Macron ha logrado salir adelante con su apuesta para el 24 de abril: superar el obstáculo de las elecciones presidenciales y ser reelegido a pesar de una profunda hostilidad popular hacia él y su política.

Con el 58,46% de los votos emitidos, obtuvo 17% más que Marine Le Pen. Ahora bien, más del 34% del electorado se abstuvo o votó en blanco o nulo. Macron apenas supera este porcentaje, ya que fue elegido sólo por el 38,52% del electorado inscrito. Así pues, es casi el peor resultado en las once elecciones de la V República (aparte del gaullista Georges Pompidou, elegido con un 37% en 1969. Entonces, el PCF, la principal fuerza de la oposición, pidió explícitamente la abstención).

No sólo Macron obtiene un resultado débil, sino que la mitad de sus votos en la segunda vuelta no constituyen, para nada, un apoyo a su trayectoria o a su programa. Son votos que acumula en reacción a, para evitar, la elección de Marine Le Pen, una elección que, la noche de la primera vuelta, las encuestas presentaban como probable. Durante los 15 días de campaña entre las dos vueltas, Macron ha utilizado la probabilidad de ese riesgo para presentarse como el campeón de la lucha contra la extrema derecha, declarando en relación al programa de Le Pen que «es un programa racista, que pretende dividir a la sociedad y de una gran brutalidad”. Con un cinismo sin límites, él y sus ministros dieron una imagen 180º diferente de lo que ha sido su política de los últimos cinco años, convirtiéndose, de repente, en opositores radicales a una gestión violenta y autoritaria de la sociedad; ofendiéndose, por ejemplo, por las declaraciones de Le Pen contra el derecho de las mujeres musulmanas a llevar el velo en los espacios públicos. La mayoría de los grandes medios de comunicación también han desempeñado un papel similar en la rediabolización urgente de Rassemblement National (RN), olvidando que ellos mismos habían favorecido la banalización de las ideas y el programa de la extrema derecha, al ser ampliamente complacientes, durante años, con las ideas de Le Pen o Zemmour sobre la cuestión de la seguridad, el Islam y la inmigración.

Aunque el riesgo de la elección de Le Pen se fue alejando en los días previos a la segunda vuelta, el resultado es, sin embargo, claro: el 24 de abril, obteniendo 13,3 millones de votos, la extrema derecha ha logrado su mejor resultado en unas elecciones presidenciales: 2,6 millones de votos más que en 2017 frente a un Macron que ha perdido casi 2 millones. En 2002, Jean Marie Le Pen había creado un cataclismo con un resultado muy inferior al de su hija: 5,5 millones de votos.

Ahora bien, torciendo el brazo de la parte del electorado de izquierdas que le habrá votado, Macron ha conseguido su objetivo: asegurar una distancia suficiente con Le Pen para que su victoria sea indiscutible y evitar asís que el número de abstenciones sea superior al de sus propios votos. Este resultado, por acaparación de votos ajenos, no puede ocultar una realidad evidente: independientemente de quienes le hayan votado para impedir la victoria Le Pen, el voto a Macron en la segunda vuelta adquiere claramente el tinte de un voto burgués, de clase, un voto por la  seguridad por parte de las y los pensionistas y de las capas más privilegiadas de la población activa.

Por otro lado, la hostilidad hacia Macron es ampliamente mayoritaria entre las clases populares, y la extrema derecha también se ha beneficiado de un voto en el que la mitad de quienes le han votado no proviene de una adhesión a su programa, sino del rechazo a un segundo mandato de Macron. La extrema derecha ha adoptado una posición política orientada a sacar el máximo provecho de este voto, buscando convertir su nuevo fracaso en un trampolín para las elecciones que vienen a continuación, incluso las presidenciales de 2027.

El mapa de los resultados electorales muestra que Le Pen ha obtenido un voto mayoritario en 30 de 100 departamentos, especialmente en las regiones populares del norte de Francia y la costa mediterránea. Con estas elecciones, el partido de extrema derecha ha conseguido dar nuevos pasos decisivos en su banalización. Todo ello, gracias a la presencia de la candidatura de Zemmour, que ha podido dar a Marine Le Pen la imagen de una política respetable, y gracias al detestado Macron, que ha facilitado el uso de la papeleta de Le Pen para acabar con Macron.

