Hace un mes se produjo una explosión en Beirut que parece haber pasado como anécdota entre las poblaciones de nuestros mundos más próximos. Alguna referencia al hecho; alguna referencia velada y accidental sobre la dimisión en bloque del gobierno libanés el pasado 10 de agosto; pero poca incidencia en medios o en política exterior como en otras situaciones, conflictos, o desastres.

Por ir del presente hacia atrás: El gobierno no dimite en sí por la explosión (supuestamente nitrato de amonio confiscados a una embarcación en 2014, almacenados en el puerto de Beirut, y que llevaría estos seis años sin revisar protocolos de seguridad y funcionalidad); sino que lo hace como consecuencia de una presión social constante por la deriva del país. Por sus indicadores socioeconómicos, por las altas cotas de corrupción… La explosión solo resulta una gota insufrible que hace colmar el vaso, y que desde luego por su magnitud descentra todas las protestas anteriores.

Hablamos de una dimisión en bloque de un gobierno que llevaba operando desde enero de 2020. Ocho meses de actividad frustrada.

Por lo tanto, tenemos un escenario tremendamente inestable, que combina la grave crisis socioeconómica del país, agravada por sucesivos casos de corrupción -cuestión esta que no nos debe resultar desconocida estando en el Reino de España-; la crisis de la COVID-19; y esta explosión que recrudece la situación. Hemos de tener en cuenta que se remitieron hasta cuatro cartas, proponiendo incluso posibles usos de la sustancia confiscada, para evitar su permanencia en el puerto. Ninguna de esas cartas tuvo contestación.

En todo caso, existe desbordamiento en el territorio, la ayuda llega a cuentagotas y de manera discontinua, irregular. Y como en todo desastre de estas características donde hay que levantar de nuevo todo, se da, desde la desgracia, la oportunidad de reorientar las formas, los contenidos, las estrategias y el camino del territorio que sea: en este caso Beirut, y en extensión, Líbano.

Así se dan, por tanto, dos grandes puntos:

-El que tiene que ver con la urgencia, derivado de la situación ocasionada por la COVID-19, pero también la retroalimentada por el decrecimiento económico del país y la explosión del pasado 4 de agosto.

-El que tiene ver con la proyección de futuro a medio-largo plazo, que deviene a su vez en la reconstrucción de las zonas dañadas, y en la reactivación socioeconómica del país.

Por otra parte, ha de darse definitivamente un diálogo serio internacional que estabilice la zona. Comenzando por la ausencia permanente de presiones de terceros países al territorio. Y en exigencia aquellas entidades y organizaciones que nos afectan. Cualquier escenario geoestratégico en el cual nuestro estado (España) esté involucrado. Acciones exteriores directas de España, o a través de otras organizaciones internacionales a las que pertenecemos: UE, OTAN, etc. No podemos seguir desestabilizando zonas y después llevarnos las manos a la cabeza cuando observamos desastres humanitarios que son consecuencia última de nuestras acciones políticas. Se ha visto claro con la guerra de Siria, donde el número de refugiados y refugiadas es altísimo y la capacidad de gestión de las migraciones forzosas resulta más que complicada. Cuestión que además retroalimenta el discurso xenófobo y racista de algunas formaciones políticas completamente antidemocráticas. Discursos que no hablan del jeque afincado en la Costa del Sol; o del mafioso ricachón de la Costa Brava. Ni tampoco del turista alemán o británico que inunda de desconcierto les Illes Balears. Tampoco del empresario de donde fuere que deslocaliza nuestras empresas o que compra suelo, deuda o lo que fuere. Más que xenofobia o racismo es aporofobia constante.

Es por ello que nuestras acciones han de estar encaminadas dentro de la Cooperación Internacional a:

• Eliminar la injerencia geopolítica internacional que provoca la desestabilización de la zona que fuere.
• En todo caso servir de facilitadores para procesos de dinamización comunitaria que mejore la calidad democrática de las zonas, sin interferencias o paternalismos. Pensemos que nuestras propias “democracias” poseen déficits en este aspecto exagerados que nos colocan en algunos casos bastante lejos de los parámetros que nosotrs mismos trabajamos. Esas acciones han de estar enmarcadas en los contextos y desde los contextos culturales en los que se ejecuten, intentando evitar conflictos derivados de la suspicacia cultural o la identificación de nuestra cooperación como una suerte de “colonialismo ético-moral”. Apertura de espacios de debate entre comunidades que permitan construir horizontes desde el territorio y para el territorio. Atendiendo siempre a las dinámicas que enmarcan las formas de esos mismos territorios.
• Coadyuvar en el abastecimiento de urgencia, que por regla general se centra en: Alimentación, instalaciones transitorias de suministro (agua fundamentalmente) e higiene, productos sanitarios, ropa, alfabetización y educación/formación…
• Coadyuvar en la instalación y disposición de infraestructuras que faciliten el desarrollo propio del territorio sin mediación foránea, asegurando la soberanía de los países en cuestión.