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La venta de viviendas sociales a fondos buitre vuelve a los juzgados mientras las personas afectadas continúan esperando que se cumpla una sentencia de 2018
En el año 2013, el Ayuntamiento de Madrid vendió miles de viviendas sociales a fondos buitre. Ahora, los responsables directos de la venta de 1.806 viviendas al fondo Blackstone por 128,5 millones de euros se sientan en el banquillo. Hablamos de responsables directos porque la cúpula del gobierno municipal no será juzgada: ni la exalcaldesa Ana Botella ni nadie de su núcleo duro. Es decir, quienes autorizaron la venta. Cuando José Luis Martínez-Almeida llegó a la alcaldía, cerró por completo la vía de los tribunales para el caso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, garantizando así la impunidad a Ana Botella, librándola de cualquier responsabilidad penal y contable.
Los acusados son Fermín Oslé Uranga, entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda, sociedad de inversión inmobiliaria de Blackstone, y se enfrentan a los cargos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. No obstante, la Fiscalía pide la absolución, señalando que el procedimiento cumplió la ley, que «permitía la enajenación por sus titulares —el Ayuntamiento de Madrid— de las viviendas con protección pública para arrendamiento y arrendamiento con opción a compra por promociones completas y a precio libre, previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda».
La impunidad de Ana Botella
Esta no es la única vez que la exalcaldesa se libra de una sentencia. En 2018, el Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botella y a siete cargos de su gobierno a pagar 25,7 millones de euros por vender más de 5.315 inmuebles de titularidad pública (entre ellos, las 1.860 viviendas que nos ocupan) a un precio por debajo del mercado.
La sentencia decía que «incurrieron en una negligencia grave» porque «no impidieron el perjuicio en el patrimonio público». Además, acusaba al gobierno municipal de haber llevado a cabo la venta sin una tasación fiable, sin publicidad, obviando el interés público y facilitando información privilegiada a cuatro empresas sobre las condiciones de la venta antes de anunciarla públicamente.
Pero la Sala de Enjuiciamiento del mismo tribunal revocó el fallo en 2019 y la absolvió por dos votos contra uno. Como era de esperar en este juego de corrupción y amiguismo, ambos eran dos consejeros propuestos por el PP: José Manuel Suárez Robledano y Margarita Mariscal de Gante, quien fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar.
Las personas afectadas no se rinden
Mientras el Ayuntamiento de Madrid ha hecho lo posible por alargar la situación en estos últimos ocho años, las víctimas siguen luchando. En este juicio contra Fermín Oslé Uranga y Alfonso Benavides Grases piden ocho años de cárcel por fraude y malversación de caudales públicos y ocho años de inhabilitación que les impida ejercer como cargos públicos. A Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria de Blackstone, se la considera responsable civil subsidiaria.
Y es que el ayuntamiento dejó totalmente desamparadas a todas aquellas familias. De ser viviendas sociales destinadas a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad pasaron a ser un producto de especulación en manos de buitres. Así, tras todos estos años, según cálculos del propio fondo, el valor de aquellas viviendas ha aumentado un 227%, por lo que actualmente supera los 660 millones. Y Blackstone no tardó en incrementar el precio de los alquileres nada más y nada menos que un 49%. Pero no fue el único.
Sentencia contra la Comunidad
Los vendidos a Blackstone no fueron los únicos inmuebles sociales de los que se deshicieron las autoridades en Madrid. El gobierno autonómico, encabezado entonces por el popular Ignacio González, vendió también en 2013 casi 3.000 viviendas públicas del Plan Joven del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) al fondo Azora, propiedad del banco estadounidense Goldman Sachs, por 201 millones de euros. También este subió el alquiler a los inquilinos, obligando a muchos a marcharse.
En 2018, tras años de lucha, un vecino de Navalcarnero consiguió que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid estimara su demanda y terminó anulando la operación completa. Y es que había muchos casos como los del denunciante, que accedió a un piso de protección oficial con un 90% de reducción del precio del alquiler, algo que cambio drásticamente cuando llegó Azora. El vecino argumentó que el contrato de venta dejó sin contenido el derecho que tenía a la reducción de la renta y vulneraba los principios de protección a la familia, a los menores y el derecho a una vivienda digna.
El tribunal le dio la razón y declaró «totalmente nula» la venta, confirmando que las promociones «no son necesarias» y que en ningún momento se da una justificación para que dejen de ser de utilidad «2.935 viviendas que cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna». La sentencia también hacía hincapié en que estaban ocupadas en un 80% y ordenaba la recuperación de las viviendas, aunque las 1.200 que el fondo vendió a terceros no podrán volver a la Comunidad.
Continúa el desamparo
El gobierno autonómico, presidido entonces por Ángel Garrido, aseguró que acataría la sentencia, si bien las autoridades comenzaron a recurrirla, pasando por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Tribunal Supremo. Todos continúan reafirmando la ilegalidad de la operación.
Ante esta sentencia, Azora reclama los 201 millones que pagó más una indemnización por daños y perjuicios. Hay que recordar que la Comunidad vendió las viviendas para reducir el déficit presupuestario durante la crisis económica, por lo que resulta paradójico que el pueblo madrileño no solo perdió viviendas para proteger a personas vulnerables, sino que tendrá que pagar al fondo de inversión por la mala gestión y especulación de sus gobernantes.
Como decíamos, el gobierno regional se comprometió a acatar la sentencia, pero tres años después las personas afectadas siguen esperando. Exigen a los partidos que se comprometan por escrito cumplir la sentencia, no plantear más recursos y abrir una Oficina Pública de Atención a los Afectados.