Los avances en calidad de vida son innegables. Hace décadas, poder ir a la universidad, tener una sanidad universal gratuita y de calidad o un sistema de bienestar que se hiciera cargo de quien lo necesitara para poder garantizar lo básico, era impensable. De hecho, desde posiciones completamente antagónicas esto no se niega y se reconoce la importancia de un avance social y económico que ha permitido el desarrollo del ser humano en todos sus aspectos a una gran velocidad. Ahora bien, de reconocer el avance y desarrollo multidimensional a decidir no dirigirse hacia la consecución de derechos absoluta que pasa por la abolición del capitalismo no es inexplicable y con ello entran en juego los intereses de unos cuantos, tal y como lleva sucediendo con cada lucha por garantizar los derechos de quienes se ven afectados por los diferentes excesos de las élites a lo largo del tiempo.

El capitalismo, además de habernos traído hasta donde estamos —sin obviar, por supuesto, la gran importancia del socialismo en cuanto a consecución de derechos y progreso tecnológico y social se refiere, entre muchas otras cosas— nos aboca a una explotación que, conjugada con un neoliberalismo que impregna cualquier ámbito de nuestras vidas, va ganando la batalla al presentarse como el único sistema económico capaz de regir el país.

Además, ahora que son muchas las voces que ponen de relieve que la socialdemocracia ha llegado a su punto más alto, culminando con su propósito de desarrollar toda política posible de carácter social en un marco capitalista, queda clara su incapacidad de resolver las desigualdades a las que se somete a la clase trabajadora y, como resultado, gran parte de la población busca una solución a ello en sectores ultraconservadores. Contra el escenario que se presenta, distintas narrativas se alzan con la intención de mantener el statu quo a través de la palabra libertad que no hace otra cosa que crear una falsa ilusión mediante mecanismos discursivos para situar la responsabilidad en uno mismo y no en el capital que nos gobierna.

La libertad para elegir una vivienda en la que caerse muerto después de alternar varios trabajos y escuchar por la televisión que el precio de la luz vuelve a batir un nuevo récord queda lejos de lo que se nos prometió cuando la única posibilidad que tiene la juventud de subsistir en la metrópoli es compartiendo el piso con otros tres extraños que también sufren las consecuencias de la precariedad. Todo ello culmina cuando escuchan a la presidenta de su comunidad autónoma llamar moroso a todo aquel que no se puede permitir la compra de una vivienda y tiene que vivir en una habitación alquilada.

La libertad para elegir entre uno o dos trabajos depende del hambre que te apetezca pasar cada mes con la incertidumbre de encontrar otro cuando la temporalidad aprieta casi tanto como el casero y su mensualidad mientras se dispara el precio por la falta de una regulación. Una libertad que, por supuesto, no tiene en cuenta tu derecho a un trabajo digno, como tampoco lo tiene al acceso a una vivienda o sistema público de calidad capaz de garantizar tus derechos más básicos. Una libertad que se resume en poder elegir quién te explota mientras se te repite, una y otra vez, que si no consigues algo es porque no te esfuerzas lo suficiente, aunque las continuas premisas de este estilo provengan del que heredará un trabajo en la empresa del padre y jamás ha tenido que mirar la cuenta bancaria para administrar el resto del dinero que quedaba después de tener que destinar la mayor parte a la vivienda.