Los efectos de la triple crisis sanitaria, social y económica provocada por la Covid están lacerando Madrid como nunca desde la muerte de Franco. Y es que ya no ha aguanta más la fragilizada y castigada costura social madrileña. 25 años de política neoliberal extrema son demasiados, incluso para la Comunidad más rica del reino.

Las consecuencias de esa política neoliberal son muy profundas y cada vez más insoportables para la inmensa mayoría de sus 6.662.000 habitantes. Citaremos solo cuatro de las más evidentes y que necesitan soluciones con mayor urgencia: sanidad, educación, desigualdad y modelo de administración pública versus corrupción.

Recordemos que la sanidad pública de Madrid gasta 147€ por habitante, la que menos dinero emplea de España y que a día de hoy, en los centros de atención primaria, cada médico recibe una media de entre 50 y 60 pacientes diarios. En consecuencia, resulta casi imposible llegar a los enfermos crónicos, ni a muchas otras dolencias. Los teléfonos no dan abasto; no hay líneas suficientes para poder dar entrada al flujo de llamadas que se producen, ni personal para responderlas. En muchas ocasiones, se atiende a los pacientes en la calle y se generan largas colas frente a los centros de salud; faltan todo tipo de recursos, empezando por los rastreadores que no alcanzan, 6 meses después del pico de la pandemia, los mil doscientos prometidos. En esta situación varios centros de salud se permanecen aún cerrados por las tardes. Dicho de otra manera: el gobierno de coalición PP- C’s aprovecha la pandemia para dar una vuelta de tuerca más a favor de la transformación del derecho a la salud en un negocio a través de la forzar, de facto, el colapso del sistema y empujar a la población por la falta de asistencia hacia los seguros privados.

En la educación, la línea anteriormente expuesta, procede aún de más atrás. La proporción entre centros públicos y centros privados y privados concertados se distribuye en un 52% de los primeros, frente a un 48% de los segundos. Venimos de años en los que se incrementaron por decreto las ratios en las aulas, se concentró a la población con menos recursos y con mayores índices de diversidad en una educación pública en la que se minoraron en miles el número de profesores y de apoyos escolares. Ante la falta de espacio, hubo que transformar en clases todo tipo de lugares, desde laboratorios a bibliotecas. Ahora, en plena pandemia y sin haber revertido los recortes mencionados, se espera con algo más de fondos (los que remitió el gobierno del Estado en mayo) lanzar titulares que adormezcan al conjunto de la población. La solución real de los problemas educativos no puede improvisarse ni encararse sin revertir, al menos en algo, los recortes.

Madrid es la comunidad más desigual y la más rica del reino. Antes de la pandemia la diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre se situaba como la mayor de España. En los últimos 10 años, la renta media de la población madrileña se ha incrementado en un 2%, pero los más pobres han visto mermada la suya en un 30% mientras que los más ricos la ha aumentado un 3,6%.

El gasto autonómico y municipal por habitante (políticas sociales) estuvo y está dominado por el recorte y se encuentra entre los más bajos de todo el Estado. Solo 185 euros por habitante gasta la Comunidad frente a 288€ de la administración central, y 87€ por habitante frente a 120€ de la administración local. El riesgo de pobreza afecta a uno de cada cuatro ciudadanos, un porcentaje que se supera en el caso de mujeres e inmigrantes. El 26% de los habitantes de Madrid exponen tener problemas de acceso a la vivienda. La comunidad que absorbe la mayor parte de la inversión extranjera que recibe el reino, no puede evitar la pérdida contante del peso de su industria que ya no alcanza al 9% de su PIB o que el desempleo supere las 425 mil personas.

Madrid es también el paraíso impositivo del reino ejerciendo un evidente dumping fiscal a base de exenciones, bonificaciones y elusiones diversas.  Gracias a ello, los cuatro mil superricos censados dejan de abonar unos 1.000 millones de euros a las arcas del común mientras la deuda pública continúa incrementándose hasta alcanzar, en 2018 (último ejercicio con presupuesto), la cifra de 33.448 millones.

En los últimos 25 años, todos los presidentes de la Comunidad de Madrid han pertenecido al PP: Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes o Díaz Ayuso y todos se han visto embarrados por asuntos de corrupción acabando algunos de ellos en la cárcel o fuera de la vida política. La última de la lista, Díaz Ayuso, se ha visto salpicada por el caso Aval Madrid. Tamayazo, Lezo o la rama madrileña de la propia Gürtel representan solo algunos nombres de un modelo que, tras la pantalla de la “colaboración público privada”, ha reducido a la administración a una agencia de acuerdo de contratos con las grandes empresas. Una agencia que no tiene ganas, pero tampoco medios legales o técnicos, y aún menos personal, para controlar grandes áreas de espacio público que escapan al examen ciudadano.

En los últimos días el anuncio, rápidamente desmentido por todos los interesados, realizado por el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, al manifestar su disposición, en caso de moción de censura contra el actual gobierno, a comprometer sus votos a favor de un candidato de C’s para desalojar al PP de la presidencia de la Comunidad no ha superado el rango de la ocurrencia.

El tándem Ayuso- Aguado llega al debate del estado de la región tocado, con discrepancias en su interior, sin presupuesto, sin intención de elaborar uno nuevo y sin otra propuesta que seguir profundizando su política de recortes. Sumado a ello, se encuentra su dependencia para existir del voto de los 12 diputados de Vox. Su debilidad numérico parlamentaria les obliga: 30 diputados del PP y 26 C’s deben sumar a Vox, como hicieron en la investidura, para poder alcanzar la mayoría.

A pesar de que la diferencia entre las izquierdas y las derechas en Madrid se sitúa en solo de 4 escaños (37 del PSOE, 20 de Más Madrid y 7 de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en Pie) la izquierda no es capaz de presentar, más allá de la crítica compartida, una propuesta común en positivo. Nadie puede negar, a tenor de los lustros que lleva la izquierda sin resolver la cuestión, que no resulta una tarea sencilla presentar una propuesta alternativa a la política de austeridad neoliberal de la derecha. Y no lo es porque a otros elementos evidentes se suma que, a día de hoy, la cuestión no es solo de gobierno y mayoría parlamentaria, sino del propio régimen y su marco legal. Resulta más fácil deshacerse de Ayuso que deshacer el entramado de negocio e intereses existente y su consiguiente corrupción en un marco legal que los acaba normalizando.

Es mucho el poder del dinero y sus tramas en Madrid. Por ello, construir una alternativa a la austeridad pasa por la exigencia de mucha unidad de los múltiples actores políticos y sociales, de los partidos y de los sindicatos, de las asociaciones y del territorio a través de una parte de los ayuntamientos. Es obligado un considerable y profundo diálogo, así como el reconocimiento de su carácter policéntrico, además de una gran cantidad de modestia.

Por todo lo anterior, la construcción de esa alternativa tan necesaria aparece hoy como algo muy lejano. En todo caso, deberá apostar por un cambio del modelo productivo y por un avance hacia los principios recogidos, por ejemplo, en los 17 objetivos de desarrollo sostenible de NNUU (la agenda 2030). En otras palabras: deberá centrar sus exigencias en las necesidades de las personas y en la garantía democrática efectiva de sus derechos.

Ese esfuerzo de garantía de derechos aporta un elemento de régimen al debate. A día de hoy, es ya imposible separar la fractura social existente, la corrupción, la desigualdad, el empobrecimiento, la asfixia de la sanidad y educación públicas del marco legal que lo ampara y del mantra de la “colaboración publico privada” que lo adorna. Madrid, comunidad desnuda de otra referencia nacional que no sea la española, muestra muy a las claras como la estructura normativa actual incapacita la resolución de sus males. Dicho de otra manera, el plan modernizador del reino establecido en el régimen del 78 a través de la vertebración descentralizada del Estado de las autonomías no ha funcionado para la mayoría de la población no rica y sí, en cambio, para la minoría de los muy ricos. El mal no se halla, como quiere hacer creer la derecha, en la descentralización política-administrativa positiva e imprescindible, base de cualquier democracia republicana, sino en la forma neoliberal de su desarrollo. Bastaría con que Madrid pidiera un nuevo Estatuto de autonomía, algo a todas luces imprescindible para garantizar derechos como la vivienda o una renta básica, o que se reclamara más y mejor papel para los ayuntamientos para observar los obstáculos que el marco actual representa para lograrlo y, en consecuencia, la dificultad profunda para liberarnos de la corrupción.

Más allá de todo ello, esta semana hay una nueva oportunidad de que los 64 diputados de las izquierdas lancen de manera compartida, por ejemplo, alguna suma de medidas de urgencia reconocida para la mayoría de la población. Esperemos que no se deje de nuevo pasar la oportunidad que se presenta. En todo caso, ocurra o no, las movilizaciones anunciadas en sanidad o educación nos recordarán por enésima vez que sufrimos manera durísima los efectos de esa política neoliberal extrema que el Covid-19 y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas están dejando en carne viva.