¿Reaparecerá también la insumisión?

Les ha costado a los poderes, tanto los formales como los fácticos y tenebrosos, hacer la digestión de la lucha social contra la conscripción que culminó con la insumisión y la desaparición de la mili, esa escuela de adoctrinamiento social y de degradación moral, pero al final, parece que ya la han hecho y quieren volver por las andadas.

No es la primera vez que la sombra de la vuelta de la conscripción, civil y militar, reaparece en la agenda de la élite política. Un repaso a la hemeroteca nos deja un paisaje de políticos, tanto del PP y del PSOE como de otras fuerzas parlamentarias (incluidos los partidos de izquierda de inspiración militarista) y de capitostes militares que suspiran por la reaparición de la mili y la reintroducción de otras modalidades de disciplinamiento social patriótico.

Hasta ahora no se han atrevido a pasar de las nostalgias y los deseos, pero parece que ahora la cosa va más allá y animados por la excusa de la pandemia (que más bien parece una pandemia social que sanitaria) quieren reimplantar los servicios forzosos por razones de seguridad.

1) Refuerzo del militarismo.

Veníamos diciendo desde hace ya mucho tiempo que sufríamos un creciente y descarado proceso de re-militarización social y de expansión del militarismo a todas las esferas y ámbitos de la sociedad: un soterrado y obsceno aumento del gasto militar; un incremento de la participación militar española en operaciones militares en el exterior, un afianzamiento de la participación española tanto en la OTAN y como en el militarismo de EEUU por medio de las bases militares, la expansión de la industria militar made in Spain y su séptimo puesto entre los señores de la guerra, el creciente proceso de securitización y la expansión de las soluciones y medios militares a casi todos los problemas sociales, la reintroducción de los valores militaristas en la sociedad, la implicación de todos los ministerios en el sostenimiento del gasto militar, la agresiva propaganda militar y el obsceno seguidismo acrítico de los comunicadores sociales y un largo etcétera que describo en el libro autoeditado y de acceso libre «Manual para entender el militarismo» lo avalan.

Pero la pandemia ha sido un campo de maniobras experimentales bastante propicio para la puesta de largo del protagonismo militarista en la conducción de una «crisis» leída desde el poder como una guerra y en términos de defensa nacional.
Ha dado lugar a la exhibición grosera de los uniformados como sujetos de esa defensa contra el virus, metiéndonos militares desde las ruedas de prensa a la vacunación de futbolistas, pasando por el rescate de los ancianos aislados en las infectadas residencias de mayores, a la desinfección de los bancos de la calle, el aseguramiento del abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad y el patrullaje de la vía pública, como si algo de eso fuera necesario para la protección de la sociedad y la lucha por la salud.

Pero no sólo se trata del despliegue y la exhibición de la soldadesca, siempre tan proclive a desfilar, en el espacio público, como para que nos acostumbremos a verlos en acción. También la expansión militarista ha concernido a:

• Los dineros (aumento de partidas para Defensa, para dotarse de instrumental y medios a disposición del ejército con la excusa de la pandemia; incrementos de gasto que salpican a los fondos europeos de recuperación a través del mecanismo de recuperación y resiliencia; aumentos soterrados del gasto militar extraordinario, etc.),
• La propagación de la propaganda militar,
• Los experimentos de control social insinuados en la antigua normalidad y puestos en práctica de manera más decidida durante este tiempo pandémico y
• Los apoyos colaboracionistas con la justificación de esta expansión de la idea de seguridad militar por parte de comunicadores, universidades y otros aliados
• En la difusión de un mensaje ideológico que justifica la securitización y la expansión de la ideología militarista para abordar cualquier problema social.

2) Anteproyecto de ley de reforma de la ley de seguridad nacional.

Ahora van más allá y van a reimplantar la conscripción, el gran ideal de espiritualización y aceptación servil de la sociedad cuartelaria y miedosa que están construyendo.

