Como movimiento LGBTI, siempre hemos reivindicado nuestro derecho a ser y existir. Este fue nuestro lema en la primera manifestación del Orgullo, en Barcelona en el año 1977. Sin embargo, este sistema capitalista intrínsecamente ligado a la injusticia, no garantiza nuestra existencia en condiciones de dignidad. En algunos países, de hecho, ni siquiera se garantizan nuestras vidas: la pena de muerte para las personas LGBTI, la esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina (en torno a los 35 años) o de las personas LGBTI en a nivel mundial (44 años), son algunos ejemplos que lo prueban.

En el contexto de emergencia social agravada por la crisis del COVID, se multiplican las personas que no se han podido acoger a ERTEs o ayudas sociales por ser trabajadoras de la economía informal y/o no tener la posibilidad de cumplir otros requisitos administrativos. Cabe citar el caso del 85% del colectivo trans que padece paro estructural viéndose en muchas ocasiones abocado a la prostitución. Es el caso también de todas las personas migradas LGBTI que se encuentran en situación de “irregularidad” legal y exclusión social. Es el caso de todas las personas que han sido expulsadas de sus trabajos obligadas por situaciones de discriminación LGBTIfóbica, o que han continuado en ellos viéndose abocadas a ocultar su orientación sexual o identidad de género (6 de cada 10 personas LGBTI en España). Es el caso de personas jóvenes que, al no poder emanciparse, tienen que vivir en un hogar donde no se les respeta, o de las menores LGBTI que se han visto obligadas a pasar el confinamiento con familias LGBTIfóbicas y que, ahora, se ven excluidas de medidas como el Ingreso Mínimo Vital. Y es que, efectivamente, no podemos permitir que nadie se quede atrás, tampoco el colectivo LGBTI.

Por ello, creemos que es la hora de que, como movimiento LGBTI, reclamemos esta medida que garantice tener nuestras necesidades básicas cubiertas. No solo las nuestras, sino las del conjunto de la población; haciéndola especialmente accesible para mujeres, menores y colectivos sociales. Una Renta Básica, también con una nítida perspectiva de género como han reivindicado compañeras del movimiento feminista, que garantice lo necesario para el sostenimiento de la vida, que nos libere tiempo para poder seguir realizando nuestras vidas, y que sea individual, universal e incondicional. La implementación de urgencia de esta medida no solo nos garantizaría un techo y alimento, sino también la posibilidad de acabar con situaciones de discriminación laboral LGBTIfóbicas, de salir de situaciones de violencia en el ámbito familiar o de violencia intragénero en el de la pareja y de no tener que soportar condiciones laborales abusivas, precarias o denigrantes por miedo a ser despedidas o excluidas económica y socialmente. No hay Orgullo si estamos explotadas.

Nos unimos, por tanto, a las voces que reclaman que esta Renta Básica Universal no tenga las trabas burocráticas que convierten las Rentas Mínimas de algunos territorios en carreras de obstáculos, ni el sesgo familiocéntrico que toma la unidad de convivencia como referencia, obviando las relaciones de poder desiguales que sufrimos las personas LGBTI. Es absolutamente necesario que esta universalidad sea real, sin criterios de exclusión para que llegue a todas, también a las personas migradas. ¡Redistribuyamos la riqueza para construir un mundo más justo, feminista y diverso!

Por justicia social, solidaridad, derecho a la existencia y lucha contra las discriminaciones: ¡Renta Básica Universal!