Fuente: Umoya num. 101 – 4º trimestre 2020                               Ainhoa Díez Ruiz.

El 8 de agosto, durante un verano marcado por la pandemia, Mali sufría su segundo golpe de estado en ocho años. El país, que una vez fue un ejemplo a seguir por sus principios democráticos, llevaba desde 2012 sumido en la inestabilidad. Unas elecciones presidenciales controvertidas, la crisis económica, la amenaza terrorista y la presencia de ejércitos extranjeros en el país han acabado desatando la agitación social.

El 10 de enero, miles de personas se manifestaban en la capital de Mali exigiendo la retirada de las tropas extranjeras, concretamente de las francesas. Se trataba tan solo de la continuación del Movimiento 5 de Junio, que se inició en 2019, en el que políticos de la oposición, líderes religiosos y los propios ciudadanos comenzaron las protestas contra el gobierno oligárquico de Ibrahim Boubacar Keïta.
Entre los diversos motivos que han llevado a los malienses a tomar las calles, no faltan las cuestiones políticas. En 2018, Keïta fue reelegido en un proceso electoral un tanto irregular que generó la desconfianza de los ciudadanos. Un sentimiento acentuado por la privatización que llevó a cabo el gobierno entre 1991 y 2013 de más de dos tercios de las empresas públicas del país en un contexto de corrupción. A ello se suman otras acusaciones, como incumplir la Constitución o los compromisos contraídos con los malienses.
La situación económica de Mali también se encuentra en un estado nefasto a pesar de ser uno de los mayores exportadores de oro de África.

Sin embargo, la riqueza generada por este sector no ha beneficiado a la población del país. Tras una aparente mejora de la economía por el aumento del PIB durante los últimos diez años, se esconde una desigualdad creciente en la distribución de la riqueza, así como una tasa de desempleo del 10%, aunque el número real parece ser considerablemente más alto.
A esta situación se añaden los asesinatos constantes de civiles y soldados malienses por grupos terroristas que se asentaron en la zona norte de Mali en 2011. Estos grupos llegaron desde Libia tras el asesinato del dictador Muamar el Gadafi y ante la inactividad de Amadou Toumani, anterior presidente del país, se instalaron en la región. Desde entonces, grupos como Al-Qaida Maghreb Islamique y el Estado Islámico se dedican a aterrorizar a la población.
A raíz de esta situación, el ejército francés inició en 2013 la operación Serval para dar apoyo a las autoridades del país. Aunque en un principio consiguieron expulsar a los yihadistas de las principales ciudades, no han podido impedir su resurgimiento en los últimos años ni su llegada al centro del país. En la actualidad no han conseguido tomar el control de las ciudades pero se mantienen como un problema constante por sus ataques a ciudades cercanas.
La presencia terrorista no es la única que rechazan los ciudadanos de Mali. Muchos consideran la ayuda de Francia como una artimaña para poder reocupar su antigua colonia. Idea reforzada por el control que la potencia mantiene, gracias a otra operación militar similar, en los cinco países que conforman el G5 Sahel: Mauritania, Niger, Burkina Faso, Chad y Mali.
Estos eventos acentúan el sentimiento antifrancés que ha caracterizado a las manifestaciones previas al golpe por la constante presencia francesa en la política nacional, desde
la independencia de la colonia hace sesenta años. También se
relaciona la presencia francesa con los problemas económicos
del país, ya que las privatizaciones que llevó a cabo el gobierno
de Keïta resultaban en gran parte beneficiosas para empresas
francesas, como es el caso del aeropuerto nacional. Mali no deja de ser solo un ejemplo de los estados que conforman la Françafrique, caracterizada por el matiz colonial en las relaciones
de los países del África francófona y la potencia europea.

Todo este malestar culminó en el golpe de estado liderado por soldados malienses que, el martes 18 de agosto de 2020, detuvieron al presidente Ibrahim Boubacar Keïta junto con su primer ministro Boubou Cissé. Ese mismo día, Keïta anunciaba su dimisión en la televisión nacional y tomaba el poder el autoproclamado Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP). Al frente del organismo estarían Bah N’Daw, coronel jubilado, y el líder del golpe, Assimi Goitacomo. El 27 de septiembre se nombraba al diplomático Moctar Ouane como Primer Ministro, atendiendo así al requerimiento de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) de que la transición a un nuevo régimen civil fuese liderada por un civil como condición previa al levantamiento de las sanciones que impusieron tras el golpe.
Las reacciones al levantamiento han sido dispares. Dentro del país se acogió la noticia con un carácter festivo. Los ciudadanos llenaron las calles de la capital para celebrar lo que consideran un nuevo capítulo en la historia del país. Esta esperanza de mejorar  la situación económica y recuperar la soberanía política con la
expulsión de Keïta explica por qué existe cierto recelo a denominar al golpe como tal en la prensa de Mali.
Por su parte, la reacción internacional no comparte el carácter ilusionante del pueblo maliense. Tanto la Unión Africana (UA) como la CEDEAO y las Naciones Unidas condenaron el golpe. Las dos primeras impusieron además diferentes sanciones al país y demandaron que se restaurara el gobierno de Keïta. Temen que, debido a la ubicación estratégica de Mali, la agitación social podría extenderse por toda África Occidental. A pesar de que el mundo se encuentra conmocionado por la pandemia del
coronavirus, lo que está ocurriendo en Mali, por lejano que parezca, puede tener también consecuencias a nivel mundial y las organizaciones internacionales son plenamente conscientes de ello.
Estas reacciones dispares reflejan el debate que se ha generado sobre la legitimidad del golpe. Aunque es un logro que África haya avanzado hacia una mayor estabilidad política gracias a que organizaciones como la UA y la CEDEAO rechazan los cambios inconstitucionales de gobierno, no se había dado el caso de que
fuesen revueltas populares las que condujesen a estos  evantamientos militares.
Ante unos procesos constitucionales de dudosa legitimidad y unas reivindicaciones fundadas de la nación maliense, el golpe de  stado se presenta como un punto de inflexión.
Este suceso podría proporcionar al país una oportunidad de cambio que mantendrá, sin duda alguna, a todo el panorama
internacional en vilo.