La trama organizada en la Policía durante el último Gobierno del Partido Popular para atacar a la oposición se sienta por primera vez en el banquillo. El comisario que eligió aquel Ejecutivo para dirigir el Cuerpo, Eugenio Pino, y uno de los mandos que ocuparon la primera línea de la brigada política que éste organizó, Bonifacio Díez Sevillano, serán juzgados a partir del martes por haber intentado impulsar la causa judicial contra los Pujol con información presuntamente robada.

La maniobra fue descubierta y abortada por el propio juez del caso, José de la Mata, quien aisló la documentación contaminada del resto de la instrucción y denunció los hechos al juzgado competente. De este modo quedó abortada la estratagema, un compendio del ‘modus operandi’ en la guerra sucia sin muertos que albergó la cúpula de la Policía Nacional contra el proceso soberanista en Catalunya, primero, y para impedir la llegada de Podemos al Gobierno, después.

Tanto Pino como Díez Sevillano y el resto de primera línea de esa brigada política están imputados en otra causa por su tercera gran misión: abortar la investigación judicial de la caja B del Partido Popular mientras esta formación estaba en el Gobierno. Se trata de una pieza separada del caso Villarejo e indaga en el espionaje a Luis Bárcenas, sufragado con fondos reservados, después de que el extesorero confesara el sistema de financiación irregular instalado en Génova durante al menos veinte años. En el caso Villarejo también está imputado el que fue número dos de Interior Francisco Martínez y varios implicados ya han apuntado al expresidente Rajoy.

El denominado caso del pendrive de los Pujol se convierte en la primera actuación de la brigada política que llega a juicio, con una cuestión determinante: solo la defensa de Jordi Pujol Ferrusola y Podemos ejercen la acusación, particular y popular, respectivamente. La Fiscalía solicita la absolución de Pino y Díez Sevillano. Esta decisión fue adoptada por el Ministerio Público en junio de 2019 cuando estaba al frente de la Fiscalía General del Estado Maria José Segarra, nombrada por el primer Gobierno de Pedro Sánchez. La representación de Jordi Pujol Ferrusola solicita dos años y seis meses de cárcel para cada uno de los acusados por un delito de revelación de secretos. Podemos eleva su petición a más de once años de cárcel por ese mismo delito y por otros dos, falso testimonio y estafa procesal.

Como ya ocurriera en el caso del borrado de los ordenadores de Bárcenas, Segarra permitió mantener el criterio adoptado por el Ministerio Público en la época del Partido Popular. Una de las consecuencias en el juicio por la destrucción de los discos duros fue que las fiscales se alinearon durante toda la vista con los intereses del acusado –era la primera vez que un partido político se sentaba en el banquillo– y protagonizaran momentos como el intento de acorralar a quien intervenía como perjudicado del borrado masivo de las memorias informáticas, Luis Bárcenas. El Partido Popular resultó finalmente absuelto.

El juez de la Mata aborta la maniobra

El 1 de abril de 2016, la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía entregó al juez del caso Pujol un informe en el que daba cuenta del hallazgo de nueva información relevante para la causa con la intención última de que el magistrado autorizara una operación policial con registros. Los policías dijeron al juez que la documentación procedía del registro de la agencia de detectives Método 3 y después defendieron que se trataba de “información de inteligencia” incorporada a bases de datos policiales. El juez De la Mata desconfió de inmediato y abrió una pieza separada donde incluyó la información del pendrive, aislándola del resto de la causa para que no la contaminara.

De la Mata empezó a indagar en el marco de esa pieza separada y pronto empezó a encontrar contradicciones entre los mandos policiales, con memorias informáticas que aparecían de repente en los cajones de la UDEF y falsedades evidentes en sus declaraciones ante el magistrado. El juez acabó purgando la información no sin antes dictar un auto en el que concluía: “Esta irregular búsqueda de atajos por parte de la superior autoridad policial, constitucional y éticamente inadmisibles, convirtió estos documentos y el informe policial que los analiza, en elementos de prueba ilícitos con potencial contaminante”. Además, el magistrado dedujo testimonio contra Pino y Díez Sevillano por falso testimonio, prevaricación y fraude procesal, lo que acabó derivando en la causa que será juzgada a partir del martes.

Todo en el episodio del pendrive de los Pujol condensa el proceder de aquella policía política. Sus maniobras extrajudiciales eran a menudo blanqueadas a través de la unidad que en realidad está destinada a investigar la corrupción, la UDEF, protagonista de exitosas operaciones en el pasado y que a día de hoy aún no se ha recuperado de la utilización partidista a la que fue sometida con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. El jefe de la UDEF ese momento, Manuel Vázquez, declarará como testigo en el juicio.

También prestará testimonio en la vista Marcelino Martín-Blas, imputado en el caso Villarejo por el espionaje a Bárcenas y jefe entonces de la Unidad de Asuntos Internos, la estructura que por su opacidad Pino utilizó para realizar el trabajo sobre el terreno de la Operación Catalunya. Aunque es previsible que el testimonio que provoque mayor expectación sea el que preste desde la cárcel de Estremera José Manuel Villarejo, también integrante de aquella brigada política. A la causa está incorporada una de las grabaciones del comisario en las que él mismo conduce la conversación y dice que dos detectives de Método 3 habían sido aleccionados por Pino para que dijeran que ellos son la fuente de la información de Pujol Ferrusola cuando en realidad procedía del Centro Nacional de Inteligencia.

Eugenio Pino, artífice de la brigada política, se jubiló en el verano de 2016 con la más alta condecoración que se puede recibir en vida. El otro acusado, el inspector jefe Díez Sevillano, fue su jefe de gabinete y en la actualidad desempeña un puesto burocrático en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El Ministerio del Interior cesó a Díez Sevillano en su destino de la Embajada de México, generosamente remunerado (alrededor de 11.000 euros brutos mensuales), al poco de llegar Fernando Grande-Marlaska al departamento, en el verano de 2018. Posteriormente, cuando fue imputado en el caso Villarejo, descartó retirarle del servicio activo con el argumento de que la justicia terminaría revocando ese cese habida cuenta de la jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo.