«¿Organizó usted los GAL, señor González?», «¿Autorizó usted la guerra sucia contra ETA?», «¿La toleró usted porque le estaba siendo útil a la guerra…?».

No, no se confundan, esas preguntas no se las acaba de hacer a Felipe González ninguna comisión de investigación parlamentaria, ni se la podrá hacer. La Mesa del Congreso de los Diputados la ha tumbado este martes pasado por los votos del PSOE, PP y Vox.

Pero esas preguntas sí se las han hecho a Felipe González… hace 25 años.

Con esas tres preguntas y con ocho millones de telespectadores de TVE expectantes comenzó el 9 de enero de 1995 la entrevista de Iñaki Gabilondo al entonces presidente español.

En febrero de 2019 el periodista vasco recordaba anécdotas de aquella entrevista histórica en el programa de Ana Pastor ¿Dónde estabas entonces?

En otro pasaje de esa entrevista de 1995 González negaba enfáticamente ser el Sr. X. Ese fue el término con el que aparecía citado el máximo responsable de los GAL en papeles incautados a algunos de los policías condenados por los asesinatos de ese grupo, y que adoptó el juez Baltasar Garzón en su auto al armar el organigrama de esa trama de corrupción y terrorismo de Estado.

«Eso es radicalmente falso», dijo González a Gabilondo.

Aquella entrevista, recreada veinte años después en teatro por el director valenciano Gabi Ochoa en la obra Las guerras correctas, conmocionó en su momento a la sociedad española.

Tras la entrevista de Gabilondo tanto el diario El Mundo como El País publicaron sendas encuestas sobre las respuestas dadas por el presidente.

Mayoritariamente los encuestados por los dos periódicos consideraban que Felipe González había mentido al contestar sobre los GAL.

El 52% de los entrevistados por Demoscopia para El País y el 50,8% de los entrevistados por El Mundo creían que el presidente había mentido al afirmar que su gobierno no tenía ninguna responsabilidad en relación con los GAL.

El diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Felipe Alcaraz acusó directamente a Felipe González de ser el Sr. X y el presidente anunció que se querellaría contra él.

Tras conocer ese anuncio de inmediato Julio Anguita, coordinador de Izquierda Unida -entonces tercer partido del hemiciclo-, convocó una rueda de prensa en la que dijo aquello de «objetiva y políticamente, por acción u omisión consciente, el ‘Señor X’ es Felipe González Márquez».

«Aquí tenemos a un presidente del Gobierno implicado en un caso de terrorismo de Estado».

Y añadió desafiante dirigiéndose al presidente: «Si quiere puede incluir mi nombre también en la querella contra Alcaraz».

El PSOE se opuso también entonces como ahora a que el presidente diera explicaciones en el Congreso de los Diputados. En febrero de 1995, poco más de un mes más tarde de la entrevista de Gabilondo a González que provocó aquel terremoto político, la Junta de Portavoces del Congreso rechazó la solicitud de la oposición para que el presidente informara sobre la relación del Ejecutivo con los GAL.

Pero, a diferencia de la postura que han tenido estos días pasados nacionalistas vascos y catalanes, el Partido Nacionalista Vasco de Xabier Arzalluz y Convergencia i Unió de Jordi Pujol ofrecieron los escudos de sus diputados a González para impedir que se investigara su relación con los GAL.

Sin embargo, en el Senado sí se aprobó por un voto de diferencia constituir la comisión de investigación y ahí el PNV sí votó a favor. En cualquier caso la comisión tuvo corta vida. El PP y otras fuerzas recularon después de que el teniente coronel de la Guardia Civil José Antonio Sánez de Santamaría anunciara que diría con crudeza todo lo que había hecho el Estado en la lucha contra ETA tanto con la UCD como con el PSOE, legal e ilegalmente, y con la complicidad de los principales partidos políticos.

El PP dejó de estar interesado en utilizar la comisión de investigación para desgastar al Gobierno de González cuando Santamaría recordó que Manuel Fraga hacía siempre suya la frase «el mejor terrorista es el terrorista muerto».

Fraga dijo que «investigar aquellos años de plomo no es bueno para España».

Y pronto la comisión se desarticuló.

Se rompe la ‘omertá’ y comienzan a revelarse las implicaciones políticas

Las pruebas y los testimonios de altos cargos públicos, policías y mercenarios involucrados en los 27 asesinatos y otros atentados cometidos por ese grupo parapolicial entre 1983 y 1987 en Iparralde, las provincias francesas de Euskal Herria, volvían a ocupar desde fines de 1993 páginas y páginas en diarios, revistas y programas de televisión nacionales e internacionales.

La razón: que Garzón decidió reabrir la causa para evitar la prescripción de algunos de los casos investigados, y al hecho de que en diciembre de 1994 se encontraron en Alicante bajo un manto de cal viva los restos de los presuntos etarras José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa.

Los dos jóvenes vascos habían sido secuestrados once años antes, el 16 de octubre de 1983 en Bayona por guardias civiles de paisano sin conocimiento de las autoridades francesas. Pasaron la frontera con España con ellos en los maleteros de los vehículos; los llevaron al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, y luego al Palacio de la Cumbre.

Los GAL habían comenzado su andadura poco tiempo después de iniciarse el primer Gobierno de Felipe González. Tenían como precedentes cercanos los atentados del Batallón Vasco Español (BVE), la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA), Antiterrorismo ETA (ATE), o Acción Nacional Española (ANE), grupos parapoliciales que actuaron tras la muerte de Franco, durante los gobiernos de Arias Navarro, Adolfo Suárez y Calvo Sotelo, y que causaron más de 60 víctimas mortales.

Algunas de las reuniones en las que se gestaron los GAL a inicios de 1983 tuvieron lugar en una finca de la sierra de Guadarrama, no muy lejos de donde hoy viven el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero. La vivienda que la ultraderecha ha convertido en blanco diario de agresivas amenazas y protestas ante la pasividad de las fuerzas de seguridad y autoridades competentes.

En esas reuniones de la sierra noroeste madrileña de inicios de los ’80 participaba la cúpula de Interior junto a miembros de las gobernaciones civiles del País Vassco y dirigentes del Partido Socialista de Euskadi (PSE).

Con Lasa y Zabala el primer gobierno socialista tras el retorno de la democracia se estrenaba en terrorismo de Estado.

Lasa y Zabala estuvieron en total tres meses secuestrados y torturados antes de ser asesinados.

El diario El Mundo hizo público en 2018 el encuentro que mantuvieron en 2016  la hermana de José Ignacio, Pilar Zabala, y José Amedo, ex subcomisario de policía de Bilbao y confeso miembro de los GAL y reclutador de mercenarios. Fue a pedido de ella.

Amedo y su compañero Michel Domínguez fueron detenidos en 1988 por orden del juez Baltasar Garzón y condenados en 1991 a 108 años de cárcel, aunque solo estuvieron en prisión seis años y medio.

Amedo dijo en ese encuentro con Pilar Zabala que había conocido en la cárcel a dos de los guardias civiles que participaron en las torturas y muerte de su hermano y de Lasa. Eran los guardias Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo, posteriormente detenidos y condenados.

Pertenecían al GAL verde; el GAL azul estaba compuesto por policías y mercenarios, el GAL marrón por agentes del CESID (actual CNI) y el GAL francés, por mercenarios franceses al mando curiosamente de un legionario llamado… Pedro Sánchez. Este murió por causas sospechosas en una prisión francesa poco después de anunciar que quería dejar los GAL.

En el encuentro con Pilar Zabala, Amedo, que aseguró no haber torturado nunca a nadie, le dijo a la hermana del joven aseinado: «Cuando vi esas barbaridades que le hicieron me pregunté cómo se podían hacer esas cosas, arrancar uñas, dientes, machacándolos, luego llevarlos en un coche, hacerles excavar una fosa, y darles unos tiros en la cabeza para luego enterrarlos en cal viva».

Amedo escribió precisamente un libro titulado Cal viva, narrando su versión sobre los GAL, la más completa y detallada de las contadas hasta ahora por uno de sus protagonistas directos.

