Durante el gobierno del PP, el PSOE puso en marcha un discurso de carácter social para hacerse con la presidencia. Hablaron a los españoles de derechos laborales, de libertad de expresión, de estabilidad, de vivienda y de tener una vida digna. El PSOE lleva predicando las políticas sociales desde «la recuperación económica», protagonizada por el PP a comienzos de la década pasada, haciendo de ellas uno de los pilares fundamentales por los que los españoles debían depositar su confianza en ellos como alternativa a la precariedad de dicha recuperación. No sólo se erigió como un partido capaz de poner en marcha las medidas necesarias para acabar con la desigualdad que la precariedad laboral había causado, sino que además España se jugaba la posibilidad de un gobierno compuesto por la ultraderecha durante los próximos cuatro años, teniendo al PSOE como única alternativa, según ellos.

Ahora que ya llevan dos años gobernando el país hemos de preguntarnos cuáles fueron sus promesas, qué han sido de ellas y estudiar la forma en las que ahora, al hablar de lo mismo que hace años cuando gobernaba el PP, se enfrentan a su cumplimiento. Ya no sólo por su compromiso con la ciudadanía que adoptaron con su programa electoral, sino por las elecciones generales que en dos años llegan y van a tener que ganar de nuevo sin poder referirse a la derogación de la reforma laboral como algo novedoso que llevarán a cabo si mantienen la presidencia.

¿La modificación de la reforma laboral implica una mejoría para la clase trabajadora?

Los compromisos adoptados con Bruselas, así como con sindicatos y patronal, establecen límites que no todos van a aceptar. Algunos puntos, como la simplificación de los contratos o la restricción de la externalización de los servicios a través de la subcontratación para rebajar las condiciones laborales de los trabajadores, componen uno de los principales puntos en los que no agradan a la patronal. Si bien es cierto, el gobierno y sus medidas sociales no deberían tener en consideración alguna los deseos de la patronal, siempre orientados a la maximización del beneficio a costa de los trabajadores, a no ser que realmente crean que es el empresario el que crea riqueza.

Los trabajadores ven en esta nueva modificación un alivio que pueda significar una mejoría de las condiciones laborales en las que trabajan actualmente, pero desde luego no la liberación de las condiciones abusivas en las que seguirán trabajando muchos de ellos. De hecho, el documento que en este caso incluye la reforma laboral, está todavía por desarrollarse y el propio presidente no ha sido claro en las medidas específicas, aunque sí en sus objetivos: «abordar los problemas endémicos del mercado de trabajo» entre los que se encuentran la temporalidad, el paro juvenil o la precariedad. De igual forma, tampoco ha quedado claro cómo se van a abordar los puntos anteriores desde el gobierno. Lo que sí es evidente es la resignación con la que el PSOE parece poner en marcha los acuerdos y la implementación de la reforma, a lo que Yolanda Díaz ha repetido, en numerosas ocasiones, que la importancia de cumplir con el calendario establecido es absoluta. Desde el Ministerio de Trabajo pretenden llevar a cabo la reforma antes de finalizar el año, mientras que en el PSOE hablan de hacerlo antes de acabar la legislatura.

Lo que está claro es que la situación en la que se encuentra el mercado de trabajo actual con cerca de un 33% de paro juvenil, una tasa de desempleo del 14% y una precariedad que ocupa todos los sectores demuestra la urgencia de abordar una reforma para paliar los efectos del neoliberalismo. Los trabajadores merecen que, como poco, se respeten y amplíen sus derechos. Durante la pandemia ha quedado clara la importancia y esencialidad de la clase trabajadora en el desarrollo del país y su menosprecio lo único que pretende es postergar las míseras condiciones en las que viven muchos de los trabajadores en España. El PSOE y la coalición de UP tienen una responsabilidad excepcional en mantener lo que inicialmente constituía el pilar de su discurso y estrategia política: los derechos de los trabajadores y en lo que eso repercute, como el acceso a la vivienda y una vida algo más digna.