Los médicos residentes (MIR) de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid irán finalmente a la huelga indefinida el próximo 13 de julio. Lo harán después de que la Consejería de Sanidad se levantara de la mesa y se negara a negociar la propuesta de convenio remitida por el Comité de Empresa MIR el pasado 22 de mayo con el objetivo de poner fin al «abandono» y al «maltrato» sistemático que denuncian por parte de la Administración.

Con esta decisión, ratificada por el Comité de Huelga el pasado 2 julio –fecha límite fijada para alcanzar un acuerdo– ante el silencio de la Consejería de Sanidad, los MIR madrileños abren una vía en la que esperan otras comunidades las próximas semanas. Entre ellas Catalunya, actualmente en espera de una respuesta de la Conselleria, y Comunitat Valenciana, donde este mismo viernes el sindicato Cesmcv confirmó la convocatoria de huelga para el próximo día 21, tras no recibir contestación por parte de la administración autonómica a su solicitud de una mesa de negociación.

«Creo que no piensan que nos vayamos a movilizar tanto como lo estamos haciendo. La gente está muy harta y cada día el movimiento parece más masivo», afirma Diego Boianelli, presidente del Comité de Huelga MIR Madrid, quien identifica esta situación de precariedad como un problema «estructural» de la sanidad pública madrileña. «Un residente cuesta la mitad, o incluso menos, que un facultativo especialista. Al ser tan baratos, en todos los hospitales se ha tendido a recortar personal adjunto y aumentar el número de residentes. Se nos utiliza como mano de obra barata y, sobre todo en las guardias, el hospital queda en manos de los residentes, porque no hay plantilla suficiente. Los hospitales no aguantan ni una hora sin los MIR. Son ‘residependientes'»

Pese a que la crisis del coronavirus ha puesto aún más de relevancia esta situación, tal como y explica Boianelli, se trata de un funcionamiento que el sistema sanitario de Madrid arrastra desde los años 90 y que se ha visto favorecido sistemáticamente durante los últimos años. «Llevamos escribiendo este documento más de un año. En junio de 2019 ya se comunicó a la Consejería que íbamos a redactar un convenio e íbamos a querer negociarlo. Lo terminamos antes de la pandemia, pero lo aparcamos hasta el 22 de mayo, cuando se lo enviamos», comenta.

«Desde ese día hasta el 8 de junio, cuando mandamos una nota de prensa anunciando nuestra intención de convocar la huelga, no tuvimos ninguna respuesta. Es más, desde el 22 de mayo al 22 de junio que nos reunimos con ellos nadie de la Consejería se había leído el convenio», denuncia Boianelli, quien califica de «esperpento» la actitud de una Administración que, según apunta, en ningún momento ha mostrado disposición alguna de entrar a negociar el documento.

«En una última reunión el 2 de julio, la fecha fijada para la convocatoria de huelga, nos dijeron que no iban a tener en cuenta para nada el convenio, que las propuestas las hacían ellas y que no iban a traer a las reuniones a nadie con potestad para negociar lo que solicitamos. Estas reuniones han sido con la Dirección General de Recursos Humanos, en quien ha delegado la Consejería y que no tiene competencias para negociar ni una décima parte de lo que pedimos», narra Boianelli.

Fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por elDiario.es remiten su postura al comunicado emitido tras este encuentro en el que reprochan «la falta de interés para acordar y evitar el conflicto» mostrada por el Comité de Empresa por haber «registrado previamente convocatoria de huelga vulnerando claramente la buena voluntad de las partes», y condicionan el reinicio de las conversaciones a una retirada de la convocatoria de huelga.

 La pandemia como detonante

Elisa Ruiz es residente de tercer año (R3) en la Fundación Jiménez Díaz y presidenta del Comité de Huelga de este hospital. Tras haber dejado atrás las semanas más duras de la crisis sanitaria, Elisa denuncia el estado de «tensión física y emocional» al que han sido sometidos los residentes en formación durante este período. «No es comparable a cualquier otra situación, la carga asistencial ha sido brutal. Los MIR hemos sido un trabajador más y con unas medidas de protección muy justas: usando mascarillas quirúrgicas y compartiendo batas, e incluso camas», lamenta Ruiz.

Junto a esta falta de equipamiento y de medidas de prevención, como los test de cribado, las llamadas «camas calientes» es uno de los puntos que el comunicado emitido por AMYTS, sindicato mayoritario que ofrece apoyo a la huelga, identifica como uno de los «detonantes» de la movilización. Se trata de literas habilitadas para el descanso de los residentes durante las guardias, en las que camas y estancias son compartidas sin ningún tipo de medida de higiene.

«Dormimos en una cama desecha que acaba de dejar otro compañero. Y aunque no compartiéramos cama, estábamos en un cubículo enano con varias literas, en el mismo espacio y sin ninguna seguridad. Imagínate lo que ha sido esto con el coronavirus. No es casualidad que uno de los colectivos más afectados por los contagios haya sido el de los residentes: hemos estado completamente expuestos», narra Elisa.

«En una crisis así, a uno no le cuesta asumir esta responsabilidad, pero luego espera un respaldo, y por parte de la Comunidad no ha habido ninguno. Fue el momento, la foto, el aplauso, cerramos IFEMA y si te he visto no me acuerdo. Pero seguimos en las mismas condiciones».

A esta exposición ante el virus, los convocantes de la huelga añaden un exceso de responsabilidad y una falta de supervisión que, si bien consideran habitual, se ha visto acentuada durante el período de colapso sanitario. Una sobrecarga que, según cuenta Elisa, se trató de evitar sin éxito durante los primeros días de la crisis: «Al tercer día los residentes de primer año (R1) ya estaban en primera línea como cualquiera. Eran personal en formación al pie del cañón».

