En febrero de 2019 publicábamos un artículo en este medio sobre la “envidiable democracia” que se había instalado en Ucrania tras el golpe de Estado del Euromaidan en 2014. En él señalábamos las diferentes formas de represión que se estaban aplicando contra los disidentes políticos bajo el gobierno de Petro Poroshenko, quien ya desde 2006 había estado en el bolsillo de Washington. Esto último lo sabemos gracias a un cable diplomático revelado por WikiLeaks, en el que se llama a Poroshenko “nuestro ucraniano”.

Aparte del ciber-acoso a periodistas y blogueros opositores ejercido por los auto-denominados «porokhoboty» -los que propagan la verdad “oficial”-, estaba y sigue estando la página web que lleva el curioso nombre de “Myrotvorets” (“guardianes de la paz”), consistente en un listado de personas consideradas “enemigas de la patria”, con sus perfiles en redes sociales, domicilios, números de teléfono y datos de parientes. Esta lista negra fue iniciativa de Anton Geraschenko, entonces consejero del Ministerio de Interior, que aprobó el asesinato de parlamentarios acusados de simpatías rusas.

 

 

En abril de 2015, la base de datos de Myrotvorets contenía más de 30.000 registros. Dos de los registrados, un periodista y un ex-diputado, después de recibir reiteradas amenazas de los militantes de extrema derecha, fueron asesinados. La investigación de estos dos casos nunca se cerró, pero no han sido los únicos. Varios periodistas y ciudadanos ucranianos opuestos al gobierno de Poroshenko, incluido el prominente columnista Oles Buzina, fueron asesinados por los escuadrones de la muerte una vez que sus datos se expusieron en Myrotvorets.

 

 

Otros han podido contarlo. Anatoly Sharidy, líder de uno de los 11 partidos que han sido recientemente prohibidos en Ucrania, siempre expresó su oposición al gobierno salido del Euromaidan. Sufrió por este motivo un intento de asesinato por parte de agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y tuvo que exiliarse.

 

 

En mayo de 2016, Myrotvorets publicaba los nombres, teléfonos y direcciones de más de 4.000 periodistas ucranianos y extranjeros de grandes medios occidentales -como BBC, AFP, CNN, Deutsche Welle y New York Times– acreditados en Donetsk, bajo el supuesto de que “colaboraban con terroristas”.

 

 

En aquel entonces, este hecho provocó un escándalo internacional. El jefe de la delegación de la Unión Europea en Ucrania, Jan Tombinski, pidió a las autoridades ucranianas que hicieran borrar dichos datos por contravenir tanto las leyes internacionales como las de Ucrania; petición que cayó en saco roto.

 

 

En julio de 2017, tras una continua presión internacional, la Policía Nacional de Ucrania abrió una investigación sobre las actividades de Myrotvorets. Sin embargo, su web continúa activa y varios organismos gubernamentales siguen tirando de su base de datos.

 

 

Una “democracia ejemplar” la de Ucrania ¿Son las listas negras parte de esos “valores democráticos” que comparte con el resto de Europa, como han dicho los representantes de la UE?

 

 

Organismos poco sospechosos de pro-rusos, como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Observatorio de Derechos Humanos, Aministía Internacional, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y, la francesa OFPRA (Oficina para los Refugiados), acusaron al Servicio de Seguridad (SBU) de torturar sistemáticamente a los oponentes políticos ucranianos con práctica impunidad.

 

 

La mayoría de los casos descritos en estos informes se relacionan con el conflicto del Donbass. Hay, sin embargo, muchos más ejemplos en otros lugares de Ucrania.

 

 

El informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU documentó, entre 2014 y 2021, alegaciones de desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y en régimen de incomunicación, tortura y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas, principalmente agentes del SBU.

 

 

El Observatorio de Derechos humanos, en un informe de 2016, dio a conocer detalles de las detenciones arbitrarias: algunos testigos declararon que, tras ser transferidos a instalaciones del SBU, fueron golpeados, sometidos a descargas eléctricas y amenazados con violación, ejecución y daños a familiares, para hacerles confesar su implicación en actividades separatistas u obtener información.

 

 

Durante el conflicto del Donbass, el lado ucraniano cometió crímenes horripilantes como enterrar a personas vivas, decapitaciones (como informó Newsweek), tortura sistemática, violaciones, saqueos; todo ello a escala mucho mayor que lo reportado sobre crímenes cometidos del lado pro-ruso.

 

 

Curiosamente, incluso el Departamento de Estado de EE.UU hizo comentarios sobre estos aspectos preocupantes de las fuerzas de seguridad ucranianas:

 

 

“La ONU ha señalado importantes deficiencias en las investigaciones sobre abusos de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad gubernamentales (…) en alegaciones de tortura, desapariciones forzadas, detención arbitraria y otros abusos que se ha informado los cometió el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU)”.

 

 

Estos informes están ahí y, sin embargo, en la actualidad, ningún medio corporativo occidental se atreve a hacer referencia a ellos. EE.UU y la UE los ha barrido bajo la alfombra mientras blanquean estos crímenes, la mayor parte de los cuales fueron y son cometidos por las unidades militares ultra-nacionalistas de carácter neo-nazi.

 

 

Pero es que, además, Amnistía Internacional, en un informe más reciente, señalaba:

 

 

“No se ha obtenido ninguna justicia, verdad o reparación para ninguna de las víctimas de desaparición forzosa, detención secreta y tortura del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) desde 2014 a 2016, y ni uno solo de los perpetradores ha sido juzgado”.

 

 

Ahora ciertos medios corporativos nos dicen una y otra vez que esto es “desinformación rusa”, “propaganda rusa”, o que ya no es relevante.

 

 

Valentyn Nalyvaichenko, primer jefe del SBU tras el Euromaidan, había establecido en el pasado estrechos lazos con Washington. Allí, bajo la administración de George W. Bush, ejerció como cónsul general de la embajada de Ucrania en EE.UU. Durante esa estancia, Nalyvaichenko fue presuntamente reclutado por la CIA, según declaraciones de su predecesor en el cargo, Alexander Yakimenko.

 

 

En 2018, un ex-consejero del SBU, ex-diputado de la Rada y miembro del partido nacionalista de extrema derecha Svoboda, Yuri Michalchyshyn, propugnaba:

 

 

“Total exterminio de los buitres y demonios del Kremlin, de los traidores locales y chaqueteros, de quienes voluntariamente los apoyan y de sus cómplices -en lugar de ‘reconciliación’ con traidores de la madre patria y enemigos del pueblo ucraniano”.

 

 

En un país que incluso el New York Times describió como una “ciénaga de corrupción”, convertido en el más pobre de Europa, con un desempleo e inflación galopantes, devaluación de la moneda, eliminación de los programas sociales, deterioro de la sanidad y otro tipo de privaciones que empujaron a millones de trabajadores emigrar, llegó en 2019 la convocatoria de nuevas elecciones generales, de las que un popular cómico, Vlodymyr Zelensky salía victorioso.

 

 

La campaña presidencial de Zelensky fue promovida y financiada por el oligarca judío Igor Kolomoisky. La fortuna de este ucraniano-israelí, que también tiene pasaporte chipriota, está entre las tres primeras de Ucrania. Kolomoisky fue, además, uno de los principales impulsores del Euromaidan de 2014.

 

Desde que en ese mismo año se iniciara el conflicto del Donbass, se cree que Kolomoisky gastó en torno a 10 millones de dólares en la creación del Batallón Dnipro -también conocido como el “Batallón Kolomoisky”- e hizo sustanciosas donaciones a los neo-nazis Sector Derecho y Batallón Azov.

 

El poder económico de Kolomoisky deriva en parte de haberse hecho con las mayores reservas de gas natural de Ucrania. Un estudio de 2012 realizado por el Centro de Acción Anti-Corrupción -ONG financiada por el multimillonario George Soros y el Departamento de Estado de EE.UU-, halló que el verdadero propietario de Burisma Holdings, la compañía de gas ucraniana en cuyo consejo de administración Joe Biden puso a su hijo Hunter, no era otro que Kolomoisky.

 

En 2019, Kolomoisky apostó, en efecto, por el candidato Volodymyr Zelensky para las elecciones presidenciales. Ya previamente lo había hecho famoso por un show televisivo, de un canal propiedad de Kolomoisky, en el que representaba el papel de presidente. Después lo fue de verdad. Visto en retrospectiva, se trata de una obra maestra de ingeniería social.

 

Zelensky, que también tenía su propia productora televisiva, fue elegido con un programa electoral cuyos principales puntos eran la lucha contra la corrupción y el cese de las hostilidades con Rusia. Estaba dispuesto a poner en práctica la llama Fórmula Steinmeier, concebida por el entonces Ministro de Exteriores alemán, Walter Steinmeier, que abogaba por celebrar elecciones en las regiones ruso-parlantes de Donetsk y Lugansk (Donbass) y acabar vía diplomacia con el conflicto.

 

Puede parecer extraño que Kolomoisky apoyara a un candidato con tal programa, pues se sabe que se oponía firmemente a la pacificación del Donbass. Sin embargo, las generosas donaciones que hizo a su campaña no eran gratis. Es muy posible que tras la oposición de los batallones neo-nazis a la pacificación del Donbass, con la que se topó Zelensky y ante la que cedió finalmente -como informamos en este medio-, estuviese la mano de Kolomoisky.

 

A pesar de su alegada cruzada anti-corrupción, Zelensky junto a miembros de su círculo íntimo, especialmente los socios de su propio canal de TV, y Kolomoisky aparecen en los Papeles de Pandora como beneficiarios de una red de firmas en paraísos fiscales creadas en 2012, el mismo año en que la productora de Zelensky entró en tratos con el grupo mediático del oligarca Kolomoisky.

 

Según el Foro por la Democracia, uno de los principales partidos políticos de los Países Bajos, ‎el presidente Zelenski dispone actualmente de una fortuna personal que ‎se eleva a 850 millones de dólares. ‎Tiene fondos en varios bancos europeos y de Costa Rica, una villa en Miami y varios pisos en Londres.

 

 

En 2021, Zelensky nombraba a Oleksander Poklad para dirigir la división de contra-inteligencia del SBU. A Poklad lo apodan “El Estrangulador” por su reputación como torturador y los juegos sucios que emplea para acusar de traición a los rivales políticos de su jefe.

 

 

Tras la intervención militar de Rusia en Ucrania, en abril de 2022, se pudo comprobar la brutalidad del SBU en un vídeo que muestra a sus agentes golpeando brutalmente a un grupo de civiles acusados de simpatías rusas en la ciudad de Dnipro.

 

En el mismo mes, un canal de Telegram pro-ucraniano llamado fckrussia2022 publicó unas fotos en las que se ve a un joven soldado ruso con un ojo vendado, que le habían sacado durante la tortura, al que llamaban “cerdo tuerto”. Después lo mataron y la foto de su cadáver la titularon «Buscando nazis«. Recordemos que la ejecución de prisioneros está contemplada en el la Convención de Ginebra como crimen de guerra.

 

 

Otro notorio criminal de guerra es el comandante de la Legión Georgiana, Mamula Mamulashvili, que participó en una serie de ejecuciones de soldados rusos heridos jactándose de ello: “Sí, les atamos las manos y los pies a veces. Ni uno solo será hecho prisionero”.

 

A pesar de que hay informes que lo vinculan a la masacre de 49 manifestantes en la plaza del Maidan de Kiev en 2014, Mamulashvili hizo varios viajes a EE.UU, donde miembros del Congreso, y el Departamento de Policía de Nueva York le dieron una calurosa acogida.

 

Zelensky ha descrito los asesinados del Maidan como “el caso más complicado de nuestro país”, señalando que la escena del crimen fue manipulada y los documentos han desaparecido misteriosamente; mientras que para el Atlantic Council –think tank financiado por la OTAN– son un asunto “irresuelto” y según la ONU “se ha esquivado la justicia”.

 

 

Hoy algunos investigadores apuntan a Mamulshvili y sus legionarios georgianos como principales sospechosos 

en las misteriosas muertes. Ivan Katchanovski, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Ottawa, es uno de los que creen que fueron probablemente los aliados de Mamulashvili quienes dispararon contra los manifestantes desde los edificios de la plaza Maidan, provocando el derramamiento de sangre que los medios occidentales achacaron al presidente Viktor Yanukovich.

 

 

Como el periodista Alexander Rubinstein informó recientemente, hay fotos publicadas por Mamulashvili en su página de Facebook en las que se le ve dentro del Capitolio rozándose el codo con algunas primeras figuras del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso. Otras fotos le muestran en su visita a las oficinas del Senado, incluida la de la senadora Dianne Feinstein, ex-presidenta del Comité de Inteligencia, y la de Kristen Gilibrand, miembro actual de dicho Comité y de los Servicios Armados del Senado.

 

Entre viaje y viaje a EE.UU, Mamulashvili construyó tres bases de entrenamiento en Ucrania y reclutó a cientos de combatientes. En algunas fotos que puso en su Facebook se ve a sus subordinados entrenando a niños para combatir a Rusia. La práctica de usar niños para la guerra también la cultiva el Batallón Azov.

 

 

En marzo pasado, el periodista Alex Rubinstein entrevistó a Henry Hoeft, veterano de guerra estadounidense, que acudió al llamamiento de Zelensky para integrar las fuerzas armadas contra Rusia, se alistó como voluntario en la Legión Georgiana. Hoeft dijo que miembros de esta legión le amenazaron con matarlo cuando se negó a ir al frente sin armas. No es el único caso. Hay testimonios similares de voluntarios de otros países.

 

Henry Hoeft también recordaba cómo unos legionarios georgianos cubrieron con bolsas las cabezas de dos hombres que se saltaron un puesto de control y los ejecutaron allí mismo acusándolos de ser espías de Rusia.

 

Otra fuente poco sospechosa de estar a sueldo del Kremlin, el coronel estadounidense Richard Black, republicano, que sirvió 31 años en los Marines, en una reciente entrevista reconoce abiertamente que la guerra entre Ucrania y Rusia, incluso la mediática, es, en realidad, una guerra entre EE.UU y Rusia:

 

“No creo que Ucrania tenga nada que ver en la decisión sobre la guerra o la paz. Creo que esta decisión la toma Washington D.C. Mientras queramos que la guerra continúe, [los EE.UU] haremos esa guerra usando a los ucranianos como proxis [intermediarios] y lo haremos hasta que haya muerto el último ucraniano”

 

Y respecto a los crímenes de guerra:

 

“No digo que no haya habido crímenes de guerra en ambos lados. Solo te digo que los únicos sobre los cuales yo he visto claras e irrefutables pruebas de crímenes de guerra han estado en el lado ucraniano”.