Según el informe, la ultraderecha de cualquiera de los países analizados tiene un carácter antigénero con una visión racista y xenófoba, que se emplea no solo para combatir los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+, sino también para torpedear procesos políticos como la implementación de los Acuerdos de Paz de Colombia. La derecha de este país, como recordaba Granados, promovió su rechazo entre la población argumentando que defendían una “ideología de género”. Una ideología de género que, como subrayó Alabao, no es más que la defensa de la igualdad.

Estos discursos reaccionarios también afloran entre gobiernos supuestamente de izquierdas, como el de Daniel Ortega en Nicaragua o el de Rafael Correa cuando gobernaba Ecuador, ambos contrarios a los movimientos feministas y LGTBIQ+ de sus respectivos países.

Y, como muestra el informe, los miembros de estos grupos ultra no actúan solo desde sus plataformas, sino que cada vez operan más desde todos los ámbitos: las universidades, la judicatura, el alto funcionariado, los comités éticos de los hospitales, entre muchos otros, con un objetivo último: socavar las democracias liberales.

Una ola reaccionaria con 25 años de historia

Nuria Alabao explica que los fundamentalistas están empleando todas las esferas públicas a su alcance: desde las redes sociales, a la pugna política y la estrategia jurídica. En este sentido, explica que, por ejemplo, en Polonia y Eslovaquia se está llevando la pugna contra el aborto a los tribunales, mientras en América Latina hay una ofensiva feroz contra el avance en este derecho, o en España, donde se está intentando cuestionar públicamente y creando barreras informales, como la imposibilidad de ejercerlo en muchas comunidades autónomas o los asaltos sufridos por las mujeres cuando acuden a una clínica para que se lo practiquen.

Otra de las batallas más significativas que están librando los grupos involucionistas en todo el mundo es la de restringir el derecho a la educación sexual y afectiva en las aulas. Otro de los frentes recogidos por el informe es agotar a los colectivos feministas mediante la denuncia judicial, a menudo debilitando a su vez otros derechos, como la libertad de expresión. Alabao ejemplificaba este extremo con la denuncia sufrida por las activistas del Coño Insumiso de Málaga.

Según las conclusiones expuestas por Diana Navarro, estos grupos se han convertido en lobbies que actúan de manera coordinada a nivel municipal, regional, estatal e internacional. Como ejemplo, explicaba que en la Organización de Estados Americanos (OEA) se han organizado para frenar los derechos de las personas LGTBIQ+ y los derechos de la infancia: “Confunden proyectos y políticas y hacen uso del pánico moral para alcanzar retrocesos”.

Según Navarro, esta ola involucionista comenzó en 1996 en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo, donde El Vaticano lanzó una campaña para impugnar la noción de género. A partir de los 2000, esta ofensiva reaccionaria se amplió a sectores que van más allá de la Iglesia católica.

Alabao recordaba cómo durante el primer gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que se reformó la ley del aborto y se aprobó el matrimonio homosexual, la Conferencia Episcopal dio una batalla muy frontal y se celebraron grandes manifestaciones en contra. “Quienes hablaban de ideología de género entonces estaban integrados en el PP, un sector neocon del que surge Vox. Lo que vivimos ahora es una exacerbación de los mismos discursos que fueron creados en el PP con una miríada de grupos de la Iglesia católica”, añadió Alabao en la presentación de la investigación.