Esta creciente banalización [de la extrema derecha de Le Pen] ha sido lo suficientemente fuerte como para que el voto a Marine acentúe su presencia en los barrios populares. En las últimas semanas, Le Pen también ha amasado votos de la mano de la candente cuestión del poder adquisitivo. Y el objetivo explícito de Macron de elevar la edad de jubilación a los 65 años ha exacerbado aún más el enfado popular. Durante la campaña para la segunda vuelta, Le Pen trató de dirigirse prioritariamente al electorado de Mélenchon, borrando en lo posible los aspectos islamófobos y securitarios de su discurso y  planteando prioritariamente cuestiones sociales; en particular, las del poder adquisitivo y las pensiones, tratando de hacer de su voto una especie de voto de clase desviado.

Esto no ha repercutido en muchas zonas urbanas, como la región de París, donde Mélenchon había quedado por delante de Macron en la primera vuelta, particularmente en departamentos populares como Seine Saint Denis y Val de Marne. En la segunda vuelta, la abstención no aumentó y el electorado de Mélenchon se decantó mayoritariamente por Macron, que obtuvo el 73% de los votos. Lo mismo ocurrió en Lille y Marsella.

Pero el contraejemplo más espectacular está en los departamentos franceses de las Antillas, Guyana o La Reunión. Allí, aunque la abstención fue claramente mayoritaria en las dos vueltas, el voto anti-Macron fue masivo en la primera vuelta. Ese voto estuvo provocado, en La Reunión, por la [catastrófica] gestión de la crisis sanitaria, el movimiento de los chalecos amarillos ; y en las Antillas, por el escándalo de la distribución del agua, el escándalo de los pesticidas de clordecona, sin olvidar varias semanas de huelga general el pasado otoño. La ira social fue sinónimo de un voto mayoritario para Mélenchon en la primera vuelta, que en la segunda cambió automáticamente hacia el voto a Le Pen.

Así pues, Macron comienza su mandato sentado sobre las cenizas del PS y de LR, pero bajo estas cenizas hay un lecho de brasas sociales que él mismo ha avivado durante su quinquenio y se enfrentará a dos polos políticos: uno de extrema derecha y otro de una izquierda que se consolida como radical y antiliberal. así pues, Macron ha obtenido exactamente el resultado contrario al que prometió el 7 de mayo de 2017, la noche de su elección: «Haré todo lo posible para que no haya motivos para votar a los extremos».

Cinco años después, ha contribuido a desmantelar aún más la credibilidad política de la socialdemocracia y de la derecha gaullista, pero sobre todo su política ha exacerbado las tensiones y acentuado las divisiones sociales.

En todos los frentes, hay problemas urgentes y el historial del gobierno de Macron es claro. Se han acumulado problemas graves y Macron se enfrentará, de un modo u otro, a la cólera social: la situación se ha agravado por la pandemia de los barrios y en los municipios populares, con leyes racistas y violencia policial como única respuesta, y el aumento del coste de la vida, los bajos salarios, el aumento de las desigualdades, la precarización de los contratos de trabajo y los ataques a los derechos de los parados constituyen otros tantos elementos para la revuelta.

Las únicas promesas de Macron de cara a su segundo mandato son nuevos ataques a las pensiones, al sistema público de salud y al sistema nacional de educación. Para imponer el paso de la edad de jubilación a los 65 años, el ministro de Economía saliente, Bruno Le Maire, no descarta recurrir al artículo 49-3 de la Constitución, que le permitiría saltarse el debate y la votación parlamentarios. Frente a la miseria del sistema sanitario, la pandemia y los escándalos que han aparecido en los últimos meses en los EHPAD [residencias de personas ancianas], tras años de escasez y cierre de camas, hacen cada vez más patente la demanda de apertura de camas hospitalarias, de contratar personal sanitario y de un sistema público basado en las necesidades sanitarias de la población.

En otro ámbito, la convención ciudadana sobre el clima, aunque organizada por Macron en 2019, vio rechazadas el 90% de sus recomendaciones y Francia ha sido condenada en dos ocasiones por su inacción climática. Ninguna de las cuestiones planteadas por los chalecos amarillos se ha resuelto, e incluso se han agravado con la pandemia y las recientes subidas precios en los alimentos y la energía. Los feminicidios, las violaciones y la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, han aumentado en los últimos años y muchos nuevos dramas ponen de manifiesto la falta de respuesta a las denuncias, la pasividad ante los delincuentes sexuales y la desprotección de las víctimas.