El gobierno trabaja en un anteproyecto de ley, nos informa el periodista Angel González, de El País (por cierto, un destacado informador militar y una de las principales fuentes próximas a la información del Ministerio de Defensa) para facultar al gobierno a imponer prestaciones personales obligatorias a todos los españoles a tenor del artículo 30 de la Constitución; prestaciones justificadas ante estados de crisis, que se establecerán siguiendo las directrices del «Consejo de Seguridad Nacional» (CNA).

¿Les suena?¿Aunque sea de oídas? Es probable que no mucho. Ha pasado el tiempo y la lucha insumisa empieza a formar parte de un pasado nebuloso y dormido.
Puede que necesitemos una mínima traducción de la información suministrada por Angel González y sus fuentes.

• El Artículo 30 de la constitución

Empecemos por el artículo 30 de la Constitución.

El artículo 30 de la Constitución impone un deber jurídico «Los españoles tienen el deber de defender a España». Para ello se prevén tres modalidades de implicación. Numeral 1: «La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de extinción del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria». Numeral 2. «Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general» y numeral 3. «Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública»

Para los más curiosos, pueden leer los artículos 1 y 7 del Fuero de los Españoles, la Carta de derechos fundamentales de la legislación fascista del general Franco, para descubrir la inspiración militarista del artículo 30 de la actual constitución: «Los españoles deben servicio fiel a la patria, lealtad al Jefe del Estado y obediencia a las leyes» y «Constituye un título de honor para los españoles el servir a la patria con las armas. Todos los españoles están obligados a prestar este servicio cuando sean llamados con arreglo a la ley».

Luego, un servicio obligatorio en el contexto del artículo 30 de la Constitución es una prestación militar o un recurso al servicio de la defensa de España.

• El consejo de Seguridad Nacional

La segunda precisión necesaria es la que se refiere al Consejo de Seguridad Nacional (CSN). ¿Qué bicho es ese?

Pues bien, el CSN es una comisión delegada del gobierno que asiste al Presidente del Gobierno en la dirección política de la seguridad nacional y que coordina sus líneas de acción política (se supone que la acción práctica corresponde al ejército principalmente y a las restantes fuerzas y recursos que se ponen al servicio de la idea de defensa, provengan de donde provengan).

Lo integra el Rey (como presidente de honor), el Presidente de Gobierno (como presidente ordinario), los vicepresidentes del gobierno, los ministerios de Asuntos Exteriores, justicia, Defensa, Interior, Hacienda, Fomento, Industria, Comercio y Turismo, de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, de Economía y Empresa, de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como, en la parte más operativa, el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Secretario de Estado de Seguridad, el Secretario de Estado-Director del Centro Nacional de Inteligencia y el Director del Departamento de Seguridad Nacional.

Para que no quepa duda de su enfoque militar, la Ley de Seguridad Nacional, que es la que lo crea, define la seguridad nacional como (Art. 3) «. . . la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos».

Las funciones de dicho CSN son, muy resumidamente, las de realizar la planificación y coordinación de la política de Seguridad Nacional, dirigir la gestión de crisis y el sistema de seguridad nacional, organizar los recursos de la seguridad nacional y promover la normativa necesaria para todo ello.

Es decir, se trata de un órgano político de inspiración claramente militar, y basado en la idea de defensa y seguridad nacional, otro eufemismo militar.

• Facultades de imposición de esta conscripción.

Nada dice la información proporcionada sobre el anteproyecto de la pequeña problemática que puede tener reimplantar esta prestación de sangre, sudor y lágrimas por mor del puñetero artículo 16 de la Constitución, que establece la libertad ideológica, entendida como la adecuación del comportamiento social a los imperativos de conciencia propios de la propia ideología, como límite a las imposiciones legales y que es un límite reconocido incluso para las obligaciones militares y que goza con la garantía del recurso de amparo ante el Tribual Constitucional, o con la prohibición de trabajos forzosos que imponen diversos tratados internacionales (art. 5 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y que permiten ciertas prestaciones en casos de peligro o calamidad que amenace la vida de la comunidad.

