La vida en Madrid es “difícil”. Lo reconoció la candidata del Partido Popular a las elecciones a la presidencia de la región el próximo 4 mayo, Isabel Díaz Ayuso. “Es una forma de entender la vida: de pelear, de luchar, de madrugar, de sufrir, de pagar muchos impuestos todavía, muchos, se pagan muchos. Hay que pagarlos, pero son muchos”, aseguró durante un mitin.

La realidad es que la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular desde 1995, es una de las regiones “con una fiscalidad más regresiva, resultado de un diseño tributario y de numerosas bonificaciones fiscales en favor de las personas más ricas”. Así lo denuncia el informe Retos ante la crisis y propuestas para una recuperación inclusiva, elaborado por diferentes organizaciones, como la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid, Red de ONGD para el desarrollo de Madrid y Oxfam Intermón.

Hay un dato especialmente revelador. Madrid tiene unas bases tributarias de las más altas del país, algo que es normal teniendo en cuenta que se trata del territorio con la mayor renta bruta per cápita y con niveles de consumo superiores a la media. A pesar de ello, “se sitúa a la cola en cuanto a ingresos públicos por habitante: 2.515 euros, frente a un promedio de las CC. AA. de régimen común de 2.989 euros”, se explica en el estudio.

Sus beneficios fiscales a las rentas más altas afectan a impuestos como el de Patrimonio. De acuerdo con los datos referentes a 2017, la comunidad dejó de ingresar por esta bonificación casi 1.000 millones de euros. De ella solo se aprovecharon 16.861; un 0,26 % de la población madrileña dejó de pagar casi 60.000 euros de media. “Si echamos la vista atrás, entre 2011 y 2018 los millonarios residentes en Madrid se han ahorrado casi 6.000 millones de euros al no pagar nada por este impuesto”, aseguran desde las diferentes organizaciones que firman el estudio.

Las deducciones aplicables al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por su parte, hicieron que la comunidad solo recaudase 426 millones de euros en 2017. Según se explica en el informe, “de no existir estos beneficios, alcanzaría los 3.089 millones. De este modo, la región madrileña deja de ingresar 2.663 millones de euros, lo que supondrían unos 409 euros adicionales de gasto público por cada habitante madrileño”.

Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, más conocido por las siglas IRPF, Madrid es quien tiene los tipos impositivos más bajos de España por las modificaciones que existen en los diferentes tramos. Esto supone que la región sea la que más ha perdido en cuanto a recaudación, tanto en términos absolutos como per cápita. “Si esta comunidad hubiese mantenido la tarifa estatal y no hubiese modificado su mínimo personal y familiar ni introducido deducciones, habría aumentado su recaudación en 504 millones de euros”, explican las ONG, que, además, denuncian que estas bonificaciones no afectan de igual manera a todos y todas las contribuyentes: “Son los que más ingresan los que se benefician en mayor medida”.

Inversiones mínimas en sanidad, educación y servicios sociales

Esta pérdida de recursos como consecuencia de las bonificaciones fiscales a las rentas más altas tiene una traducción en términos de inversión en servicios públicos. Por ello, la Comunidad de Madrid tiene el menor gasto sanitario de todo el país, con una media de 1.210 euros por habitante en 2020. Asimismo, es la región “que menos porcentaje de su presupuesto sanitario dedica a atención primaria”, con un 11,5% del total, según datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2018.

En cuanto a educación, Madrid tampoco mejora. Otra vez vuelve a situarse a la cola en términos de inversión educativa con 729 euros per cápita en educación durante el año 2020. De acuerdo con los datos proporcionados por el mencionado trabajo, antes de la crisis de 2008, Madrid invertía 1 de cada 4 euros del presupuesto público en educación, mientras que ahora solo dedica 1 de cada 5. En servicios sociales, la Comunidad de Madrid es la cuarta región que menos invierte, con 276 euros por habitante (2020), la mitad respecto a la que más invierte.

La pandemia de la COVID-19 y su crisis asociada no han hecho más que ahondar en los problemas estructurales derivados de la infrafinanciación de los servicios públicos. A pesar de la apuesta por no cerrar determinados negocios y la aplicación de medidas laxas para frenar el virus, Madrid se encuentra entre las provincias que más han sufrido las consecuencias económicas: el Banco de España ha cifrado la caída esperada del Producto Interior Bruto regional en un 10,5%. Además, según se explica en el informe, “tras Canarias, Cataluña y Navarra, Madrid es la comunidad donde el desempleo ha crecido con mayor intensidad”.

Asimismo, en términos sanitarios y de mortalidad, la Comunidad de Madrid es la región con el mayor número de casos de COVID-19 confirmados por número de habitantes, con una tasa acumulada de 8.897 casos por cada 100.000 habitantes, a lo que se suma la alta mortalidad durante estos meses: “A nivel sanitario, no todos se han visto expuestos al virus de la misma manera. Las desigualdades sociales están directamente relacionadas con las desigualdades en salud, de manera que los barrios y distritos con un menor nivel de renta han mostrado mayores índices de incidencia acumulada”, denuncian las organizaciones en el estudio presentado.

Propuestas para el futuro gobierno regional

El informe de la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid, la Red de ONGD para el desarrollo de Madrid y Oxfam Intermón tiene el objetivo de conseguir que el futuro gobierno de la CAM se comprometa a tomar determinadas medidas que vayan encaminadas a reducir la desigualdad y la pobreza. Por ello pide “aumentar la inversión en gasto social para una mejor educación, sanidad y protección social, y otros servicios sociales básicos” y “gestionar de forma eficiente, eficaz y transparente los fondos europeos de recuperación” para orientarlos hacia el “crecimiento inclusivo”.

Para ello creen que es necesario examinar la política fiscal y de gasto social y “avanzar hacia un sistema fiscal autonómico con mayor capacidad para generar recursos de manera más progresiva”. Ante ello, piden la revisión de los impuestos mencionados anteriormente y eliminar aquellos determinadas bonificaciones y deducciones “que ahora mismo benefician a unos pocos y se traducen en menos recursos para gasto social de una gran mayoría”.

Para terminar, las diferentes organizaciones solicitan el desarrollo de políticas y prácticas concretas contra los paraísos fiscales, los cuales definen como “agujeros negros de la fiscalidad”. Creen que la Comunidad de Madrid podría contribuir a frenarlos impulsando una contratación libre de empresas que operen en este tipo de lugares sin causa justificada o exigiendo a las empresas “que sean fiscalmente responsables para conseguir contratos públicos”.