La aparición de los cuerpos de Lasa y Zabala y las revelaciones que tras años de omertá hicieron Amedo y Domínguez acusando con numerosas pruebas a sus superiores y a la cúpula del Ministerio del Interior, aportaron elementos claves para la reapertura del caso GAL.

Airados por ser usados como únicos chivos expiatorios y abandonados a su suerte por sus empleadores después de recibir durante años en cuotas mensuales entre 1988 y 1993 más de 206 millones de pesetas (1,3 millones de euros de hace 30 años) de los fondos reservados del Ministerio de Interior para comprar su silencio, Amedo y Domínguez decidieron hablar.

Comprobaron que el grifo se había cerrado para ellos; que los indultos prometidos por sus superiores no llegaban y que podían quedarse el resto de sus vidas en la cárcel, por lo que rompieron su pacto de silencio.

Y hablaron y hablaron, sobre todo Amedo, y aportaron facturas, transferencias de dinero, documentos y pruebas que involucraron a muchos cargos públicos.

Aportaron también datos y recibos precisos para mostrar cómo habían sido comprados. En primerísimo lugar aparecía Rafael Vera, entonces secretario de Estado de Seguridad -el segundo del ministro del Interior, José Barrionuevo- quien ordenó los pagos-, el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Félix Hernando y el policía Aníbal Martín como cooperadores en la entrega del dinero en Suiza a las esposas de Amedo y Domínguez.

Vera y su secretario, Juan de Justo, fueron condenados por esos hechos a un año y medio de prisión por «garantizar el silencio de los dos procesados y evitar así que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL».

El auto judicial de Baltasar Garzón era demoledor, los millonarios fondos reservados del Ministerio del Interior destinados a la lucha antiterrorista no solo habían servido para pagar confidentes y actividades de Inteligencia de policías y guardias civiles sino también para pagar a sicarios, a mercenarios españoles, argelinos, portugueses y franceses, para que atentaran y asesinaran a etarras. O supuestos etarras, porque varias de las víctimas ni siquiera eran militantes de ETA.

Esos fondos fuera de control también sirvieron para engordar los bolsillos de algunos, como los del mismísimo director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, que emprendió una huida por el extranjero con decenas de millones de pesetas, huida tan rocambolesca como la de ‘el hombre de las mil caras’, el espía Francisco Paesa, y cuyos desenlaces tuvieron en los dos casos versiones oficiales que nadie creyó.

La plana mayor de Interior en el banquillo

Entre los principales procesados por el caso GAL estuvo la plana mayor del Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González, con Barrionuevo y Vera a la cabeza, ambos condenados por el secuestro de Segundo Marey, la primera acción firmada por los GAL en diciembre de 1983.

También fueron procesados Julián San Cristóbal, entonces gobernador civil de Biskaia; Julen Elgorriaga, gobernador civil de Gipuzkoa; el jefe superior de la policía de Bilbao, Miguel Panchuelo; el general Enrique Rodríguez Galindo, jefe de la 513ª Comandancia de la Guardia Civil, con sede en Intxaurrondo, Ángel Vaquero Hernández, teniente coronel también de la Guardia Civil, y el secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE) Ricardo García Damborenea.

Tanto en las acusaciones de José Amedo como en cintas de Julián San Cristóbal se coincidía en señalar también a Ramón Jáuregui, entonces delegado del Gobierno en País Vasco, y a José María Benegas, como ‘conocedores’ al menos de las operaciones de los GAL. En la cinta de 20 minutos grabada secretamente por Amedo y entregada al juez se escuchaba a San Cristóbal hablar con naturalidad que tanto los gobernadores civiles en el País Vasco como el propio Felipe González eran informados puntualmente de los planes del GAL.

Damborenea terminó declarando ante el juez que mantuvo reuniones con Felipe González en las que este conocía y aprobaba la estrategia de Interior para perseguir a los etarras en suelo francés a través de los GAL.