Pero lo que parece que sí dice, en consonancia con la práctica muy habitual en materia de Defensa, es que quien puede imponer estos trabajos es el Presidente de Gobierno por Real Decreto, una vez oído el CSN, y luego informar de ello al parlamento, que puede revalidar o no el decreto pasados los meses desde la imposición de dicha obligación forzosa.

Curiosamente el Presidente de Gobierno goza de una amplia prerrogativa para dictar las Directivas de Defensa Nacional (previo paso por la CSN) que define la política de defensa de cAda legislatura, y que aprueba e presidente, sin que pinte nada el Parlamento, y luego «informa» al Parlamento, en este caso sin que tenga capacidad de enmienda, facultad y prerrogativa que no tiene el gobierno en ninguna otra esfera del derecho fuera de lo militar que sepamos.

Al respecto sacamos varias conclusiones:

1. La primera tiene que ver con el intento de zafarse de la tediosa obligación de decretar los estados de alarma para imponer obligaciones y restricciones a la ciudadanía, pues han visto que con arreglo a la Constitución, para obligar a realizar prestaciones forzosas y restringir derechos, se impone la tediosa necesidad de abrir un amplio debate público y acudir al parlamento a que lo revalide o esperar a que los jueces controlen la proporcionalidad de las medidas y, como ha ocurrido más de una vez en la pandemia, las declaren nulas y las supriman. Con el nuevo mecanismo, el gobierno puede imponer prestaciones personales sin necesidad de declarar el Estado de alarma porque el estado de crisis (un invento de la ley de seguridad nacional para rebajar las exigencias legales y que nada tiene que ver con los estados regulados en el art 116 de la Constitución para imponer obligaciones y prestaciones forzadas a la sociedad ante cualquier cosa que les parezca una amenaza) es cualquier cosa menos «grave» que el estado de alarma que le parezca bien al CSN.
2. La segunda, que, de nuevo, la legislación militar y la influencia militarista en la legislación cada vez exige más espacio propio y se expande a todas las esferas. Frente a la idea de imponer la inscripción para responder a cualquier situación de crisis, o frente a la idea hermana de ésta, de imponernos la solución militar ante cualquier riesgo o situación, cabe pensar de forma diferente:
   Por ejemplo, dotando de medios y organizando la sociedad de tal modo que ésta tenga mecanismos de respuesta suficientemente especializados y dotados, como, por ejemplo, unos buenos servicios de salud, un buen aparato de investigación enfocado a la salud humana, buenos servicios contra catástrofes, etcétera, en vez de tener que improvisar, cada vez que ocurra algo, e imponer la solución manu militari para aparentar que se hace algo.

O facilitando el protagonismo de la sociedad para resolver comunitariamente y desde la horizontalidad y la autogestión sus respuestas a sus problemas, cuestión que ha sido especialmente relevante mediante la organización desde abajo y sin tutelas de los cuidados ante la ineficacia de las instituciones para dar respuestas a problemas y desafíos sociales que ha traído la pandemia y su repercusión en la gente de a pié y más vulnerable.

3) Imposición militarista.

Visto en conjunto, el Anteproyecto pretende una reintroducción del mecanismo de conscripción con su enfoque privilegiadamente militarista: es pensado desde la idea de seguridad nacional de sesgo militarista, impuesta como un complemento o un recurso de ésta y decidida y ejecutada desde un órgano clave de la concepción de la defensa de índole militar.

Pero no sólo eso.

Es que tampoco tiene una principal función de mejorar la respuesta pública ante situaciones de crisis, porque lo natural, conforme a las propias causas de cada crisis, es que se responda a ellas con profesionales y medios especializados y suficientemente dotados para ello.

De nada han valido desde el punto de vista de la pura racionalidad del problema (otra cosa es para el cálculo político y el blanqueo de nuestro militarismo), las exhibiciones militares en la pandemia y habría sido más sensato tener sistemas de salud más reforzados y mejor dotados o investigación científica o tecnológica capaz de producir respiradores cuando no había o más camas de hospital y más personal sanitario cuando se saturó el sistema por su tradicional maltrato institucional.
El principal servicio de la conscripción en la «nueva normalidad» es el de inculcar a la gente la idea militarista de la defensa y la idea del sacrificio abnegado por la nación, precisamente en nudo gordiano de la sumisión acrítica y la aspiración por la que vienen rogando los partidarios del enfoque militar de la seguridad.

Rebusco entre mis papeles y encuentro bastante vigentes los fancines de los años 80 explicando la escuela de valores que era en sí la conscripción. ¿Habrá que reeditarlos?

No quieren nuestro trabajo, nuestra aportación creativa, que no lo necesitan, sino nuestra adhesión, que claman por ella, y que se normalice la idea, como si fuera algo que se cae de su propia lógica, de que nos pueden movilizar cuando les venga en gana y por todo aquello que consideren una situación de crisis.

Y si no, ¿por qué no piden con igual fuerza vinculante nuestra opinión sobre cómo hay que conducir estas crisis, o sobre qué hay que defender, ya que nos llaman a ello?. ¿por nosotr@s pero sin nosotr@s?

Nos quieren sujetos, en términos de sujetados, no de protagonistas ni de actores con capacidad de decisión. Tan sujetos como con los impuestos, donde nos piden dinero para el ejército y sus cuitas, pero no nos dejan opinar, sino solo pagar. O como con los votos . . .

4) Seguridad humana y no seguridad militar.

El enfoque por el que llegan a la conclusión de que ahora sí estamos dispuestos a tragar esta nueva píldora del militarismo es, en mi opinión, algo simplista, porque no tiene en cuenta que la dormida experiencia de la insumisión no es una factura ya pagada ni una batallita del abuelo y puede reaparecer en cuanto reimplanten la conscripción.

De hecho, la lucha contra la conscripción tiene una amplia historia y prehistoria en este apéndice del imperio y no se ha saldado, en mi opinión, de forma tan favorable para el poder y el militarismo.

Puede que el rechazo a la conscripción en la nueva normalidad no lo sea por motivos antimilitaristas, o no sólo, pero la memoria de la desobediencia insumisa en el estado español, además de ser un caso paradigmático de éxito político desde abajo en un estado liberal sin acudir ni al mito de la lucha armada ni a la monserga de que los logros sólo se pueden obtener por medio de la correa de transmisión de los partidos y de la democracia representativa, ya ha reaparecido más veces en el imaginario social y su arsenal de prácticas y metodologías (compartidas con otras luchas sociales) ha alimentado otros momentos de movilización social, 15M incluido, mientras duró, y no parece que forme parte del olvido.

Si reimplantan algún modelo de conscripción, aunque sea suave, yo preveo que abren la puerta a un nuevo ciclo de movilización y lucha social de resultado incierto.
En todo caso, si nos quieren usar de fuerza bruta para las sucesivas crisis que sobrevendrán, deberían al menos reconocernos la mayoría de edad para decidir cosas básicas y hasta ahora hurtadas a la sociedad, como, por ejemplo, si la propia idead e defensa y su concepción militar nos parece admisible; o qué queremos defender, con qué medios y metodologías, con qué tipo de organización y toma de decisiones, etcétera.

Abrir la puerta de la conscripción es, a su vez, abrirnos una nueva ventana de lucha y debate, por donde volver a traer a la palestra la idea de seguridad humana en oposición a la idea de defensa militar, y la idea de alternativas a la defensa militar, con todo el arsenal de experiencia y de contenidos que tanto el antimilitarismo, como el feminismo, el ecologismo y tantas otras luchas sociales ha venido acumulando en todo este tiempo.

Hay debates que podemos ir haciendo. Para muestra, el cuadro que extraigo del libro de Utopía Contagiosa «Política noviolenta y lucha Social» editado por Libros en Acción: