Un total de doce organizaciones jurídicas y sociales van a presentar hoy una denuncia ante la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en Madrid, en la que se pide al Gobierno que paralice la venta ilegal a Marruecos de un patrullero de altura que sería fabricado por Navantia, Esta venta fue anunciada el pasado enero por la Ministra de Hacienda María Jesús Montero. Los denunciantes consideran que contraviene la legislación española para el comercio de material de defensa y el Derecho Internacional.

El documento, al que ha tenido acceso cuartopoder, está firmado por el abogado saharaui Sidi Talebbuia Hassan, en representación de las siguientes organizaciones: AAPSS Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, AISCA Amel de Inmigrantes Saharauis en el Centro de Andalucía, Asociación Ardi Hurra de la Comunidad Saharaui en Sevilla, APRASE Asociación Profesional de Abogadas/os Saharauis en España, Asociación Colectivo Saharaui de Jaén, Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza, Asociación de Periodistas Saharauis en España, Asociación Saharaui en Granada, Asociación Saharaui en Málaga Baha, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental y Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental.

La anunciada venta se enmarca dentro de la reanudación del conflicto armado entre Marruecos y el Frente Polisario, y las denuncias de una escalada de la represión marroquí a la población civil saharaui en las zonas ocupadas del Sahara Occidental. La denuncia recoge la verificación de esto último por diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos.

Según los denunciantes, esta situación obliga a la Administración española a denegar las autorizaciones de exportación de equipos militares a Marruecos según la Ley 53/2007 de 28 de diciembre de 2007, el Real Decreto 679/2014 (que incorpora también limitaciones previstas en las normas internaciones) y la Aplicación de la Posición común 2008/944/PESC aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 8 de diciembre de 2008.

“La venta de la fragata que amenaza a la población saharaui también viola la responsabilidad jurídica de España como potencia administradora de iure del territorio no autónomo del Sahara Occidental reconocida por Naciones Unidas y la propia justicia española y europea”, destacan las organizaciones. También incumpliría el compromiso expresado en comunicado oficial el 13 de noviembre de 2020 por el Ministerio de Exteriores de “apoyo a la ONU para garantizar alto el fuego en el Sáhara Occidental”.

“La guerra actual entre Marruecos y el Frente Polisario a consecuencia de la ruptura del Acuerdo de alto el fuego de 1991, tras el asalto a Guerguerat por parte de Tercera Brigada motorizada de las fuerzas reales marroquíes, amenaza la estabilidad de la región por su posible extensión a la limítrofe Mauritania, que ha recibido incluso ataques de las fuerzas marroquíes al confundir a sus tropas con las del Frente Polisario, y los conflictos de Mali y Libia”, señalan los denunciantes.

Y añaden: “El retorno a las hostilidades es una preocupación expresada por la Unión Africana en su Asamblea Extraordinaria “Sobre Silenciar las armas” celebrada el pasado 6 de diciembre; y la empresa pública española Enaire encargada de gestionar la navegación aérea ha desaconsejado ya sobrevolar el Sáhara Occidental”.

Según el texto, la compra de armamentos por parte de Marruecos es un tema sensible “teniendo en cuenta sus intereses expansionistas, que alcanzan las aguas canarias, y su precaria situación económica; ambos factores vinculantes en la normativa nacional e internacional para autorizar estas exportaciones”.

“El Reino alauí, receptor de grandes ayudas españolas y europeas, desvía sus recursos a la compra de armamento cuando su propia población emigra de manera masiva ante la pobreza de un país cuyo indicadores económicos y sociales acreditan una situación de miseria grave y tasas de analfabetismo, mortalidad o déficit alimentario a la altura de los países africanos peor situados”, destacan.

Esta denuncia llega tras la protesta realizada el 27 de febrero ante la sede de Navantia en Cádiz por la población saharaui en la diáspora y el movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui, que insistió en que no debe utilizarse como hizo la Ministra Montero la depauperada situación económica de la provincia de Cádiz, donde se construirá la fragata, como excusa para esta venta ilegal que obliga a trabajadores y trabajadoras a elegir entre la fabricación de armas o el pan de sus familias.