La Audiencia de València ha imputado por delito de odio a José Luis Roberto, líder de la formación ultraderechista valenciana España 2000, por el acto islamófobo realizado en diciembre de 2020. En aquella convocatoria bajo el lema “No al Islam”, tal y como señala la Fiscalía en su recurso después de que el juzgado rechazara juzgar por delito de odio a los convocantes, se realizaba “una perfomance en menosprecio y rechazo del Islam, retransmitido por la rerd social Facebook, acompañado de soflamas en las que su presidente, José Luis Roberto, llamaba a ‘luchar contra la invasión’ diciendo que los inmigrantes musulmanes suponen un peligro”. 

València Acull, colectivo que puso en conocimiento del acto a la Fiscalía y solicitó que se juzgara por delito de odio a sus responsables, ha comunicado recientemente la decisión de la Audiencia de València de ordenar que Roberto “declare como investigado en su propio nombre y como legal representante del partido político España 2000”.

Entre los motivos que esgrimió la Fiscalía para considerar el evento como delito de odio y exigir al menos una investigación, el escrito hace alusión a la existencia de “palabras, retransmitidas por redes sociales, y pancartas, también reproducidas en dichos medios, en que, literalmente, se anima a la lucha contra el Islam y se transmite el rotundo mensaje ‘no al Islam’”, siendo “evidente que dicho mensaje no pude tener otra interpretación que la de incitar al odio”. También hace mención a la jurisprudencia que obliga a los Estados a “investigar en profundidad y de una forma eficaz todos los incidentes que puedan tener una motivación racista, xenófoba u otros motivos discriminatorios”.

Así, el auto de la Audiencia da la razón al recurso de la Fiscalía introduciendo que “se pronunciaron frases que pudieron incitar al odio no solo contra una religión sino a las personas que la profesan, a las que se habría tachado de ‘invasoras’ o calificando de ‘peligro’”. Ante ello, la Audiencia de València recuerda que “no conviene banalizar la regulación de este delito ni parece prudente traer a colación como fundamento del archivo el principio de intervención mínima de derecho penal”. “Hay indicios de delito (…) y debe, por tanto, con la revocación del auto que acordó el archivo de las actuaciones”, procederse a la diligencia, obligando a declarar al líder de España 2000.

Aunque València Acull celebra que se impute a Roberto como investigado, recuerda que la mujer que instó a actuar a la policía contra el acto de España 2000 fue sancionada con 600 euros por parte de Delegación del Gobierno por “perturbación del orden público”. “Tener el valor de recriminar a un grupo de ultraderechistas por estar incitando al odio contra las personas musulmanas es una grave alteración de ‘la paz pública’ que merece ser multada, según la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana”, lamenta València Acull en su comunicado.