A pesar de las fuertes movilizaciones en las Antillas, la única respuesta ha sido una pirueta para prometer la autonomía, sin respuesta alguna a las cuestiones sociales urgentes ni las reparaciones exigidas por la clordecona, o a los problemas del agua y los problemas de la crisis sanitaria. En nueva Caledonia, el pseudo-referéndum de independencia deja abierta la cuestión del camino hacia la soberanía canaca. Del mismo modo, en Córcega se ha roto todo diálogo con la mayoría nacionalista…

Así pues, la lista de las razones para el descontento y la rabia contra los gobiernos de Macron es amplia.

Todas estas cuestiones, que han quedado sin respuesta durante muchos años, han desgastado la base social de los partidos tradicionales y han provocado su crisis. Una crisis acentuada por un sistema político que concentra todo el poder político real a nivel nacional. Este sistema aumenta la ira contra los partidos que pretenden gestionar el Estado. Macron ha evitado rendir cuentas por sus políticas liberales y autoritarias, mientras que el PS y LR acaban de ser laminados por políticas similares. Pero este dribling de Macron no aguantará mucho tiempo ante el malestar social creciente.

La próxima etapa política serán las elecciones legislativas, los días 12 y 19 de junio, para completar los 577 escaños que conforman la Asamblea Nacional, la cámara legislativa a la que en el sistema político francés rinde cuentas el Gobierno.

Aunque desde que estas elecciones se vienen celebrando tras las presidenciales, el partido del nuevo presidente suele salir premiado, superando ampliamente al resto de partidos, existe la esperanza de que en el contexto particular de esta elección la situación varíe.

Por regla general, en las elecciones legislativas se da un índice de abstención más elevado que en las presidenciales; más del 51% en la primera vuelta de hace cinco años. La elección se realiza mediante un escrutinio uninominal a dos vueltas, y en la primera es preciso haber superado el 12,5% de votantes registrados para poder pasar a la segunda. En la práctica, con una tasa de abstención equivalente a la de 2017, esto representaría, por media, más del 25% de los votos emitidos. Este sistema conduce obviamente a una criba radical y, por tanto, impondría grandes uniones electorales para pasar la primera vuelta. Por tanto, la probabilidad más alta es la de una nueva mayoría para el partido presidencial, rechazada por la gran mayoría de los votantes, amordazando todo el debate político durante cinco años y haciendo avanzar la apisonadora de las reformas liberales… a menos que en las próximas seis semanas este escenario salte por los aires, porque en estas elecciones legislativas son muchos los temas que están en juego que se irán aclarando a lo largo de los próximos días.

Evidentemente, para Macron, lo que está en juego en las elecciones legislativas es establecer una mayoría absoluta (a día de hoy sólo tiene 267 diputados, aunque otros 79 diputados centristas participen en la mayoría presidencial); de ahí que su objetivo es rascar lo máximo posible en sus márgenes, tanto en la derecha gaullista como en el lado del PS, para intentar ampliar su espacio a base de adhesiones individuales. Aunque las elecciones legislativas sean una continuación de las presidenciales, el peso que siguen teniendo a nivel local y regional el PS y la LR es un contrapeso al resultado en las elecciones presidenciales de sus candidatos. El PS, los Republicanos y sus afines están mucho más presentes en las instituciones departamentales y regionales que el LREM (Macron): 685 consejeros departamentales para el PS y 838 para LR, (y un número equivalente para los consejos regionales), muy por delante de los 400 consejeros departamentales y 118 consejeros regionales de LREM. Asimismo, en las ciudades de más de 30.000 habitantes, hay 50 alcaldes del PS y afines, 99 de LR y afines, 3 de LREM y aliados. El entramado político institucional sigue siendo una prerrogativa de los dos viejos partidos tradicionales, aunque su peso se haya desplomado a escala nacional. Por tanto, no teniendo una alianza nacional con el PS o LR, el LREM debe intentar intentando basar su peso en personalidades locales, ya que los diputados de LREM tienen a menudo la imagen de electos sin red local. Macron quiere evitar una posible falta de mayoría absoluta.