Diego Boianelli, residente de tercer año, ratifica esta experiencia. «A mis R1 les llevaron solos a un hotel medicalizado a hacer de médicos: eran los jefes de ese hotel. Además no podían hacer guardias, estuvieron trabajando un montón de horas –no reguladas, por supuesto– en una situación horrible y cobrando 900 euros», que es el sueldo base sin guardias, según explica. «Encima les obligaban a hacer guardias localizadas, es decir, a dejar su teléfono encendido por si les tenían que llamar en caso de incidencia médica. Y esto sin que se lo pagara nadie y sin ningún tipo de seguro, porque no deberían estar trabajando.»

Presiones, esquirolaje y 100% de servicios mínimos

Además del detonante de la crisis sanitaria, los organizadores de la huelga identifican otro factor determinante en la movilización de los residentes. Según apunta el presidente del Comité, las presiones y amenazas sufridas por compañeros de todos los hospitales de la Comunidad, lejos de amedrentar a sanitarios, están incitando a más gente a secundar la huelga.

«Realmente nos están haciendo ellos solos el trabajo de convocar a la gente a la movilización», afirma Boianelli, quien denuncia amenazas de suspensión de vacaciones en caso de ir a la huelga, así como prácticas de esquirojale planteadas por la gerencia de los hospitales al tratar de cubrir los huecos con adjuntos, o convirtiendo guardias localizadas en presenciales. «Creo que todo estas actitudes, en lugar de generar miedo entre los compañeros, está afectando a nuestro favor. Se están difundiendo entre los grupos de WhatsApp, y muchas personas que no pensaban secundar la huelga ahora dicen un ‘sí’ rotundo.»

Otra de las decisiones con las que, según el Comité de Huelga, se está tratando de «aplastar la huelga como sea» tiene que ver con la imposición de unos servicios mínimos del 100% a residentes que tengan programadas guardias en Atención Hospitalaria y MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, mientras dure la huelga. Una medida que el sindicato AMYTS califica en un comunicado de «intolerable», y contra la cual han solicitado medidas cautelarísimas de urgencia.

«En vez de convocarnos para negociar y resolver el conflicto, lo hacen para imponernos estos servicios mínimos que nunca han tenido los residentes en Madrid. Somos personal no estructural, y se supone que los hospitales deberían funcionar sin nosotros. Lo único que están demostrando es una nula voluntad de negociar o escucharnos», concluye la nota.

Desde la Comisión de Huelga achacan esta postura de la Consejería al «miedo de que otros colectivos, adjuntos o residentes de otras comunidades, nos sigan si conseguimos nuestros objetivos», y descartan que esta decisión vaya a provocar la caída de la huelga: «Esto es un antes y después para todos los residentes. Nunca antes se había impuesto algo así. Están viendo que los hospitales se les caen. Pero como con todo lo que están haciendo, lo único que consiguen es reforzar nuestra posición y que cada vez se vayan uniendo a nuestra causa tanto más residentes como más población en general».

Comunitat Valenciana y Catalunya, las siguientes

Los residentes de la sanidad madrileña no son los únicos en denunciar esta situación de precariedad estructural. Desde hace unos meses, la Asociación de MIR de España (AME) trata de movilizar a todas las comunidades y coordinarlas para unirse a Madrid en esta reivindicación. Alex Mayer, residente del Hospital Parc Taulí de Sabadell y vicepresidente de la AME, asocia el aumento de la movilización en los últimos meses a la crisis de la COVID. «Ahora se ha visto que somos parte necesaria del sistema. Hacemos un trabajo esencial que no se nos reconoce de ninguna manera», afirma.

A pesar de que por una cuestión de plazos Catalunya no secundará la huelga del día 13, Meyer denuncia el carácter nacional de los problemas de los residentes, y no descarta que otras comunidades se sumen a la huelga durante este mismo mes de julio. «Los motivos son esencialmente comunes en toda España. Estamos en constante contacto y en fase de tejer alianzas y ajustar las reivindicaciones», dice el representante de la AME, quien confirma la voluntad de acudir a la huelga por parte de los residentes catalanes en caso de no recibir una respuesta satisfactoria por parte de la Administración.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el principal sindicato médico de la región y la Asociación MIR anunciaron este viernes la convocatoria de huelga para el próximo día 21, después de no recibir una respuesta oficial por parte de la Conselleria de Salud a su petición de establecer una mesa negociadora para abordar sus reivindicaciones. Ana Rosa Álvarez, representante de la AME en Alicante vincula esta decisión al «hartazgo» que desde hace tiempo denuncia en los residentes valencianos, entre los cuales, según las encuestas realizadas entre los MIR de los principales hospitales de la región, el seguimiento de los paros podría alcanzar el 70%.

«Todo el personal de los hospitales está muy quemado. Con la crisis todo ha explotado», reconoce Álvarez, quien a pesar de esperar coacciones similares a las denunciadas en Madrid, defiende la huelga como una medida necesaria para «mejorar las condiciones en las que atendemos a la gente». Entre sus principales reivindicaciones se incluyen la equiparación de descansos a los de los médicos adjuntos, una jornada máxima de 37,5 horas semanales y la limitación de guardias y el aumento de la retribución de las mismas.

Tanto desde Comité de Huelga MIR de Madrid como desde la AME confirman que en caso de producirse una nueva oleada de coronavirus que requiera su presencia en los hospitales, aparcarían sus reivindicaciones para acudir de nuevo a trabajar.