignidad de todas las personas sin discriminación alguna. Este virus afecta a la humanidad, y los tunecinos y los extranjeros tienen los mismos derechos para ser tratados y vivir con dignidad”, dijo a los medios nacionales la ministra de Derechos Humanos Ayachi Hammami. Sin embargo, el 53% de los migrantes han perdido su trabajo durante el confinamiento y las ONG han denunciado los centros de internamiento. La solidaridad volvió a cubrir las necesidades vitales. Las ciudades de Soussa y Monastir crearon un circuito de distribución de donación de alimentos para miles de personas sin ingresos y que pasan hambre, con la contribución también de las tiendas de comestibles.

Desde el centro de internamiento donde Kassi está recluido en Marruecos, envían imágenes de letrinas sucias y colchones en el suelo. En sus tres meses de encierro, se pregunta una y otra vez por qué continúa en ese lugar, si ha dado negativo en el test de coronavirus, si trabaja en su propia peluquería y no tiene previsto migrar a Europa. Mira a su alrededor y ve que todos sus compañeros son migrantes subsaharianos. Se siente en una cárcel. Y llega a una conclusión: «Creo que Marruecos nos mantiene encerrados a los negros para chantajear a Europa y España, para cumplir con sus intereses».