La semana anterior se llevó a cabo, en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, un encuentro de personalidades para exponer sobre el tema del LAWFARE (utilización del sistema judicial para persecución política). Este tema cobro mucha vigencia en los últimos años a raíz de la persecución jurídica emprendida contra líderes progresistas, especialmente en nuestro continente. En este encuentro, participó José Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras, derrocado por el Golpe de Estado Militar del 28 de junio de 2009.

El evento pudo pasar desapercibido, pero la extrema derecha española, enquistada en la santa inquisición, satanizo el evento, motivada por la presencia de Carles Puidgemont, político catalán, exiliado en Bélgica. Las posiciones de Manuel Zelaya, tanto en su breve ponencia, como en entrevistas posteriores, aportan mucha claridad a la discusión sobre el asunto de la persecución judicial, utilizada por la derecha como arma para desmontar el avance del progresismo en el mundo, especialmente en América Latina.

Es imperativo tener una visión clara y totalizadora de este asunto, y eso ha propuesto Zelaya. Primero, porque el Lawfare como arma ha existido siempre, y es utilizado contra los pueblos que buscan su liberación. Es gracias al aparato jurídico del estado burgués, que encarcelan sin merito a campesinos, estudiantes y obreros. De esa estructura represiva se valen las elites para justificar la represión contra quienes exigen tierras, o educación gratuita. Las leyes en nuestros países, están consagradas a la propiedad privada, a la preservación (teórica) del libre mercado, y relegan a un segundo o tercer plano al ser humano.

De ahí, la otra afirmación de Zelaya: “el Lawfare ha existido siempre, y seguirá existiendo mientras exista el sistema capitalista”. Concretamente, los cuerpos jurídicos que regulan nuestras sociedades, son profundamente conservadores (como se supone que sean), y no podemos esperar que jueguen en favor de los intereses populares, por muchos cambios que nos propongamos. Estos son aparatos coercitivos que se complementan con el monopolio de la fuerza en poder de las elites y sus socios transnacionales.

Nada cambiara si no cambia la correlación de fuerzas. Y cambiar eso implica entender que debemos adoptar otro camino en el ámbito económico. Cada día es más claro en el mundo que la derecha pierde una a una sus máscaras. Y es lógico, porque es sumamente complicado convencer a la gente de que aspirar a educación gratuita de calidad, salud gratuita, vivienda y trabajo sea malo para toda la sociedad. Esto hace que la lógica de las elecciones pierda valor, y que se produzcan sacudidas sociales cada vez más frecuentes.

Por supuesto, Zelaya pone el dedo en la llaga cuando afirma que se aplica el Lawfare a expresidentes por “ser bolivarianos, por ser amigos de Cuba y de Fidel…”, esa reivindicación de una soberanía que le es ajena a la derecha, pero que en el imaginario de sus portavoces constituye una afrenta a su poder, y que debe ser castigada sin reservas, con todo el rigor posible. Es claro que el Lawfare no busca justicia, sino asestar duros golpes al progresismo, y a aquellos pueblos que se unen a él. Es fácil anticipar, que el mismo tendría efectos magnificados en Venezuela, Cuba y Nicaragua, de cumplirse la aviesa agenda Trump y los halcones para estos tres países.

Pero el Lawfare tiene también otra cara, la de la impunidad. La corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, son bendecidos por Washington, siempre que los regímenes que los regímenes perpetradores le sean incondicionales. No es de sorprenderse de que todos los que derrocaron a Dilma Roussef estén involucrados en grandes crímenes, ni que encarcelaran a Lula por el termino necesario para sacarlo de la carrera presidencial. Más recientemente, el Golpe de Estado en Bolivia, donde se impone a una desconocida por la fuerza, y se persigue sin cargos al presidente constitucional, bajo la sombra protectora de los Estados Unidos, demuestran que, el “imperio de la ley” se transforma en el “imperio de la violencia” cada vez que así lo decida el sistema.

Zelaya conoce el Lawfare de primera mano. Desde su regreso a Honduras, bajo el Acuerdo de Cartagena, el régimen golpista, dirigido ahora por Juan Orlando Hernández, se ha dedicado a una cacería de brujas, en contra suyo y de cercanos colaboradores su gobierno, que no han podido culminar en la hoguera por falta de indicios racionales de que sus acusaciones tengan algún fundamento. Aun así, el ex presidente hondureño, vive día a día, un linchamiento sistemático en los medios de comunicación, del cual participan, tanto el régimen, como grupos solapados, con fachada de izquierda, bajo el auspicio de ONG, que llegan hasta George Soros.

El ex presidente ha sido condenado únicamente a pagar al Estado de Honduras (de los golpistas) el reintegro de la suma pagada por indemnización a una empleada (luego ministra de Micheletti) que Zelaya despidió durante su administración, por su alineamiento con el FMI, contra los intereses del pueblo hondureño. Por esa razón, está bajo embargo precautorio su residencia. Mientras tanto, el acoso ha sido extendido a varios de sus funcionarios, a quienes se les han investigado hasta la procedencia de artículos personales.

En Honduras, el Lawfare se convirtió en un monstruo de mil cabezas, que produjo, en nombre del imperio de la ley, dos sendos fraudes electorales, y la muerte de decenas de personas por expresar sus desacuerdos políticos en protestas contra el régimen. Nadie es juzgado por esto, aunque si lo es el joven estudiante Rommel Valdemar Herrera que enfrenta una condena de más de 15 años de cárcel, solicitados por los Estados Unidos, por su presunta participación en la quema de llantas en la entrada de la Embajada Americana en Tegucigalpa, el año anterior.

Realmente, el asunto de las leyes imperantes plantea una cuestión de fondo. El aparato estatal burgués, tiene un carácter fundamentalmente represivo, y está dirigido a someter a las mayorías. Es en si un cuerpo de características cuasi religiosas, que no tienen nada que ver ni con los derechos ni con las libertades de las personas. Cualquier teoría liberal al respecto ha sido desbordada por la realidad de las elites como clase reaccionaria, que castiga lo que no le favorece.

Y como los intereses de clase que definen la posición reaccionaria de las clases dominantes latinoamericanas tienen naturaleza esencialmente económica, es necesario entender que, aunque nos sirvan los procesos electorales para alcanzar la dirección gubernamental, es necesario cambiar el sistema, asi como las leyes que lo sustentan; es imperativo rescatar la preeminencia del ser humano como objetivo fundamental de toda la actividad social.

Ha sido muy oportuna la intervención de Zelaya en Bruselas, donde ha dejado planteado un problema que requiere de atención colectiva. Es acaso necesario pensar en que los pueblos de nuestra América, deben buscar un consenso mínimo sobre los cambios estructurales que hoy apremian a todos y a todas.

Para ver participación de Manuel Zelaya, vaya al siguiente link:

https://www.facebook.com/PartidoLibreHn/videos/273911026923285/