En la extrema derecha, la línea es sencilla. No habrá alianza entre RN (Le Pen) y Reconquête!, el partido de Zemmour y Marion Maréchal. Incluso, el objetivo de Le Pen es asfixiar a Zemmour imponiendo, como en las elecciones presidenciales, el voto útil en la primera vuelta para garantizar la presencia de la extrema derecha en la segunda.  Marine Le Pen quedó primera en 260 circunscripciones legislativas en las elecciones presidenciales, y los primeros sondeos le dan una horquilla de entre 75 y 100 diputados. Pero las elecciones no son una proyección estricta de los votos nacionales.  Al presentar candidatos en todas partes, RN no alberga la ilusión de tener una mayoría en la Asamblea, sino, más bien, de multiplicar quizás por diez su número de diputados, de los cuales sólo hay ocho en la asamblea saliente. Además, la financiación pública de los partidos políticos (66 millones de euros al año) se calcula la mitad en función del número de votos obtenidos en las elecciones legislativas, y la otra mitad en función del número escaños obtenidos. Para Zemmour como para Le Pen, la cuestión es también financiera, el 55% de los recursos declarados de RN provienen de la financiación pública (es decir, 5 millones de euros). RN pretende convertir su derrota presidencial en un trampolín para las elecciones legislativas y consolidarse, a pesar de su reciente crisis. RN también, al igual que LREM, tiene una débil base institucional local y cuenta con las próximas elecciones para construirla, teniendo en perspectiva las presidenciales de 2027 (quizás con Marine Le Pen presentándose por cuarta vez). En cualquier caso, el objetivo inmediato de Marine Le Pen es cerrar el paréntesis de Zemmour. Este último no tiene ninguna perspectiva por el momento, y menos aún para las próximas elecciones.

Para los republicanos (LR), la situación es dramática. La presión no viene tanto de RN como de la mayoría presidencial. Nicolas Sarkozy, último presidente electo de LR, verdadera «estatua del comandante» del partido gaullista, ha marcado claramente su desconfianza hacia la campaña y la candidata de LR, apoyando explícitamente a Macron. No oculta, como muchos otros dirigentes de LR, su deseo de que los gaullistas se integren de una u otra forma en la mayoría presidencial. Los dirigentes del partido, divididos, querrían intentar salvar los muebles y garantizar la existencia del partido como partido independiente, como hicieron en 2017 cuando se quedaron con poco más de cien diputados. Pero este año es probable que esa cifra se reduzca a la mitad. Por tanto, el resultado es incierto. Así, el presidente del grupo parlamentario, Damián Abad, parece estar a favor de abandonar el barco para unirse a Macron.

Por último, la gran noticia podría venir de la izquierda y, más en concreto, de la izquierda radical.  Entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales, France Insoumise (FI) hizo una propuesta de frente común para las elecciones legislativas al PC, al NPA y al EELV en torno a los principales ejes de su programa L’Avenir en commun presentado por Jean-Luc Mélenchon, con el objetivo de una mayoría de Unión Popular en la Asamblea Nacional imponiendo a Mélenchon como primer ministro.

El PCF respondió positivamente, sin expresar ninguna diferencia con el marco propuesto por la FI. En cuanto al EELV, la cuestión es más compleja. El partido verde está muy endeudado, ya que recibió menos del 5% de los votos. El partido recibirá el reembolso de sus gastos de campaña sobre la base de 800.000 euros y no de los 8 millones sobre los que construyó su presupuesto. La dirección decidió salvar los muebles y abrir discusiones con la France Insoumise, aún cuando su candidato, Yannick Jadot, marcó sus discrepancias con Mélenchon a lo largo de toda la campaña en torno al respeto del marco institucional de la Unión Europea o la jubilación a los 60 años. Además, se escuchan muchas voces discordantes; el propio Yannick Jadot rechaza el liderazgo de Mélenchon en esta unión. En cuanto al fondo, EELV se divide entre una línea claramente compatible con el social-liberalismo y una línea más radical cercana a la France Insoumise, representada durante las primarias del partido por Sandrine Rousseau. También en este caso, las cosas no están cerradas, ni mucho menos.

Por otra parte, hace unos días llegó la sorpresa: el 19 de abril, el Consejo Nacional del PS tras hacer balance del desastre financiero y político de la candidatura de Anne Hidalgo (1,75%), decidió por mayoría pedir a France Insoumise participar en la discusión para las elecciones legislativas, a pesar del notable desacuerdo de Anne Hidalgo y de varios dirigentes históricos del partido en torno a la decisión. Algo que no estaba prevista en la ecuación propuesta por France Insoumise.

Mientras FI decía hasta entonces que el acuerdo no podía extenderse a los social-liberales, dos días después, Jean Luc Mélenchon se declaró favorable a una alianza amplia, desde Lutte ouvrière hasta el PS. A partir ahí, Manuel Bompard, portavoz de France Insoumise para estas negociaciones, se empeñó en señalar que el acuerdo implicaría para el PS pronunciarse a favor de la derogación de la Reforma laboral El Khomri (un cóctel de ataques sociales a los derechos colectivos en la empresa), impuesta por el gobierno de Hollande, la vuelta a la jubilación a los 60 años y anular la reforma de Touraine sobre las pensiones que, de nuevo con Hollande, introdujo la jubilación a los 62 años y la reducción de las pensiones, así como la aceptación por parte del PS del proyecto de la VI República presentado por el FI, que pone en cuestión la Constitución de 1958.

Así pues, estos debates en torno a una Unión Popular ampliada, impulsados por un verdadero impulso popular en torno a la campaña de Mélenchon, mezclan dinámicas militantes con cálculos financieros para salvar el aparato y mantener los grupos parlamentarios. La cuestión es saber cuál de las dos dinámicas prevalecerá.

Desde el principio, el NPA, ha sido partidario de un acuerdo que, basado en el programa l’Avenir en Commun, sólo podía hacerse rompiendo con las bases social-liberales del PS, y también con una clarificación de EELV sobre estos ejes. También ha planteado que cada partido debe mantener su identidad y que no debe haber obligación de participar y solidarizarse con un gobierno que pueda surgir de una posible mayoría.

El objetivo electoral de lograr una mayoría de Unión Popular en la Asamblea Nacional impone sobre el papel, en un mes, una movilización militante local excepcional frente a la lentitud habitual de las elecciones legislativas; sobre todo porque Mélenchon sólo ha salido vencedor en 105 de las 577 circunscripciones legislativas. En cualquier caso, lo que está en juego es muy real. Por primera vez en mucho tiempo, en la izquierda aparece la posibilidad de construir un frente político y social, un frente de acción común en torno a ejes políticos y sociales de ruptura con el social-liberalismo, aunque el marco se limite a las elecciones legislativas y, por tanto, sólo a efectos institucionales. El programa de Mélenchon y la construcción de la France Insoumise se hicieron en ruptura explícita con el quinquenio 2012/2017 de François Hollande y la deriva social-liberal del PS. Aunque el programa L’Avenir en commun es ante todo un programa electoral que la Unión Popular prevé aplicar mediante la obtención de una mayoría parlamentaria, la polarización política de las últimas semanas plantea cuestiones que van más allá de la fecha límite de junio tras las luchas sociales de los últimos años.

Así pues, el reto podría plantearse a escala mayor y superar lo que ha hecho France Insoumise con el Parlamento de la Unión Popular, creando un crisol político y social que permita la presencia y la actividad de un frente de acción militante en las ciudades y los barrios populares. El reto consistiría en cambiar la situación, sobre todo frente a la extrema derecha y las derivas reaccionarias, permitiendo que los ejes de justicia social, derechos sociales y democráticos y la lucha contra la exclusión y la discriminación se impongan en el debate público en torno a las luchas sociales, y en las movilizaciones que reúnen a las corrientes militantes actualmente fragmentadas. Por tanto, un frente común para las elecciones legislativas podría ser un trampolín para un proyecto de este tipo; por supuesto, siempre y cuando la presencia del Partido Socialista no empañe la imagen de este encuentro y lo transforme en una milonga electoral  sin principios, que sería la antítesis de las luchas sociales de los últimos años.

Muchos de los ejes planteados en la campaña France Insoumise se hacen eco de las posiciones y reivindicaciones planteadas por el NPA y Philippe Poutou durante su campaña. En otros puntos, el NPA desarrolla un programa anticapitalista que, evidentemente, va más allá y, sobre todo, vincula este programa a la necesidad de movilizaciones sociales, incluso para alcanzar los objetivos más elementales de justicia social, así como a la necesidad de enfrentarse al poder y a los resortes políticos que disponen los capitalistas.

No se trata sólo de una cuestión de mayoría parlamentaria: está en consonancia con la experiencia inatacable de Syriza y Podemos. Sin embargo, incluso un acuerdo electoral sobre algunos puntos clave sería un avance concreto. Además, si al día siguiente del 19 de junio, un grupo de frente amplio en torno a la Unión Popular reuniera, aunque sólo fueran 100, 50 o incluso 30 diputados, la perspectiva que se plantearía a todos sería la de la construir este frente político y social militante.

Muchas de estas cosas se aclararán en los próximos días (el 7 de mayo es la fecha límite) con un acto para lanzar la campaña. Muchas corrientes militantes esperan un resultado positivo de este proceso.