Según el testimonio de Damborenea, en esa estrategia estaban implicados los ministros de Defensa, Narcís Serra, y del Interior, José Barrionuevo -al que luego sucedería José Corcuera-, Rafael Vera, Txiki Benegas, secretario general del PSE, y a los secretarios provinciales del PSOE en Euskadi, él mismo, por Biskaia, Enrique Casas, por Gipuzkoa y Ángel Gavilán.

Narcís Serra, ministro de Defensa y vicepresidente de Felipe González, era quien controlaba entonces el CESID, varios de cuyos agentes conformaban el GAL marrón y en cuya sede central en la A-6 se asegura que se elaboró en julio de 1983 su ‘acta fundacional’.

Uno de los documentos del CESID incautados, fechado el 6 de julio de ese año y titulado Acciones en Francia, decía: «En cualquier circunstancia se considera que la forma de acción más aconsejable es la desaparición por secuestro».

Pero no, Felipe González no sabía nada de lo que hacía toda su cúpula de Interior, ni los jefes de la Policía y Guardia Civil en el País Vasco, ni el Cesid, ni los gobernadores civiles provinciales ni los secretarios generales de su partido. Nada, lo engañaron todos. A Felipe González le salieron más ranas que a Esperanza Aguirre.

Indulto camuflado para la cúpula de Interior

El terrorismo de Estado, junto al caso Roldán y el desvío de los fondos reservados del Ministerio del Interior se sumaron al escándalo de las escuchas del CESID a políticos y periodistas, y a los graves escándalos de corrupción del Gobierno de González acumulados, lo que había salpicado a ministros y altos cargos públicos y provocado numerosas dimisiones.

Todo mostraba el acelerado desmoronamiento del sistema y preanunciaba el adelantamiento de elecciones generales. CiU y PNV le retiraron su apoyo legislativo y se adelantaron las elecciones que terminó ganando el PP.

El 10 de septiembre de 1998, ya bajo el primer gobierno de José María Aznar, el propio Felipe González se desplazaba a la prisión de Guadalajara para abrazarse con José Barrionuevo y Rafael Vera, que ingresaban ese día en ese centro penitenciario tras ser condenados a 10 años de prisión.

Los trató como a héroes. La imagen de los tres abrazados que captaron entonces los fotógrafos y cámaras de televisión era impactante. La imagen de la impunidad.

Tres meses después estaban en la calle. Al igual que San Cristóbal, Planchuelo y García Damborenea fueron agraciados por el tercer grado penitenciario.

Tres años después, en 2001, se les aplicó incluso el tercer grado ‘especial’, el contemplado por el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario para un pequeño porcentaje de los condenados, por el que ni siquiera tuvieron que volver a pernoctar ya en un centro penitenciario sino comparecer en determinadas fechas.

«Causa cerrada, hechos juzgados y condenados». Eso es lo que nos dice ahora el PSOE.

Algunos de sus portavoces lo han dicho con la boca pequeña, con vergüenza sin duda, para intentar no reabrir en un momento delicado como el actual una guerra interna en el seno de la desavenida familia socialista.

Otros, como el presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, salieron estos días en tromba, defendiendo «toda la historia y trayectoria» de González. O su predecesor, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que desde las páginas de El País, cómo no, rompió una vez más lanzas por González, aprovechando claro está para denunciar a «aquellos que desde las filas socialistas están tirando piedras contra la honorabilidad de Felipe González».

Dentro del propio Gabinete de Pedro Sánchez han surgido también voces que defienden al ex presidente no obligados por las circunstancias como otros, sino incluso con vehemencia, como la ministra Margarita Robles. La que fue secretaria de Estado de Interior en el último mandato de González justificó en una entrevista en tono enigmático al hablar de los GAL que «cada momento tiene sus particularidades y tiene sus dificultades». Clarísimo.

Y todos y todas las que se han pronunciado estos días y también quienes han evitado hacerlo, saben  que blindar una vez más al Sr. X -probablemente de forma definitiva- , es mantener la impunidad de uno de los personajes que hoy día ya no tiene nada que ver con un proyecto socialista.

Por la influencia que mantiene, Felipe González se ha convertido desde hace años en un aliado clave de la derecha política, económica y mediática en la operación de acoso y derribo del actual gobierno de coalición.