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Los archivos del CNI de Villarejo: secretos de estado
Villarejo insiste en que la información que tiene de la relación entre el CNI y el imán de Ripoll está bajo llave
En la entrada de la Audiencia Nacional el comisario jubilado José Manuel Villarejo ha vuelto a insistir en la implicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils. Y como desde Catalunya se le han reclamado pruebas, ha dicho: “¿Quieren pruebas? Vayan a mis archivos”. El problema es que la carpeta con el nombre CNI y otros documentos encontrados en los registros de sus domicilios a lo largo de los últimos años se han declarado secretos de estado. El excomisario, que está en prisión provisional desde 2017, es juzgado ahora en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas del caso Tándem, una macrocausa en la que se investigan los trabajos privados del excomisario y en la que hay más de treinta acusados.
Por sorpresa, el diciembre pasado, el fiscal Miguel Serrano tuvo que admitir que Villarejo había trabajado para el CNI, hecho que se había negado hasta la saciedad y que la defensa del policía probó con la aportación de unos correos electrónicos. Desde la fiscalía, sin embargo, se añadía que este hecho no invalidaba el hecho de que Villarejo se había aprovechado de la información policial para hacer negocios y enriquecerse a través de su grupo empresarial, Cenyt. Lo mismo pasó cuando, después de los atentados del 2017, el gobierno español, a raíz de varias informaciones, tuvo que admitir ciertos vínculos entre el CNI y el imán de Ripoll Abdelbaki es-Satty, como que se le visitó a la prisión de Castelló varias veces, donde de 2010 a 2014 cumplía una condena por tráfico de drogas. De haberlo captado como su confidente, mudos.
Operación Catalunya
Algunos informes de Villarejo también estuvieron a punto de incluirse en la investigación contra la familia Pujol Ferrusola por el dinero no declarado en Andorra. Primero, la policía patriótica del PP quiso incluir un lápiz de memoria con informes bancarios, que habrían contaminado toda la investigación, ya que fueron obtenidos de forma ilegal. El juez instructor y la fiscal lo descartaron. Ahora, para el juicio, la defensa de Oriol Pujol, ejercida por el penalista Xavier Melero, pide en la Audiencia Nacional que reclame al Consejo de Ministros que “desclasifique informes sobre el pago de fondos reservados en la operación Catalunya, como hizo con la operación Tándem”, y donde seguro que hay notas del comisario jubilado, que confirmó la existencia de este asedio a políticos catalanes. Melero detalla que habría el pago al empresario Javier de la Rosa y de la expareja de Jordi Pujol Ferrusola Vicky Álvarez. La extorsión a los titulares del banco andorrano BPA, los hermanos Cierco, también se incluye y ahora se juzga en Andorra.
Cerrado con llave
En otra investigación, el caso Kitchen —sobre el supuesto espionaje encargado por el gobierno del PP a su extesorero, Luís Barcenas— el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dictó una resolución, en enero pasado, en la que resolvía que el contenido de una veintena de documentos en soporte digital, intervenidos al comisario jubilado Villarejo en su detención en noviembre de 2017, estaba protegido por la ley de secretos oficiales. Son 13 documentos de texto y seis archivos de audios, en los cuales se hace referencia a cuestiones internas de la Policía, el terrorismo yihadista y cuentas bancarias de terceras personas. En el escrito, el magistrado instructor ordenaba informar del descubrimiento al CNI y poner los archivos a su disposición, y también detallaba a la fiscalía Anticorrupción que la información quedaba “precintada y custodiada con las condiciones de máxima seguridad” en el juzgado y que las partes personadas en el sumario no pueden acceder a ella.
La ley de secretos oficiales de 1968, así como el acuerdo del Consejo de Ministros de 2014 que la regula, incluye como información sensible todo lo relativo a medios y técnicas operativas utilizadas en las luchas contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y todas las informaciones o datos que puedan revelarlas. En febrero de 2021, Villarejo insistía en denunciar que se estaba excluyendo documentos que “afectarían” al CNI en la investigación sobre el espionaje a Bárcenas, supuestamente desplegada a instancias del Ministerio del Interior entre los años 2013 y 2015, alegando que son “secretos de estado“.
Reclamación de víctimas de Catalunya
El abogado Agustí Carles, que con Jaume Alonso-Cuevillas llevó la acusación de Javier Martínez —el padre de Xavi, el niño de tres años que murió en el atropello de la Rambla— en el juicio de los atentados del 17-A, aseguró anoche al programa Més 324, que pedirán a Villarejo que “aporte las informaciones que tenga en el juzgado”. Carles está siguiendo desde la sala el juicio a Villarejo, en Madrid. El excomisario, sin embargo, hoy se lamentaba de que le han retenido todos los documentos, alegando que son secretos de estado. El Congreso de los Diputados en dos ocasiones ha negado la creación de una comisión de investigación para aclarar los vínculos del CNI y el imán de Ripoll, como ahora vuelven a reclamar los partidos catalanes.
Mayte Piulachs